“Paz con la naturaleza” es el llamado del Gobierno para reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y “repensar un modelo económico que no priorice la extracción y contaminación de la naturaleza”.
El llamado se materializó esta semana con la invitación que hizo el gobierno colombiano en el segmento de alto nivel de la zona azul de la COP-16. En este espacio, se llamó a los países participantes de la cumbre a formar parte de una coalición dispuesta a avanzar en la paz con la naturaleza. Más de 20 países se han sumado a la iniciativa.
Sin embargo, este concepto no ha despejado las dudas sobre cuáles serán sus efectos o cómo se mitigarán las tensiones entre las políticas gubernamentales de protección ambiental y las demandas de las comunidades étnicas y campesinas que habitan o colindan con ecosistemas estratégicos, en un contexto de creciente control territorial por parte de grupos armados.
Hace dos meses estas tensiones se hicieron evidentes con la puesta en marcha de la 'Operación Amazonía', una campaña militar hecha para frenar la expansión de la deforestación hacia el resguardo indígena Yaguará, combatir el acaparamiento de tierras y desmantelar una red de 300 personas implicadas en la deforestación de una zona del Parque Nacional Natural Chiribiquete en el municipio de Calamar, Guaviare.
En esta zona hace presencia la facción del Estado Mayor Central (EMC) que lidera Iván Mordisco, la cual aparentemente controla la producción de coca y ganado en el interior del parque. Según el Ministerio de Defensa, este operativo afectó directamente al Bloque Jorge Briceño y el Frente Armando Ríos de esas disidencias.
Del otro lado, están las reacciones de las comunidades campesinas. Algunas denunciaron que se vulneraron los derechos de las poblaciones aledañas al parque durante las intervenciones de la Fuerza Pública. La Junta de Acción Comunal de El Remanso, el alcalde de San José del Guaviare y la personería municipal de La Macarena denunciaron que se destruyeron puentes que sirven de conexión y tránsito a las comunidades de las veredas Guaduales, El Remanso y Caño Yeimy en La Macarena, afectando su cotidianidad y la comercialización de leche y cultivos de pancoger.
Estas acciones son similares a lo que ocurrió durante la ‘Operación Artemisa’ que realizó el gobierno de Iván Duque, cuestionada por el uso excesivo de la fuerza, por detener campesinos y por su limitado uso de la investigación criminal. Diversos analistas coinciden en que los resultados de Artemisa fueron contraproducentes, ya que aumentó la vulnerabilidad y el riesgo de las comunidades y los defensores ambientales, y no logró debilitar los grupos criminales que se benefician de la deforestación.
El dilema del uso de la fuerza
Hoy, según las propias comunidades, la presencia de cultivos de coca es poca en la zona del parque Chiribiquete, lo que alertó sobre la pertinencia de la 'Operación Amazonía'. Así lo denunció Alexander García, diputado del Guaviare entrevistado por La Silla Vacía: “La fuerza pública dijo con bombos y platillos que era un operativo ni el berraco, pero los que conocemos por allí sabemos que ahí prácticamente no hay ni hoja de coca”. Pertinente o no, el resultado evidencia la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno: ¿Cómo debilitar a los grupos armados que hacen presencia en ecosistemas estratégicos sin hacer uso de la fuerza?
El gobierno Petro ha buscado moderar la fórmula punitivo-militar en materia de política socioambiental con un componente de concertación con comunidades como medida de prevención y desarticulación del crimen. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, consolidó el Plan de Contención de la Deforestación, cuyos pilares son acuerdos sociales con las comunidades, la contención y prevención con el uso de la Fuerza Pública en zonas estratégicas y la investigación e inteligencia para llegar a grandes deforestadores.
De este plan derivaron los acuerdos de conservación firmados en 2022 en Cartagena del Chairá, en Caquetá, para mitigar los impactos del conflicto armado, la deforestación y el uso del suelo de la mano de las comunidades. Esto debería lograrse fortaleciendo la restauración de áreas degradadas, la sostenibilidad productiva, la conservación voluntaria y la mitigación de conflictos a través de las mismas comunidades. El Ministerio de Ambiente tiene que replicarlos en otros departamentos, pero a la fecha no se reportan diálogos similares con comunidades campesinas, por ejemplo, del Guaviare.
En otros departamentos se ha criticado la falta de contundencia del Gobierno en su negociación con las facciones negociantes del EMC, pese a las múltiples acciones que han puesto en duda su intención de paz, así como de estrategias más contundentes para frenar los crímenes ambientales al interior de zonas de manejo ambiental y ecosistemas estratégicos en el Guaviare.
Minimizar los riesgos
Hasta ahora, no se conoce si existe un plan de contención del Gobierno para prevenir y minimizar los riesgos de las comunidades rurales durante las operaciones militares dirigidas a desmantelar laboratorios o territorios controlados por grupos armados. Tampoco se han realizado anuncios sobre espacios de concertación con los habitantes del Guaviare que permitan diluir las tensiones entre el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Pública y los campesinos que viven en zonas aledañas a ecosistemas estratégicos como parques o Zonas de Reserva Forestal.
En 2023, Colombia fue catalogado, por segundo año consecutivo, como el país más violento para los defensores ambientales al reportar 79 homicidios en el país. De estos, 17 eran pequeños campesinos. El programa “Somos Defensores” ha alertado que el riesgo aumenta por las fallas en la aplicación de las normativas de protección, la baja efectividad de las investigaciones judiciales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la presencia de grupos armados.
Ahora que Colombia es protagonista en la COP-16, es importante insistir en que el Gobierno implemente iniciativas que garanticen los derechos de la naturaleza y al mismo tiempo los de los seres humanos. Si bien responder a la crisis de seguridad es fundamental, esto solo es posible abordando sus distintas dimensiones y reconociendo a las comunidades como aliados fundamentales para responder a los conflictos ambientales.
El acuerdo de Kunming-Montreal, que orienta los objetivos globales para proteger y restaurar la biodiversidad hasta el año 2030, aboga por fortalecer los mecanismos propios de protección de los medios de vida locales, mejorando la comunicación entre defensores ambientales y las instancias gubernamentales y fortaleciendo la implementación de las políticas ambientales desde su dimensión de paz y conflicto. Asimismo, la implementación del Acuerdo de Escazú es una ventana de oportunidad para mejorar la eficacia del enfoque preventivo y la implementación del marco normativo ambiental para la protección de los defensores.
La ‘mano dura’ no debe traducirse en reproducir la fórmula punitivo-militar. Por el contrario, se puede fortalecer la investigación criminal y otras herramientas (como fiscales especializados) para lograr una persecución penal con mejores criterios de priorización y judicialización. El poder punitivo debe usarse como última instancia, sin poner en riesgo los derechos de las comunidades y buscando el mayor impacto en la acción criminal. Esta es una lección que el Estado ya debería haber incorporado en su operatividad.
Si bien, la opinión pública declaró como “exitosa” la 'Operación Amazonía', el costo de pérdida de legitimidad y confianza de las comunidades fue alto. Ellas podrían ser unas aliadas estratégicas para desarticular el crimen ambiental y promover la conservación.
Para garantizar la “Paz con la naturaleza” y generar un cambio de enfoque, es necesario tramitar de forma concertada los conflictos y desarrollar estrategias que mejoren la relación entre comunidades y autoridades, asegurando que la presencia institucional priorice, sobre todo, los derechos humanos. Se necesita más que la conformación de una coalición diplomática en la COP-16 para avanzar en este llamado. No es posible hacer paz con la naturaleza sin comunidades que la habiten y protejan.