Varias noticias sobre abuso de autoridad son hoy la sobremesa en el país: las amenazas recibidas y denunciadas por la población de Bocas del Manso en Tierralta (Córdoba), las posteriores destituciones de miembros del Ejército y las imputaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP) por “falsos positivos”. Esta semana, exmilitares reconocieron cómo mataron y desaparecieron a 296 personas inocentes en Casanare.
Desafortunadamente, estos hechos se convierten en la excusa perfecta para que algunos sectores resalten, de manera oportunista, que la Fuerza Pública también ha sido víctima de retenciones, asonadas o interrupciones de su función por parte de la población civil, o que las noticias hablan de algunos militares y policías que se alejan de los principios institucionales.
No se trata de legitimar un escenario de buenos y malos, ni de que haya un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y la población civil, porque esas ideas perpetúan los conflictos y no solucionan los problemas de fondo. Sin embargo, lo que hoy vemos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de pensar en mecanismos que prevengan delitos cometidos por agentes del Estado hacia la población civil, y la necesidad de que el debate no se límite a defender o justificar dichas acciones.
En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revisamos hechos de abuso de autoridad durante los dos últimos años (enero del 2022 – septiembre del 2023), y encontramos que los medios de comunicación reportan un número considerable.
De 264 hechos, el 22 por ciento incluye afectaciones sobre la Fuerza Pública y la población civil. La mayor parte tienen que ver con operativos contra el crimen organizado o erradicación de cultivos ilícitos, donde la población denuncia que se realizan patrullajes sin identificación o “falsos positivos”. En algunos de estos casos, las comuidades han retenido integrantes de la Fuerza Pública.
El 78% restante de los hechos registrados en prensa tiene que ver, únicamente, con afectaciones de la Fuerza Pública sobre la población civil. Más del 50% fueron registradas en Bogotá, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Valle del Cauca.
Estos lamentables sucesos se relacionan con acciones desmedidas de agentes del Estado, incluso con detonaciones de armas de dotación, donde civiles han acabado heridos o muertos. También hay acciones que se dan como respuesta a intervenciones en las que se presentan riñas, retenes o puestos de control, manifestaciones e, incluso, en requisas o capturas.
Es urgente que, en medio de eventos como el de Bocas del Manso, ninguna institución del Estado lance responsabilidades a los demás. La responsabilidad debe ser asumida en todas sus dimensiones institucionales y sociales"
De estos casos, deberían llamar la atención las malas prácticas y los problemas en procedimientos que tienen los agentes del Estado cuando realizan sus actividades operacionales. La falta de rigor, de lineamientos claros y acciones ajustadas a la ley impiden que la discrecionalidad se lleve con ética y con respeto por los derechos humanos de los civiles.
La Fuerza Pública tiene un poder superior al concentrar el uso de la fuerza, por eso desde ningún punto de vista puede ser utilizada en contra de la ciudadanía, justificando o reforzando la idea de que la población civil está cooptada o es aliada de la ilegalidad.
El abuso de la fuerza tiene una consecuencia directa en la percepción de la población. Las últimas encuestas realizadas por la FIP en zonas rurales y urbanas de 35 municipios críticos, reportan que el 1 por ciento de la población encuestada ha sido víctima de abuso de autoridad.
De este porcentaje, alrededor del 70% señaló a la Fuerza Pública como responsable (54% Policía y 16% Ejército). Además, el 36% afirmó que su municipio fue escenario de algún hecho traumático en los últimos cinco años, y que, en el 8% de los casos, policías o militares fueron los responsables.
Se suma a esto que la confianza en la Fuerza Pública no supera el 20% (16% Policía y 19% Ejército), según las encuestas de la FIP. Esta legitimidad institucional no solo se relaciona con la forma en que se atiende o se da trato a la población, sino también con la manera en la que se solucionan los problemas.
Los estudios de la FIP también han demostrado que el abuso de autoridad o la extralimitación de la fuerza no solo tiene efecto sobre la confianza en la Fuerza Pública, sino que se extiende a las demás entidades del Estado.
Esa falta de confianza, además, se conecta con una gran deuda que tiene el Estado colombiano y sus instituciones frente a la prevención, contención y solución de estos casos. Es urgente que los desafíos de la justicia se superen con celeridad. La ciudadanía necesita claridad en las investigaciones sobre los delitos e irregularidades cometidas por la Fuerza Pública, y acciones que limiten el uso excesivo de la fuerza.
Este mensaje es clave en época electoral, pues por parte de candidatos a alcaldías y gobernaciones abundan las propuestas o solicitudes de aumentar el pie de fuerza y la presencia de militares. Sin embargo, estas promesas reducen la seguridad a la presencia de agentes y no tienen en cuenta que eso ataca poco la inseguridad.
Esta legitimidad institucional no solo se relaciona con la forma en que se atiende o se da trato a la población, sino también con la manera en la que se solucionan los problemas"
Está demostrado que esta estrategia no reduce en gran porcentaje los delitos ni la violencia. Además, la falta de control externo de las acciones diseñadas e implementadas por policías y militares puede afectar los derechos humanos, así como deslegitimar al resto de las entidades del Estado.
Lo más grave del abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza son los hechos que, presuntamente, acaban en homicidios cometidos por agentes del Estado colombiano. Vale la pena recordar que según el Monitor de fuerza letal, un análisis que recoge cifras de incidentes en los que participan agentes del Estado, entre 2018 y 2020 hubo 697 civiles muertos por arma de fuego en Colombia, aparentemente por las actuaciones de la Fuerza Pública.
Estamos en mora de que la información oficial con respecto a los civiles asesinados presuntamente por agentes de la Fuerza Pública, incluidas aquellas personas registradas como “dadas de baja o delincuentes”, sea abierta y pública.
Y, como cierre, no hay que olvidar que desde que la JEP fue creada alrededor de 3.600 agentes se han sometido a ella.
Solo por poner dos ejemplos, en el macrocaso 08 (crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado), la JEP investigará más de 15.710 crímenes atribuidos a la Fuerza Pública, 280 a otros agentes de Estado y crímenes asociados con grupos paramilitares o terceros civiles. Frente al macrocaso 03 por “falsos positivos” ya se han imputado a varios mandos militares.
Hay que ser claros: hoy no hay un escenario excepcional o de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. En el pasado este tipo de prácticas han sido frecuentes y se presentaron de manera sistemática, como una política donde miles de ciudadanos perdieron la vida.
Colombia tiene una historia que no puede repetir, y más allá de buscar “culpables”, el Estado colombiano debería plantear soluciones que limiten, de facto, los abusos de autoridad en nombre de la persecución del crimen o de comportamientos contrarios a la convivencia.
Las confrontaciones con la sociedad están legitimadas bajo el pretexto de que los “héroes de la patria” se oponen a ciudadanos que actúan como criminales. Sin embargo, es hora de reconocer a los miembros de la Fuerza Pública como funcionarios que cumplen un deber constitucional y deben garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Es urgente que, en medio de eventos como el de Bocas del Manso, ninguna institución del Estado lance responsabilidades a los demás. La responsabilidad debe ser asumida en todas sus dimensiones institucionales y sociales. Hay que abandonar la falsa polarización de una sociedad que no acepta sus instituciones y de unas instituciones que se enfrentan a ella.