Porte de armas de fuego en Colombia: ¿solución o nuevo problema?

Las mismas propuestas

Cada tanto surgen propuestas para aumentar la seguridad en Colombia, como los patrullajes militares en grandes centros urbanos, la compra e instalación de cámaras de seguridad o el aumento de las excepciones en la tenencia y porte de armas de fuego.

Aunque sean medidas populares, pueden tener un efecto de muy corto plazo e implican un despliegue considerable de recursos que podrían aprovecharse para atacar los problemas de fondo de la seguridad. Estos remedios de choque quizás mejoren la percepción de seguridad, pero no la seguridad en sí misma.

Hay evidencia abundante sobre la correlación entre el aumento de las armas de fuego y el de la violencia. Según el Small Arms Survey, durante 2021 murieron casi 580.000 personas en hechos violentos. El 45% de estas muertes fueron causadas por armas de fuego (cifra que no incluye suicidios). América del Norte, Centroamérica y América del Sur registran las proporciones más altas de muertes violentas causadas por armas de fuego, con 81%, 68% y 71% respectivamente.

El caso de Estados Unidos

Estados Unidos es un ejemplo necesario para entender la relación entre la violencia y el marco legal que facilita el uso y el porte de armas de fuego. Un informe reciente del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), asegura que 48.830 personas murieron por causa de las armas de fuego: 54% fueron suicidios y 43% asesinatos.

Para el Pew Research Center, está cifra es la más alta desde que el CDC empezó a documentar estos datos: muestra un aumento exponencial del 23% desde 2019. Otro dato preocupante refleja la vulnerabilidad de ciertas poblaciones del país norteamericano: en tan solo dos años, las muertes causadas por armas de fuego entre niños y adolescentes aumentaron un 50%, pasando de 1.732 casos en 2019 a 2.590 en 2021. Recordemos que en Estados Unidos la tenencia y porte de armas no solo es legal, sino que es un derecho consagrado en la Segunda Enmienda de su Constitución Política.

El caso de América Latina y Colombia

Aunque la legislación en América Latina sobre la tenencia, porte y uso de armas cambia dependiendo del país, es mucho más restrictiva que en Estados Unidos. Aun así, la relación en el uso de estas armas con delitos comunes, violencia, conflicto y criminalidad organizada es evidente.

Aunque no hay “conflictos tradicionales” activos, el 35% de los homicidios del mundo ocurren en el continente americano. De este porcentaje, 28% suceden en América Latina y el Caribe. Para el Instituto Igarapé, el 71% del total de homicidios en esta región se comenten con armas de fuego, cifra que resulta aún más alarmante si se compara con la media mundial, que no supera el 45%. Analizar únicamente el comportamiento del homicidio nos da indicios de que América Latina es la región más violenta del mundo, y que el uso de armas de fuego es el catalizador de esta violencia.

Colombia no es la excepción: el homicidio sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto en el país. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desde 2020 hasta 2023 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha mantenido relativamente constante para la mayoría de las principales ciudades. ​En esos tres años, este delito se ha reducido 7,2 puntos porcentuales, y 9,72 puntos porcentuales en Barranquilla y Cali.

Sin embargo, si se le compara con algunas de las principales ciudades del país, Cali llega a triplicar la tasa de homicidios. Cartagena, por su parte, es la ciudad con mayor aumento en su tasa de homicidios: 16,2 puntos porcentuales en tres años. Para el caso específico de Bogotá, en lo que va corrido del año las armas de fuego y las armas blancas son los medios usados para cometer homicidios. El 61% de los homicidios durante enero y febrero de 2024 han sido con armas de fuego.

En un esfuerzo por limitar el acceso a este armamento, se expidió el Decreto 2362 de 2018, por medio del cual se adoptan medidas para la suspensión general del permiso para el porte de armas de fuego. La norma ha sido prorrogada por la actual administración nacional mediante el Decreto 2267 de 2023.

Mientras tanto, en el Congreso, actualmente cursa un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que pretende actualizar los registros y permisos para el control al porte de armas de fuego. En otras palabras: se quiere flexibilizar el porte.

Según sus ponentes, está iniciativa legislativa se sustenta en la situación de inseguridad del país. Otras propuestas similares han salido del sector empresarial como respuesta a los recurrentes casos de hurto a comercio, principalmente en Bogotá. Fenalco respaldó el porte de armas para los comerciantes y los patrullajes mixtos en las ciudades.

Atacar los problemas de fondo

Una evaluación de la política de restricción permanente al porte de armas en Colombia, realizada por la Universidad de los Andes, concluyó que las restricciones pueden disminuir las lesiones con armas de fuego, particularmente los homicidios. De acuerdo con este estudio, dicha relación es evidente, especialmente en las ciudades. Por ejemplo: en Bogotá y Medellín, la restricción de armas redujo la tasa de homicidios por arma de fuego un 22%.

En conclusión, es falso que hay que flexibilizar el porte de armas para mejorar la seguridad. De hecho, el efecto parece ser el contrario: a mayor disponibilidad de armas de fuego, más violencia. Acá analizamos la relación de este tipo de armamento con el homicidio, pero la instrumentalización de armas de fuego también es evidente en otros delitos como el hurto en sus diferentes modalidades, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar o, incluso, los delitos sexuales.

Las políticas deberían centrar sus esfuerzos en la reducción efectiva de la violencia. Aumentar el control de los flujos de armamento mejorando las capacidades de inteligencia e interdicción de la Fuerza Pública para desarrollar estrategias más precisas frente al mercado ilegal de armamento, es prioritario. Las fronteras y los ríos son lugares de acceso y flujo de actividades y mercados ilícitos. Nuevamente, en lugar de armar a la gente, los esfuerzos deben estar en mejorar las capacidades de la Fuerza Pública y demás entidades responsables para aumentar el control y vigilancia en estos espacios.

También es importante blindar normas como el Decreto 2362 de 2018, impidiendo que vacíos legales fomenten la tenencia, porte y uso de armas de fuego por una mayor cantidad de civiles. Debemos apoyar que el uso legítimo de la fuerza esté en manos del Estado.

Cuando la norma permita el uso de este tipo de armamento (por ejemplo, en empresas de vigilancia y seguridad privada), los instrumentos de inspección, supervisión y control del Estado deben ser aún más detallados y consistentes. Esto pasa también con el seguimiento a la fabricación de armas, porque el Estado es el mayor productor de armas a través de Indumil. Sin embargo, una parte de ellas terminan en el mercado ilegal.

Robustecer la norma y la capacidad del Estado para el control de armas es insuficiente si no se definen políticas de largo plazo que modifiquen el comportamiento de los colombianos. Desde hace décadas la violencia hace parte de nuestro día a día, y las armas de fuego son un instrumento habitual para cometer un sin fin de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y violencias endémicas. Atacar de raíz esos factores que hicieron de Colombia una sociedad conflictiva es la estrategia más eficiente para mejorar la seguridad del país.

En otras palabras: mejorar la seguridad en un país como Colombia no se consigue facilitando el acceso al porte de armas, sino con cambios profundos, políticas de Estado sostenibles en el tiempo y una perspectiva diferente.