El primer año de gobierno de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca deja un balance agridulce en la seguridad. Por un lado, Cali es menos violenta, aunque no menos importante en el panorama de criminalidad del país. En contraste, el Valle del Cauca se desborda en hechos de la más variada índole protagonizados por el crimen organizado, que no han sido priorizados en las respuestas de las autoridades. Esa mala hora del Valle, que debe comprenderse mejor, podría nublar el momentum que parece estar viviendo Cali y cuyo sostenimiento, ya sin la COP16, se pone a prueba este año.
Lo que dicen las cifras
En 2024, Cali tuvo la tasa de homicidios más baja en los últimos 31 años. Aunque continúa siendo una de las ciudades más violentas del país, la tendencia del homicidio en la ciudad ha estado a la baja a lo largo de la última década. Entre 2023 y 2024 pasó de 1.005 homicidios a 947 (-5,8%), lo que equivale a una tasa de 41,4 homicidios por cada cien mil habitantes, según datos de la Policía procesados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Este logro es importante y puede explicarse por diversos factores: la continuación de una tendencia a la baja, el efecto del reforzamiento de seguridad en el marco de la COP16, el impulso de estrategias de seguridad que lidera la nueva alcaldía, e incluso, una criminalidad menos violenta en la ciudad. Sin embargo, la reducción en homicidios puede ser frágil, como lo mostró el aumento de las cifras de enero de 2025.
No todo mejoró. Aumentó, por ejemplo, la violencia intrafamiliar (23,4% entre 2023 y 2024, según datos de la Policía), la circulación de armas, las violencias que afectan a jóvenes y los riesgos de reclutamiento por parte de bandas criminales en los barrios de la ciudad.
Para algunos sectores caleños y visitantes, el 2024 revivió la ciudad no solo por la visibilidad que le dio la COP16, sino también por las intervenciones en infraestructura, el fomento de una imagen positiva y la percepción de estar en un “nuevo momento” tras los estragos económicos y sociales del estallido social del 2021.
El Valle del Cauca tomó otro rumbo. Aunque entre 2023 y 2024 el homicidio disminuyó 2,3%, baja que probablemente esté asociada a la reducción en Cali, en 2024 fue el tercer departamento con la tasa más alta del país (48,7 por cada cien mil habitantes), después de Arauca (56,1) y el Cauca (50,6).
La situación de los municipios del norte del Valle, Buenaventura, Palmira, Pradera, Florida y Jamundí, no es menor. En el norte, los homicidios aumentaron en Bolívar (de 5 casos en 2023 a 25 en 2024), El Águila (de 9 a 12 casos) y La Victoria (de 3 a 11 casos); Ansermanuevo y Cartago continuaron con tasas altas (234 y 74 por cada cien mil habitantes respectivamente). Y, en el sur del Valle, Florida, Pradera y Palmira también aumentaron sus tasas. La Defensoría del Pueblo emitió durante 2023 y 2024 nueve alertas tempranas por presencia de actores armados ilegales y afectaciones a población civil.
Ordenar la casa mientras el barrio se incendia
Cali y el Valle se enfrentan a un proceso de evolución del crimen organizado que se está dando a la sombra del país. Ambas comparten un rasgo particular respecto a otras regiones: el crimen y las economías ilegales están a la vuelta de la esquina de los cascos urbanos. La minería ilegal en los Farallones ocurre tanto en jurisdicción de Cali como de Jamundí y Buenaventura, y el narcotráfico tiene su asidero estratégico en los polos urbanos y de mayor desarrollo de la región. Se suma que las cabeceras del Valle son de fácil acceso y tienen conectividad.
Preocupa, además, que los actores armados y estructuras de crimen organizado están protagonizando, alrededor de Cali, situaciones de orden público complejas. Solo por nombrar algunos ejemplos, destacan las acciones del EMC en el sur del Valle (una propagación de lo que sucede en el norte del Cauca) y en Tuluá y Buga (donde está el Frente Adán Izquierdo); en Buenaventura la frágil tregua entre 'Shottas' y 'Espartanos', el aumento de homicidios en enero y las dos disputas entre grupos armados en la zona rural de ese municipio; el complejo entramado criminal de La Inmaculada en Tuluá, y otras redes criminales en el norte del Valle.
Para Cali, en particular, la UNODC identificó en 2019, que allí operaban siete tipos de organizaciones criminales, además de 182 agrupaciones vinculadas a actividades ilegales o estructuras criminales, las cuales tenían diversos niveles de organización, jerarquías y formas de operar muy difusas. Este panorama se transformó tras el estallido social de 2021. Hoy, la ciudad presenta focos de violencia localizados y dinámicas microcriminales, en algunos casos, relacionadas con economías ilegales de la región.
Este ecosistema de actores criminales muestra que la criminalidad se expresa en la región en diferentes niveles: uno de grupos armados organizados, otro de un crimen organizado con altas capacidades de regulación, y un último de delincuencia común. Esta diversidad de actores inquieta, pero es aún más preocupante que no sepamos cómo interactúan estos niveles entre sí.
Cali está en el medio, por lo que sostener la efectividad de una estrategia de seguridad local será más difícil ante el riesgo de que la violencia regional impacte la ciudad.
Cali sin COP16 y el Valle sin ruta clara en seguridad: ¿qué viene para 2025?
Podría decirse que la administración de Alejandro Eder organizó la casa en 2024, lo que fue impulsado, sin duda, por la visibilidad que le inyectó la COP16. Lo que resta es atender la decreciente favorabilidad de su gobierno haciendo sostenible estos logros y poniendo el ojo en otras demandas sociales. Y, por supuesto, continuar asumiendo el desafío de reducir diversas formas de violencia en una ciudad que sigue siendo una de las más violentas de Colombia y América Latina.
Sobre la estrategia de la gobernación de Dilian Francisca Toro no hay claridad en el abordaje de los desafíos de los grupos armados, que son diversos y complejos en el departamento, tarea que en todo caso le incumbe también al Gobierno Nacional y, en particular, a la política de Paz Total. Contrario a lo que afirma la gobernadora, el Valle no es el Catatumbo y difícilmente lo será, no porque sea un reto menor sino porque su complejidad actual plantea otro desafío igual de preocupante: el crimen ha evolucionado y no se ha comprendido y atendido a tiempo.
Hay oportunidades que pueden aprovecharse en este año que inicia. Una de las principales es impulsar el Área Metropolitana del Sur Occidente de Colombia, conformada, por ahora, por Cali y Jamundí en el Valle y Puerto Tejada en el Cauca. Iniciativas de integración regional de este estilo serían claves para fomentar la gestión territorial de la seguridad. La buena hora de Cali, al menos durante 2024, podría ser también el motor para clarificar estrategias regionales que pueden ser lideradas desde los gobiernos locales.