Esta semana, el primer comandante del ELN y el Comando Central de esta guerrilla volvieron a expresar su descontento por la iniciativa de territorializar la paz que lidera el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y su equipo en Nariño.
Esta situación tiene hoy a la Mesa de Conversaciones congelada unilateralmente por parte del ELN, a su delegación en consultas y en vilo el inicio de un séptimo ciclo de conversaciones que debería arrancar en abril.
Esta crisis tiene unos antecedentes. Al menos desde agosto de 2023, los delegados del Alto Comisionado e integrantes de países garantes se han reunido con Gabriel Yépez Mejía alias “HH”, comandante del frente Comuneros del Sur en Nariño. Esta estructura hace parte del Frente de Guerra Sur Occidental del ELN (que a su vez se compone de otros dos frentes y cuatro compañías) y opera en Cauca y Nariño.
En estas reuniones, “HH” comunicó el deseo de arrancar su propio proceso de paz y planteó la posibilidad de dejar las armas si las conversaciones avanzaban. Esto se hizo público a través de varios videos conocidos en enero y marzo, incluyendo uno en donde aparece con integrantes de la Segunda Marquetalia.
Lo cierto es que cuando se iniciaron las reuniones con “HH”, dentro del ELN ya se avanzaba en una investigación sobre el comportamiento de este comandante. La conclusión de esa investigación, según fuentes de inteligencia, es que sería relevado o ajusticiado. Los problemas de indisciplina y posibles rupturas en el Frente Comuneros del Sur vienen desde 2012, cuando su anterior comandante, “Abelardo”, dejó su cargo y se fue a Chocó con otro grupo de guerrilleros. La historia de “HH” y su relación con la comandancia del ELN tiene muchos más precedentes que darían para escribir otra columna.
Volviendo a los últimos meses, los encuentros entre delegados del Gobierno y Comuneros del Sur se pusieron sobre la mesa con el ELN durante el quinto ciclo desarrollado en México. A partir de ese momento las tensiones se hicieron más fuertes entre ambas delegaciones.
De acuerdo con personas que hacen parte del equipo negociador del Gobierno, la primera de esas reuniones fue autorizada por el ELN, cuyo desenlace claramente no anticiparon porque no lo habrían aceptado. Los contactos avanzaron y las tensiones aumentaron durante el sexto ciclo en La Habana, que concluyó el pasado 6 de febrero.
Desde entonces, las reacciones por parte del ELN no han parado. La primera fue el 15 de febrero, cuando el propio Antonio García a través de una entrevista a un medio del País Vasco afirmó que “con el Gobierno está acordado y escrito que no puede promover la creación o la división de la disidencia del ELN y que existe un comandante y que hay que respetarlo. Esperamos que el Gobierno respete eso”
Después se publicó el comunicado del Comando Central del 19 de febrero, en donde la guerrilla congeló unilateralmente su participación en la Mesa y se sumó a los mensajes de Antonio García a través de la red X en los que no ahorró palabras para calificar todo lo que ocurre como una “operación de infiltración” y “show mediático”.
A estos mensajes respondió Otty Patiño (“no son todos, es un jefe del ELN el que dice eso pero pues, quién le cree”) y la delegación del gobierno, hasta que finalmente, este 13 marzo, el Comando Central respaldó las afirmaciones de García y concluyó que “lo que viene aconteciendo en Nariño es una situación en curso, será el tiempo el que dirá quién tenía la razón”.
En otras palabras, la idea de territorialización de la paz en Nariño en cabeza del Alto Comisionado sigue, junto con el malestar del ELN. El pasado fin de semana el gobierno lanzó en Samaniego esta estrategia con el propósito de que Nariño se convierta en la primera Región Paz del país.
Acelerar, avanzar y recomponer
Lo primero que hay que reconocer es que el proceso de conversaciones con el ELN instalado el 21 de noviembre de 2022 ha tenido avances notorios, entre ellos, más de 26 acuerdos firmados, un proceso de participación de la sociedad en curso y un cese al fuego bilateral que contempla el abandono temporal de los secuestros extorsivos por parte de esa guerrilla.
Ahora bien, todo parece indicar que un acuerdo definitivo con esta guerrilla no logrará coincidir con los tiempos de este Gobierno. Esto contrasta con los retos de seguridad en muchas zonas del país que ha venido señalando la Fundación Ideas para la Paz y con los cálculos que suele hacer el ELN al final de un gobierno, es decir, no levantarse de la mesa pero tampoco tomar ninguna decisión de fondo mientras no sepan quien será el próximo presidente.
Por ello, el Gobierno decidió acelerar su estrategia y resolvió, de manera legítima y válida, jugarse una carta arriesgada en Nariño a través del diálogo directo con el Frente Comuneros del Sur.
Vale la pena recordar que muchos gobiernos anteriores pensaron en negociar directamente con frentes del ELN, pero lo que sucede hoy es inédito, en el marco de una mesa de conversaciones activa.
Sin embargo, esta decisión pasa por encima de dos criterios que son fundamentales para el ELN: la unidad y la bilateralidad. Esto trae como consecuencia que la Mesa avance más lentamente y que la jefa de la delegación del Gobierno, Vera Grabe, y el estratega de este proceso, el senador Iván Cepeda, tengan un gran reto por delante. Seguramente el ELN ya esta preguntándole a los países garantes y a la Misión de la ONU si están de acuerdo con lo que está sucediendo en Nariño y sus implicaciones para la negociación.
Otro punto para considerar son los enormes retos que en términos de capacidades institucionales requiere este intento de “paz pequeña” en Nariño y que, por supuesto, merecen todos sus pobladores.
El gobierno necesita, además de una decisión política, la capacidad técnica para cumplir sus apuestas de desarrollo en Nariño y para responder a las demandas del Frente Comuneros del Sur. Eso requiere que el equipo del Alto Comisionado asuma seriamente este desafío al igual que los ministerios y agencias convocadas. Para lograrlo, los instrumentos y los recursos con los que cuentan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) serán claves. Si este intento de paz falla en Nariño, tendrá consecuencias irreversibles para la apuesta de Paz Total.
Por último, existe la posibilidad de que los integrantes del Comuneros del Sur se desmovilicen, un frente que según los cálculos más realistas lo integran unas 230 personas entre estructura armada y milicias. Para la región donde operan (que cubre los municipios de Leiva, Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santa Cruz, entre otros), la salida de este grupo significaría mayores posibilidades para que las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) avancen desde el Cauca. Esto pondría en serio riesgo a los futuros desmovilizados, sus familias y a los pobladores de este territorio.
Por ello, es clave que la Oficina del Alto Comisionado trabaje conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, pues los riesgos de seguridad serán mayores y desplegar una estrategia de seguridad sostenida representará un gran desafío. Hay que recordar que, pese a que está vigente un cese al fuego bilateral, esto no excluye la realización de operaciones de control institucional del territorio por parte de la Fuerza Pública, lo que reduciría el margen de fracaso de esta estrategia y evitaría que las acciones del Estado se diluyan por falta de garantías de seguridad.
Todo esto debe considerarse para avanzar en el proceso de una paz posible para Nariño, que merecen y la necesitan todos sus pobladores.