La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos cambia el tablero de juego de la cooperación para la gestión migratoria en las Américas, y cada vez es más difícil encontrar salidas comunes para hacerle frente a los flujos masivos en el hemisferio. Al mismo tiempo, se profundizan los factores por los que cientos de miles de personas se ven obligadas a dejar sus países de origen.
La inestabilidad política en la región, la polarización (del debate político) alrededor de la migración y la erosión de los mecanismos de concertación regional componen un “grande nubarrón que se alza en el cielo”. En el centro, mientras tanto, se encuentran los migrantes: cada vez más desprotegidos por los Estados, cada vez más expuestos a redes criminales que controlan el tránsito, y con menos posibilidades de rehacer su vida lejos de aquello que los obligó a huir.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos era previsible, aun así, sorprende la rapidez con la que dieron el giro hacia la restricción de solicitudes de asilo, la suspensión de permisos temporales y la criminalización de personas con permanencia irregular en su territorio. Eso, sumado al freno en seco de la cooperación internacional de ese país, genera una mayor incertidumbre sobre los efectos que tendrá en las políticas migratorias de la región, que dependen en gran medida del apoyo técnico y financiero que se proveía a través de USAID y sus programas locales.
Las consecuencias para la gestión migratoria en el país son catastróficas. Colombia es el principal receptor de migrantes provenientes de Venezuela, que protagoniza la principal emergencia migratoria en la región dada la crisis política que atraviesa. Colombia también ha asumido importantes compromisos para la garantía material de derechos de las personas en tránsito y con vocación de permanencia, apalancado en la cooperación internacional, principalmente estadounidense. Esta ayuda, que se concentró en fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas, permitió otorgar permisos de permanencia temporal a cerca de dos millones de personas de origen venezolano, la política de regularización más extensa de la región para acoger de forma masiva a la diáspora venezolana.
La fórmula colombiana de diseñar mecanismos de regularización a migrantes fue rápidamente emulada en otros países de la región, entre otras razones, porque a través de la regularización se habilita la posibilidad de que los migrantes con permanencia irregular accedan a la oferta de servicios sociales, a empleos formales y se les garantice seguridad jurídica para hacer sus proyectos de vida en los países de acogida.
Ante la tormenta, se requiere una mirada pragmática que alinee los intereses de la cooperación norteamericana con el enfoque de soluciones duraderas al que le apuesta América Latina y el Caribe"
Todo esto se alinea con la pretensión de evitar la llegada masiva de personas a través de la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular. También es una apuesta por impulsar soluciones duraderas para la garantía material de derechos de esta población y por atender los factores expulsores de la migración en la región.
Con el cambio de orientación de Estados Unidos, los países de América Latina y el Caribe tienen el deber de reflexionar sobre rutas de cooperación que respondan a los intereses de la región. Articular políticas migratorias es la mejor salida para afrontar los flujos masivos de personas mientras se garantizan sus derechos durante el transito, se facilita la permanencia en entornos de acogida y se toman acciones que garanticen su estabilidad jurídica a largo plazo.
La migración es un fenómeno volátil y con múltiples orígenes, por lo tanto, alinear las políticas nacionales en un plan coordinado a nivel regional es un reto de connotaciones mayúsculas. Por un lado, están los flujos migratorios de países centroamericanos y del Caribe motivados principalmente por razones económicas. Por otro, la inestabilidad política de países como Venezuela, Cuba y Haití. Se suman la inseguridad creciente en Ecuador, la triple condición de Colombia como país receptor, de tránsito y expulsor de migrantes y, en el norte, Estados Unidos, el principal destino de las personas que migran y el mayor financiador de políticas para atender la migración en el hemisferio.
El nuevo enfoque de la política exterior de Estados Unidos con la región se basa en “intereses compartidos concretos, no en lugares comunes vagos o ideologías utópicas”, según lo dicho por el Secretario de Estado, Marco Rubio, lo que sugiere apertura para colaborar entretanto haya congruencia con el nuevo lineamiento de su política exterior.
Por eso, ante la tormenta, se requiere una mirada pragmática que alinee los intereses de la cooperación norteamericana con el enfoque de soluciones duraderas al que le apuesta América Latina y el Caribe. Este enfoque pone en el centro de la conversación lo realmente importante: la protección de derechos de las personas migrantes, la gestión de la migración de manera ordenada y segura, el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la acogida de migrantes y para generar un ambiente propicio en el que puedan gozar de sus proyectos de vida.
Se podría empezar por rescatar el espíritu de los mecanismos de concertación regional como el Proceso de Quito y la Declaración de Los Ángeles, así como aprovechar escenarios regionales como Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. En estos últimos Colombia juega un papel importante porque ejerce las presidencias pro tempore durante 2025. Las cartas están sobre la mesa.