El mayor desafío de la implementación del Acuerdo de Paz ha sido traducir las promesas en acciones tangibles y, esas acciones, en resultados significativos para las comunidades más afectadas por el conflicto.
Para esto, la financiación de los programas y proyectos derivados del Acuerdo es crucial. Sin embargo, el camino recorrido desde el 2017 deja muchas preguntas sobre la eficacia del gasto, la voluntad política y la verdadera capacidad del Estado para cumplir con lo pactado, aún cuando se reconocen los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno para aumentar los recursos destinados a la paz.
De los 147 billones de pesos que se estimó costaba implementar el Acuerdo en un periodo de 15 años, se ha ejecutado el 52,7%, según datos de la Contraloría General. Esto, aunque parece un progreso razonable a un poco más de la mitad del tiempo fijado para la implementación, deja entrever retos significativos que afectan especialmente a los territorios más vulnerables del país y con menores capacidades institucionales. Es necesario entender que la paz no solo se decreta, se construye con inversiones reales, eficientes y eficaces.
Uno de los aspectos más alarmantes que se deriva del análisis de la financiación del Acuerdo de Paz realizado por Del Capitolio al Territorio de la FIP, es la desigual y muy lenta ejecución de los recursos. La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio han tenido dificultades para ejecutar sus presupuestos en 2024, con porcentajes de ejecución de 7,22%, 19,9% y 28,6% a julio del presente año, respectivamente. Estas cifras son particularmente preocupantes porque estas tres entidades son claves para la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo.
La baja ejecución presupuestal refleja, no solo problemas administrativos y de capacidad operativa, sino también la falta de coordinación interinstitucional y entre los distintos niveles de gobierno nacional, departamental y local. Año tras año se insiste en la importancia de fortalecer la presencia del Estado en los territorios que históricamente han estado marginados, pero los resultados concretos muestran una desconexión entre las promesas del discurso político y las realidades sobre el terreno. La paz territorial, que debería ser una prioridad, sigue siendo una deuda del Estado con las comunidades rurales.
La principal fuente de financiación para implementar el Acuerdo ha sido el Presupuesto General de la Nación, seguido de Ocad Paz y otras como la cooperación internacional. Sin embargo, una de estas fuentes, el Sistema General de Participaciones, no cuenta con una diferenciación en la destinación de recursos entre municipios PDET, que son los priorizados por el Acuerdo por sus condiciones críticas, y los no PDET. Esto implica que estos municipios deben gastar sus recursos como cualquier otro, a pesar de sus características particulares producto del conflicto armado.
Colombia atraviesa una difícil situación fiscal, por lo que es entendible que se redistribuyan los recursos. Sin embargo, el llamado es a que esa redistribución se guíe bajo los principios de equidad, eficiencia y transparencia en el gasto".
Otro punto crítico es la disparidad en la inversión entre las distintas subregiones PDET. Por ejemplo, mientras Macarena–Guaviare y Arauca han ejecutado el 17% y 11,2% de los recursos necesarios para territorializar el Acuerdo, Pacífico Medio apenas ha logrado ejecutar el 1,7%, lo que genera dudas sobre las capacidades de las autoridades locales y el acompañamiento que estas han (o no) recibido para fortalecer sus instrumentos y herramientas de ejecución.
Una muestra más de esta desigualdad entre regiones la vemos en el mecanismo Ocad Paz, que maneja los recursos de regalías que se priorizan para la implementación del Acuerdo. Regiones como Sierra Nevada–Perijá y Alto Patía– Norte del Cauca han recibido una cantidad significativa de proyectos aprobados por esta instancia (109 y 53 respectivamente), mientras que Pacífico Medio (1) y el sur del Tolima (13) están considerablemente rezagadas. Esta diferencia no solo refleja una inequidad en el acceso a los recursos, sino que perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en muchas de estas zonas.
La financiación de la paz en Colombia necesita una transformación encaminada a un uso más eficiente y equitativo de los recursos. No se trata solo de aumentar las asignaciones presupuestales, sino de garantizar que se ejecuten de manera eficaz, que estén conectadas con las iniciativas y proyectos priorizados en los PATR (la ruta de acción de los PDET), y que se fomente la participación de las comunidades en los procesos de decisión, control y veeduría de los recursos. Para lograrlo, hay que mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información financiera, contractual y de ejecución de los dineros públicos.
La paz no puede ser un concepto abstracto limitado a discursos y promesas. Debe ser una realidad construida en y con los territorios a través de inversiones reales que mejoren las condiciones de vida de quienes han sufrido los efectos del conflicto. La transparencia, la equidad en la distribución de los recursos y la voluntad política son esenciales para avanzar hacia una paz estable como prometía el Acuerdo de Paz.
Colombia atraviesa una difícil situación fiscal, por lo que es entendible que se redistribuyan los recursos. Sin embargo, el llamado es a que esa redistribución se guíe bajo los principios de equidad, eficiencia y transparencia en el gasto.
Nos encontramos en un punto crucial de la implementación del Acuerdo: decidir si queremos cumplir con los compromisos de paz de manera efectiva o seguir reciclando las violencias fruto de la desigualdad y el abandono estatal en los territorios. Hay que corregir los errores del pasado, asegurar una mejor distribución de los recursos y trabajar de la mano con las comunidades para que la paz se convierta en una realidad palpable en los territorios.