FIP Opina / 17 de noviembre de 2023 / Tiempo de lectura: 8 min.

Mancuso: la prueba de lo difícil que es articular procesos de paz

La designación del exjefe paramilitar como gestor de paz ha causado gran revuelo por las ambigüedades con sus otros roles en los procesos judiciales de Justicia y Paz y la JEP. Está última acaba de aceptar su sometimiento como sujeto incorporado a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004.

Esta columna se publicó el 16 de noviembre de 2023 en lasillavacia.com Leer columna original
Audiencia de Salvatore Mancuso en la JEP en mayo de 2023.
Audiencia de Salvatore Mancuso en la JEP en mayo de 2023. © Colprensa
  • Autore/as
  • Emilia Isaza E.
    Emilia Isaza E. Asistente de investigación

* Esta columna se publicó un día antes de la audiencia de la JEP donde se definió el ingreso de Salvatore Mancuso a esta jurisdicción.

El Consejo de Estado ya aceptó la demanda para tumbar la resolución que nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, el nuevo capítulo de los procesos de paz en Colombia que han involucrado al exjefe paramilitar en los últimos 20 años. El primero fue Justicia y Paz, luego siguió la JEP y ahora se evalúa su camino dentro de la Paz Total. Todos estos procesos —que continúan vigentes— están mucho más relacionados de lo que pareciera a primera vista y las tensiones entre ellos han llevado a su propia desestabilización y deslegitimación ante la opinión pública.

Los gestores de paz, creados desde Justicia y Paz, son miembros de los grupos armados que promueven los acuerdos humanitarios y los diálogos con su respectivo grupo. La designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz ha causado un gran revuelo debido a las ambigüedades que plantea en relación con sus otros roles en los procesos judiciales de Justicia y Paz y la JEP. Adicionalmente, este 17 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública que definirá finalmente si Mancuso podrá ingresar a la JEP y por ende, si deberá comparecer ante esta al regresar a Colombia.

La incertidumbre que rodea a Mancuso no solo aplica a su caso específico, sino que saca a la luz la desarticulación generalizada que se ha producido entre los procesos de justicia transicional en Colombia. Su caso y la problemática que representa es un cabo suelto que genera consecuencias reales para la construcción de Paz en Colombia y que debe ser tenido en cuenta por el Gobierno Petro y la JEP en los pasos a seguir.

Para comprender mejor esta situación recordemos las controversias que rodean a cada uno de estos tres procesos transicionales y los conflictos entre ellos cuando se entrelazan.

El nexo entre Justicia y Paz y la JEP

La conexión entre Justicia y Paz y la JEP se remonta a la promulgación de la ley de Justicia y Paz en 2005. Antes de esto, Mancuso estuvo involucrado en eventos cruciales, como el pacto de Santafé de Ralito y la desmovilización de las AUC. La controversia radica en que, en 2014, fue condenado por el proceso de Justicia y Paz a 40 años de prisión y aún enfrenta investigaciones en curso. Esto complica su relación con la JEP, que inicialmente no tenía jurisdicción sobre los paramilitares, pero que con el tiempo ha comenzado a abrir esa puerta.

El argumento central para aceptarlo dentro de la JEP es que figuras como Jorge 40, Mancuso y Macaco, fueron líderes paramilitares que actuaban como “bisagras” o intermediarios con la Fuerza Pública. Esto le otorgaría competencia por actuar materialmente como miembro de la Fuerza Pública, realizando operaciones o estrategias conjuntas, e implicaría que la JEP podría entrar a juzgar casos que ya fueron llevados y condenados por Justicia y Paz.

Todo ello ha generado una grieta entre Justicia y Paz y la JEP de la cual han brotado muchas dudas: ¿Cuál de las sanciones se impondría? ¿Tiene la JEP prelación sobre Justicia y Paz? ¿Quiénes estarían sujetos a esta transición y qué pasaría con aquellos que ya han cumplido condena o han sido condenados por el tribunal anterior? Y, finalmente: ¿se volvería obsoleto el proceso de Justicia y Paz y se reversarían sus cuestionados avances?

Aunque algunas de estas preguntas serán abordadas indirectamente en la audiencia de Mancuso este 17 de noviembre, la ambigüedad generalizada respecto de los procesos de paz persiste para la opinión pública. Adicionalmente, el gobierno actual también deberá definir si aceptará la propuesta de los exjefes paramilitares de realizar una ‘mesa temática’ para evaluar, revisar y cerrar el proceso de Justicia y Paz. Nuevamente, esto sin duda generaría consecuencias importantes no solo para este proceso sino para los otros también.

Gestor de paz

Con el nombramiento de Mancuso como gestor de paz, vuelve a ocurrir algo similar: se genera incertidumbre y una falta de seguridad jurídica respecto a los procesos de paz anteriores. Aunque la figura de gestor de paz no es nada nueva y, de hecho, se origina a partir de la ley de Justicia y Paz, no es claro cuál es el propósito de este nombramiento, ni tampoco los efectos que podrían generarse.

Cuando el presidente Petro anunció a Mancuso como gestor de paz, argumentó que lo hacía para que se conociera toda la verdad y con la intención de darle un cierre al proceso inconcluso con los paramilitares. Ahora bien, los efectos que podrían desprenderse de esto son dos fuerzas contrarias: puede que la verdad realmente funja como un hilo conductor que articule los distintos procesos de paz, pero también puede que la Paz Total sea el comienzo de otro proceso que genere más quiebres entre los sistemas transicionales. Todavía se está a la espera de los pasos siguientes, que serán definitivos para saber cuál de estas fuerzas ganará. Es crucial que el Gobierno y el sistema judicial busquen, precisamente, conciliar y armonizar para que se construya sobre lo construido y se sumen los esfuerzos y avances realizados por cada proceso.

En mayo de este año Mancuso reveló, en una audiencia pública ante la JEP, una serie de hechos trascendentales sobre los nexos del paramilitarismo en el país. Por lo que no es claro porqué se buscaría implementar otros mecanismos de rendición de verdad, como lo pretende hacer el gobierno de Petro mediante la figura del gestor de paz. Sobre todo, teniendo en cuenta que Mancuso ya ha declarado ante Justicia y Paz, la JEP y en la Comisión de la Verdad. También se pone en tela de juicio lo que ocurrirá respecto de su condena y procesos de investigación vigentes ante Justicia y Paz, ya que no hay certeza sobre su libertad ni tampoco sobre las consecuencias jurídicas que se derivarían de las declaraciones como gestor de paz.

Ese sentir público de incertidumbre, en el que las normas no son definitivas y pueden ajustarse dependiendo del contexto político, es, en sí mismo, la definición de inseguridad jurídica. Esta percepción socava la confianza en los procesos de paz, lo que acaba dificultando su implementación.

Paz Total

El nombramiento mismo de Mancuso genera incertidumbre respecto de la Paz Total. Como se dijo, la figura de los gestores de paz fue creada por Justicia y Paz para tener intermediarios que contribuyeran a gestionar acuerdos con los grupos que representan. Dado que las AUC —el grupo al cual pertenecía Mancuso— ya no existe, resulta difícil entender su nuevo papel de gestor de paz; es decir, como intermediario con su grupo armado.

Potencialmente podría fungir como dialogante con el Clan del Golfo (originariamente Autodefensas Gaitanistas de Colombia), ya que, al constituirse, incorporó a muchos antiguos integrantes de las AUC que acababa de desmovilizarse. Sin embargo, no es claro que esta relación exista actualmente y, por ende, la posibilidad de diálogo y los efectos sobre la Paz Total son inciertos. El tiempo mostrará si la apuesta del gobierno Petro de ubicar a Mancuso como un actor clave dentro de la Paz Total dará resultados y si ayudará a englobar los procesos de paz dentro de uno solo.

El rol de Mancuso en los tres procesos de paz mencionados muestra, en realidad, la desarticulación tan grande que ha existido en los últimos 20 años respecto de los procesos de justicia transicional. Pareciera que la consolidación de cada paso nuevo debilitara la huella del anterior. Esto es catastrófico para la construcción de una paz duradera y sostenible, porque, en vez de promover el fortalecimiento de las instituciones y de los programas de reparación y reconciliación, genera choques entre los procesos de paz que acaban por derribarse mutuamente.

Las decisiones de la audiencia de la JEP y de la demanda ante el Consejo de Estado deben estar direccionadas a promover un sistema transicional integrado. De lo contrario, se corre el riesgo de que se termine por desestabilizar la paz respecto a cada uno de los procesos transicionales: deslegitimaría las sanciones impuestas por Justicia y Paz, haría irrelevante sus declaraciones judiciales ante la JEP y politizaría aún más la Paz Total. Como efecto general, esta situación solo llevaría a una mayor incertidumbre ante la paz, perpetuando, a su vez, los ciclos de violencia que hemos vivido en los últimos 20 años.

Es crucial que en este momento, donde urge consolidar la seguridad en todo el territorio, esta sea una movida que no repita la historia, sino que aprenda de ella.    

Palabras clave: Construcción de paz

 

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