En los temas centrales de la seguridad y el conflicto, la administración Petro comenzó con las cifras de impacto humanitario en aumento y los indicadores más críticos en los últimos diez años.
El año pasado concluyó con los niveles más altos de desplazamiento forzado y confinamiento (229 y 64 eventos respectivamente, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA), además de la persistencia de los homicidios de líderes sociales (182 asesinatos según la Fundación Ideas para la Paz, FIP) y una tendencia al aumento en los homicidios después de década y media de reducción continuada.
Pero el total de los homicidios disminuyó en 2%, según datos oficiales analizados por la FIP, que comparó los meses de agosto 2022 a julio 2023 (primer año del gobierno Petro) con los de agosto de 2021 a julio 2022 (último año del Gobierno Duque).
Entre los resultados positivos se destaca la disminución de 13% en casos cuyas víctimas eran líderes sociales, pese a mantener unas cifras preocupantes, y el 14% de disminución en los homicidios en municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Las masacres también se redujeron en un 2% y los casos de desplazamiento en un 3% —aunque unas y otros se mantienen en niveles históricamente altos—. También en ese primer año del gobierno Petro disminuyeron los ataques a la infraestructura y bienes civiles en un 45%, y lo mismo ocurrió con los ataques a la Fuerza Pública en un 47%.
El nuevo panorama
A pesar de lo anterior, durante los primeros meses de gobierno los casos de enfrentamientos entre los mismos grupos armados aumentaron en 85%. Mientras tanto, las acciones de la Fuerza Pública y la ofensiva del Estado contra los grupos armados se redujeron en un 47%.
Hoy estamos entonces ante una menor iniciativa del Estado para combatir a los grupos armados y un enfrentamiento más intenso entre esos mismos grupos —que ya entonces no tienen al Estado como enemigo principal—.
Esto deja a las comunidades, a los ciudadanos y a ciertos territorios en medio de disputas armadas y en condiciones de alerta frente al impacto humanitario: durante el primer año del gobierno Petro aumentó 24% el confinamiento, 77% el secuestro y 15% la extorsión (ver video: Aciertos y desaciertos de la Paz total).
La Paz Total
El gobierno Petro dio prioridad a una serie de medidas para abordar los desafíos de seguridad que incluyeron acciones inmediatas como los planes de choque (Puestos de Mando Unificado por la Vida) y nuevas estrategias frente a los grupos armados. Entre ellas se encuentran:
La negociación simultánea con múltiples grupos en el marco de la Paz Total, que muchos califican como audaz
La Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz
La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana
La Paz Total es una idea ambiciosa, grandilocuente para el contexto colombiano, de lograr la paz y el desarme de todos los actores armados a través de dos herramientas de diálogo. Una, es la negociación de paz con grupos de carácter político, y la segunda, el diálogo con grupos de crimen organizado (sin carácter político) en un proceso de sometimiento a la justicia.
Lo que conocemos como Paz Total fusiona las agendas de guerra urbana y rural en torno a ocho mesas de diálogos con trayectorias distintas, con comienzos erráticos y avances parciales:
Con el Ejército de Liberación Nacional – ELN
Con el Estado Mayor Central – EMC
Con la Segunda Marquetalia – SM
Con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC
Con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada – ACSN
Tres capítulos urbanos de diálogo en Medellín, Quibdó y Buenaventura
Las claridades vienen dadas por el proceso con el ELN, la mesa de negociación que presenta más avances: en agosto inició el cese al fuego bilateral de carácter nacional, como fruto de tres ciclos de negociación donde se está elaborando una metodología para la participación de la sociedad civil.
Otra claridad es que el gobierno ha dicho que no reconocerá estatus político al Clan del Golfo y, por tanto, cierra la puerta a la negociación de paz que el grupo quería desarrollar. Roto el diálogo con el Clan del Golfo, quedan la capacidad militar y policial como estrategia de enfrentamiento con esta organización.
Más preguntas que respuestas
Hay incertidumbres importantes que resultan de los mensajes contradictorios sobre la vía que se propone utilizar frente a las disidencias del EMC y la SM.
La confusión fue creada por el Gobierno al cambiar su posición y otorgar estatus político a estas organizaciones, una cuestión jurídica que aún no ha sido resuelta: ¿Puede seguir adelante un proceso de negociación con grupos que incluyen a combatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, se desmovilizaron y después volvieron a tomar las armas contra el Estado?
Los capítulos de paz urbana en Medellín, Buenaventura y Quibdó también presentan incertidumbres que tendrán que despejarse porque las mesas instaladas (caso Medellín y Buenaventura) se encuentran a la deriva o sin unas normas claras sobre la validez de la negociación o el alcance potencial de los acuerdos.
Un balance preocupante
La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana cayó en la sin salida de largas planeaciones, y sus efectos no han sido los esperados. La sensación de seguridad no mejora, tampoco disminuyó la percepción de falta de iniciativa del Estado, y parece haber fracasado la idea de fortalecer el liderazgo civil porque el protagonismo del ministro de Defensa no ha sido el esperado.
El Gobierno mantiene la prioridad de combatir a las organizaciones criminales y ha hecho anuncios de persecución de las rentas sin estrategias claras (fuera de la incautación) y de los delitos cuyas cifras se pueden medir, dejando en un rincón los enfoques territoriales y las acciones contra las libertades ciudadanas propias de la gobernanza criminal.
Siempre ha existido en Colombia la presión para anteponer la acción militar a la negociación de paz, pero parece que el gobierno Petro optó por el otro extremo: inhibir la capacidad de disuasión militar como modo de avanzar en negociaciones de apaciguamiento. Las acciones exclusivamente militares no mejoran las condiciones de seguridad ni se traducen en una mayor legitimidad de las instituciones del Estado, pero abandonar esta opción cuando los grupos armados están lejos de ser desmantelados debilita cualquier proceso de negociación y la fortaleza que el Estado debe mostrar para lograr avances.
De la audacia a la eficacia
Dadas las condiciones descritas y, especial, el aumento de los daños humanitarios por la agudización de disputas territoriales entre actores armados ilegales, el segundo año de gobierno debería ser el paso de la audacia a la eficacia.
Y para ser más eficaz, el gobierno tendría que equilibrar el protagonismo de la Paz Total con la ejecución de una estrategia de seguridad territorial dedicada a reducir los daños humanitarios en zonas como Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Magdalena.
La eficacia que necesitamos comienza por recuperar la ofensiva de la Fuerza Pública y su capacidad estratégica (diezmada por las decisiones del año pasado en cuanto a la conformación de las cúpulas), y por un énfasis en el liderazgo político, estratégico y operativo del Presidente como comandante de las fuerzas militares y de policía -de la mano del ministro como ejecutor de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia-.
La Paz Total también debe ajustarse para instalar en la opinión pública la necesidad de mantener el diálogo como una salida a la violencia, incluso más allá de este Gobierno.
Las fallas en cuanto a planeación, método, secuencia y comunicación han puesto en entredicho el éxito simultáneo de los tableros de negociación. Para corregir estos errores habría que evaluar en un primer momento las capacidades institucionales y las herramientas disponibles frente a la cantidad de tareas que implica una apuesta de tal magnitud.
También habrá que dar prioridad a las apuestas con mayor potencial de éxito, aun cuando eso implique pasar de una idea totalitaria de paz a una visión más aterrizada de paz real, posible y factible.
Finalmente, pasar de la audacia a la eficacia implica reconocer que el objetivo de proteger a las comunidades y reducir las afectaciones humanitarias no se logró en el primer año con el protagonismo de la Paz Total y que por eso urge replantear las prioridades del gobierno.
En el primer plano debe estar una política de seguridad que desactive las disputas armadas, proteja a las comunidades de las acciones de gobierno criminal que los grupos ha profundizado en medio de las negociaciones y recupere la confianza y legitimidad del Estado que la Paz Total ha fracturado.