Las tendencias mundiales
Uno de los temas que ocuparon la atención de los inversores de Estados Unidos durante el 2023, fueron los movimientos anti ESG (Environmental, Social y Governance, por sus siglas en inglés). En la gestión empresarial, estas siglas se entienden como el marco para integrar la dimensión ambiental, social y de gobernanza al impacto financiero, que fue hasta hace unos años el indicador por excelencia del éxito empresarial. Bajo las condiciones propias de cada organización y la vista puesta en el largo plazo, las ESG podrían conducir a las organizaciones a encontrar la senda del crecimiento sostenible.
Estos movimientos anti ESG —que han tenido eco en el seno del Partido Republicano de ese país— han considerado que incorporar dichos criterios se acompañaba con una tendencia cada vez más hostil al desarrollo empresarial y, en particular, a la continuidad del desarrollo de los combustibles fósiles. Los grandes grupos financieros, que en 2020 reconocían el reto del cambio climático como uno de los desafíos que permitiría una “remodelación fundamental de las finanzas” y que ponían a la sostenibilidad en el “centro del enfoque de inversión”, cambiaron su posición. Y aunque siguen comprometidos con las inversiones asociadas a una economía baja en carbono y administrando grandes capitales destinados a las inversiones de impacto, su abordaje de la sostenibilidad es diferente. En algunos estados —como Florida, Idaho y Kansas— se han emitido leyes o marcos regulatorios que prohíben o limitan las consideraciones ESG.
Todo esto sucede mientras, por el contrario, en la Unión Europea los inversores han fortalecido sus acciones para lograr las metas de cero emisiones de gases de efecto inverandero (GEI) y, de manera muy activa, se ha fortalecido el marco que regula la acción y la sostenibilidad empresarial. Durante 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Directiva sobre la “Debida diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas”; por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el “Reglamento sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ambiental, social y gobernanza (ASG)”. Allí se reconoce que “la transición hacía una economía sostenible es fundamental para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de la economía de la Unión y la calidad de vida de sus ciudadanos, así como para mantener el calentamiento global por debajo del umbral de 1,5 grados celsius. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión y los Tratados de la UE reconocen sus dimensiones social y ambiental”[1].
Las dinámicas nacionales
Aunque el contexto internacional tiene cierto nivel de influencia en Colombia, la relación entre sostenibilidad empresarial y transición energética se profundiza en la raíz de nuestros encuentros y desencuentros como Nación. El crecimiento sostenible de las primeras líneas que mueven la economía nacional se ha dado en medio de un proceso de ampliación del ejercicio de los derechos fundamentales y colectivos que inició con la Constitución de 1991. Esta ampliación reveló conflictos tradicionales y luchas del movimiento social frente al desarrollo de estos sectores, su relación con el entorno y el beneficio de su presencia en los territorios, acompañada por el fortalecimiento de personas defensoras de derechos humanos y ambientales así como de la fuerza trabajadora del país.
Este proceso también se ha nutrido de la reconfiguración nacional y regional del sector ambiental que, aunque regido a veces por las dinámicas de la política regional, ha crecido en autoridad e importancia, ejerciendo un rol fundamental en el seguimiento y control de la actividad empresarial. El mercado y los inversionistas han dado muestras de querer industrias y empresas más transparentes, con prácticas que incorporen, además, la ética, la gestión del riesgo y el buen gobierno empresarial. Este contexto se encuentra igualmente influido por las dinámicas del conflicto armado y los riesgos en seguridad.
Todo lo anterior muestra, primero, que el reto de enfrentar el cambio climático y la transición a una economía baja en carbono está integralmente relacionado con la gestión empresarial y que, a pesar de que el foco de atención se encuentra en el sector minero-energético, los sectores industriales, de transporte, agrícola y financiero empiezan a cobrar mayor relevancia. Y, segundo, que el crecimiento sostenible en la órbita empresarial está íntegramente relacionado con los retos de la sociedad. Atrás han quedado las nociones que suponían que la contribución de los empresarios a la sociedad se hacía por filantropía, liberalidad o responsabilidad empresarial.
El reto de enfrentar el cambio climático y la transición a una economía baja en carbono está integralmente relacionado con la gestión empresarial. A pesar de que la atención está en el sector minero-energético, los sectores industriales, de transporte, agrícola y financiero empiezan a cobrar mayor relevancia"
Desde 2015, con el Acuerdo de París, las empresas han intensificado las acciones para combatir el cambio climático y avanzan en establecer objetivos de reducción de GEI, gobernanza climática y divulgación de sus estrategias de descarbonización.
Según Climate Action 100+[2], el 77% de las empresas están comprometidas con lograr cero emisiones netas; el 93% cuenta con una junta directiva que supervisa los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático; y el 59% divulga las acciones de descarbonización que están tomando para alcanzar sus objetivos de reducción de GEI. Sin embargo, solo el 3% de ellas han desarrollado planes de transición justa consultando a sus grupos de interés e incluyendo a titulares de derechos, y apenas el 5% de las juntas directivas tienen las capacidades o competencias para evaluar y gestionar los riesgos en DDHH y las oportunidades relacionadas con el clima.
Por ello, quisiera plantear algunas ideas de cómo puede contribuir el sector minero-energético a la transición justa, fortaleciendo la dimensión social de sus acciones climáticas y sus estrategias de sostenibilidad, y tomando en cuenta el contexto y la realidad de nuestro país.
Promover el relacionamiento, el diálogo social y la participación
Fortalecer el diálogo y la inclusión de los grupos de interés y titulares de derechos potencialmente impactados por la acción empresarial y las iniciativas de acción climática, aportará a consolidar relaciones y construir confianza. El modelo de relacionamiento del sector —que durante años se desarrolló de manera transaccional y reactiva ante los conflictos— ha ido migrando hacia relaciones de confianza que, de manera planificada, contribuyan a desarrollar acciones empresariales con mayor impacto y apropiación territorial.
Algunas empresas del sector de hidrocarburos, además de desarrollar un diálogo amplio con sus grupos de interés que se da no solo cuando se presenta un conflicto, han entendido que el relacionamiento debe ser una acción planificada. De manera particular han abordado el relacionamiento con personas defensoras de derechos humanos mediante el desarrollo de protocolos de debida diligencia y relacionamiento seguro, de tal manera que la acción empresarial no ponga en riesgo al líder que entra en un diálogo con la empresa y, al mismo tiempo, la compañía planee y prevea sus acciones y conducta en ese contexto. Estas acciones se adoptan porque una empresa comprende el contexto más allá de sus obligaciones y es especialmente sensible en un momento en el que crecen las amenazas y muertes de líderes sociales en el país.
Es válido recordar el dicho popular de “la caridad empieza por casa”, como una forma de indicar que, antes de ver las necesidades lejanas, es moralmente responsable fijarse en las necesidades y oportunidades de los más allegados. Y aunque esto está lejos de ser un asunto de caridad, el diálogo social debería ser promovido desde adentro de las organizaciones, donde también hay grupos interesados en las acciones climáticas y de sostenibilidad. En estos contextos se deberán encontrar soluciones y atender las diferencias, entre ellas las asociadas a los procesos de transición de la fuerza laboral. El estudio “Cooperación en el lugar de trabajo, encontrando soluciones en el contexto colombiano”[3], desarrollado por la Fundación Ideas para la Paz y el Swedish Workplace Programme, ha destacado que el diálogo social en el lugar de trabajo, más allá de las negociaciones colectivas, “fomenta un entorno (…) para abordar desafíos laborales y sociales de manera más equitativa y sostenible promoviendo las ganancias para las personas y las empresas”.
Profundizar en los beneficios de una conducta empresarial responsable
Una conducta empresarial responsable significa que las empresas —con independencia de su tamaño, régimen jurídico, estructura accionaria y de propiedad o sector— evitan y se ocupan de las consecuencias negativas de sus operaciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de los países en donde operan. El mecanismo por excelencia para poner en marcha la conducta empresarial responsable es la debida diligencia en la gestión de los riesgos empresariales. En este contexto, a pesar de que las acciones climáticas empresariales y de sostenibilidad están bien intencionadas y son operativa y técnicamente viables, también pueden generar impactos adversos sobre los trabajadores y en las comunidades más vulnerables, materializando una “acción con daño”.
Aunque existen estándares y referentes normativos que orientan el actuar empresarial en esta dimensión, resulta de suma importancia que la acción individual se nutra del intercambio y participación con actores diversos de la sociedad. Ejemplo de ello es la iniciativa multiactor “Guías Colombia”, que, bajo la participación de miembros empresariales, institucionales y de la sociedad civil, ha elaborado instrumentos prácticos que materializan el propósito de una acción respetuosa de los derechos humanos. Los principios que menciono, que pueden orientar la debida diligencia en la acción climática empresarial, se encuentran contenidos en la “Guía de Cambio Climático y Transición Justa”[4], recientemente publicada.
La responsabilidad con la cadena de valor
Los marcos normativos internacionales han dado orientaciones claras sobre la importancia de que, además de asegurar su propia acción empresarial, las empresas actúen de manera responsable con su cadena de valor y se interesen por las condiciones en que sus proveedores, contratistas y aliados obran en contextos asociados al riesgo operativo en la orbita ambiental y social.
Si bien el país tiene un tejido empresarial compuesto por grandes empresas —que prioritariamente han incorporado estrategias de sostenibilidad y avanzan en la acción climática— las Mipymes representan más del 90% del sector productivo nacional, generan el 35% del PIB y el 80% del empleo. Esta responsabilidad con la cadena de valor puede materializarse mediante la transferencia de capacidades, el acompañamiento en la implementación de conductas sostenibles, la promoción del desarrollo de iniciativas de economía verde o la inclusión de empresas locales en el desarrollo de iniciativas de acción climática. Todo ello podría redundar en la diversificación de las economías locales.
Inversiones sociales y ambientales alineadas con la justicia en la transición
Uno de los retos de las organizaciones al implementar la práctica de hacer inversiones que materialicen su contribución al desarrollo, es poder alinearse con los propósitos, capacidades y ciclos empresariales. Hacia afuera, existe un entorno en el que crecen las brechas socioeconómicas y se ha convocado indistintamente y sin señales de política claras al empresariado para contribuir a causas mayores como construir paz o la diversificación económica. Esto dificulta la tarea de focalizar el impacto de inversiones sostenibles y de unir esfuerzos entre empresas, así como el retorno a la actividad empresarial.
Un esfuerzo por alinear las iniciativas de inversión social y ambiental con las acciones climáticas —que estén potenciadas por la innovación social y la tecnología, el involucramiento de actores locales y que, a su vez, contribuyan a propósitos amplios de desarrollo territorial— debería estar en la agenda de inversiones empresariales. Ejemplo de ello ha sido el impulso empresarial y de este sector al mecanismo de Obras por Impuestos. Este puede potenciarse al desarrollar obras en las zonas mas afectadas por el conflicto y la pobreza, incorporando en su marco normativo iniciativas de acceso a energía renovable, pago por servicios ambientales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo y bienes públicos rurales, entre otras opciones.
El valor del capital humano del sector minero energético
El Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía es reconocido como el evento más tradicional de estos sectores, al desarrollar a lo largo de 22 años una agenda técnica, académica y comercial amplia y con participación diversa. Lo que está en el centro de este evento —y por supuesto en el corazón de ACIPET, gremio que reúne a los profesionales del sector— es su gente. Un capital de profesionales que ha acompañado el desarrollo del sector y que, de la mano del conocimiento técnico, la innovación permanente, las buenas prácticas de la industria del petróleo y la adaptabilidad requerida en Colombia, han crecido con el país. Sin duda el país también ha crecido de la mano, a veces desconocida y poco reconocida, de su conocimiento.
Las labores de voluntariado que permitan transferir conocimiento técnico o experiencia empresarial dirigida a los grupos de interés, las alianzas con la academia para consolidar las lecciones aprendidas del sector y compartirlas en ejercicios intersectoriales, y la tarea pendiente de promover capacidades para estructurar proyectos que podrían ponerse a disposición de las autoridades locales, se encuentran dentro de las opciones para que las empresas, gremios y profesionales del sector puedan seguir contribuyendo a hacer más justa la transición y, tal vez, conseguir que los relatos que se construyen en torno al sector empresarial se superen con la fuerza de las conexiones humanas, el empuje de su gente y la búsqueda de iniciativas que nos unan como colombianos.
Estas pueden ser algunas de las formas de asegurar “que nadie se quede atrás” en la transición energética.
[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0347_ES.html#title2
[2] Climate Action 100+ es la mayor iniciativa de grupos de inversión y grandes empresas para la reducción de emisiones y la lucha contra el calentamiento global About Climate Action 100+ | Climate Action 100+
[3] Fundación Ideas para la Paz y el Swedish Workplace Program, 2024. https://storage.ideaspaz.org/documents/swp_informeestrategico_web(1).pdf
[4] https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_gc_debidadiligenciacambioclimatico.pdf