El rol de la fuerza pública es garantizar la soberanía del Estado y la seguridad de los ciudadanos, no entrar en la campaña política. De cara al escenario electoral, su papel se restringe a brindar las condiciones de seguridad para que ejerzamos libremente nuestro derecho al voto. Parece una frase de cajón, algo que ya damos por sentado en Colombia, pero hay señales recientes que muestran que las fuerzas militares y la Policía pueden terminar en medio de la refriega electoral de 2026, lo cual es muy inconveniente.
La campaña que ya empezó, promete ser especialmente tensa y conflictiva. Aunque la polarización política se profundizó hace años, con la confrontación entre los expresidentes Uribe y Santos, y se agudizó durante el gobierno de Duque, el clima de enfrentamiento bajo el mandato de Petro no ha sido menos intenso —y todo indica que la contienda será aún más feroz.
Lo que menos necesita esta situación de crispación es una mecha adicional donde la fuerza pública termine en el tire y afloje de los proyectos de país contrapuestos políticamente. Por eso conviene hacer un llamado para que, desde ya, saquemos a la fuerza pública del debate electoral.
No quiero decir con esto que los asuntos de las fuerzas no se puedan debatir. Todo lo contrario: los informes recientes de Semana, El Tiempo y La Silla Vacía ponen sobre la mesa preocupaciones reales por el pie de fuerza, el presupuesto del sector defensa y seguridad, y las condiciones de las capacidades de las fuerzas, que sin lugar a dudas, son centrales para el futuro de Colombia.
Sin embargo, del intercambio entre informes periodísticos y respuestas oficiales, por lo general del Ministerio de Defensa, salta a la vista que tenemos una situación muy poco clara en cuanto a las cifras. No tenemos certeza de la línea de base sobre capacidades (logísticas y operativas), necesidades presupuestales y de pie de fuerza para, en las siguientes décadas, atender los retos de seguridad y defensa.
A esto se suma que los gobiernos más recientes no han sido claros en el verdadero diagnóstico de las capacidades o han decidido postergar decisiones claves para atender condiciones de obsolescencia y actualización operativa y técnica. Una tarea que no hicieron para evitar asumir el costo fiscal y político que generan estos temas en la discusión política nacional. Lo cierto es que el momento definitivo ha llegado: el siguiente gobierno carece de margen para no empezar a atender con visión estratégica, seriedad y rigor el problema.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Una primera propuesta para el Ministerio de Defensa es que abra de forma transparente, pública y confiable los datos al escrutinio en asuntos centrales como el pie de fuerza y las necesidades presupuestales para poner al día las capacidades logísticas y técnicas requeridas para la operación de las fuerzas. Una ventaja de tener un ministro de defensa que es retirado de las mismas filas es su genuina preocupación por el estado de la tropa. Este es el momento para que, sin amagues de complacencia política con el gobierno de turno, las fuerzas le digan al país lo que realmente requieren para cumplir con su misión. Esto implica también el compromiso de prudencia y responsabilidad en el análisis desde el periodismo y los centros de pensamiento.
Con esa apertura será posible hacer un balance y una línea base concreta de las capacidades de las fuerzas militares y de policía, no de cara al siguiente gobierno sino a las siguientes décadas, para que la respuesta a los retos del crimen y de grupos armados ilegales pueda ser eficiente y efectiva.
Ese balance requiere resolver dudas sobre ciertos datos críticos:
El tamaño del pie de fuerza actual y la proyección de cobertura ideal.
El estado de obsolescencia de capacidades mayores como las de helicópteros y aviones de combate (y otra logística de transporte de tropa), el número de horas de vuelo disponible que se tiene por anualidad.
El tamaño de la capacidad estratégica y de inteligencia que se ha perdido por los cambios en las cúpulas del actual gobierno y cómo se plantea suplir eso en cuanto a ascensos e incorporación (incluso si es prudente una reincorporación y en qué términos).
El estimado de déficit presupuestal que año a año carga cada fuerza.
Avanzar en esos puntos cobra mayor relevancia ahora que frente a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad, muchas de las campañas a la Presidencia empiezan a plantear sus apuestas en este campo sin datos reales o certeros sobre las condiciones de las fuerzas.
Si bien todo lo anterior es clave, hay que decir que esto apenas toca el plano operativo. La complejidad de la situación actual requiere de nuevas fórmulas en las estrategias de disuasión y combate, dando por sentado que hay algo de consenso en que la situación de conflicto cambió y que la hibridez de los grupos armados nos lleva cada vez más a retos localizados de crimen organizado, dejando atrás el conflicto armado nacional de corte político.
El reto estratégico en el mediano plazo pasa por definir cuál es el objetivo mayor que persigue la política de seguridad y defensa. Durante muchos años el objetivo mayor era desarticular o desarmar a las FARC, pero luego del Acuerdo de Paz del 2016 como que perdimos el norte. Para el próximo gobierno sería importante, más allá de la campaña electoral, tener elementos de juicio para definir si el objetivo estratégico es recuperar o ganar control territorial, detener el fortalecimiento de los grupos armados, desactivar los ecosistemas de criminalidad críticos como los que se han establecido en torno a la cocaína, el oro ilegal y la deforestación, o si la mezcla urbana de homicidios, extorsión y hurtos son el problema fundamental al que se enfrentan los distintos niveles del Estado.
Al final del día tenemos que resolver la pregunta de cuál es el norte estratégico para enfrentar los cambios que ha tenido el país, qué tipo de fuerzas requiere ese escenario y con qué contamos verdaderamente para adaptarlas. Resolver esas preguntas estratégicas y operativas es crítico. No podemos dejar que la necesaria discusión sobre la fuerza pública continúe con información parcial y atrapada en un debate polarizado estéril, mientras le mandamos el mensaje a los grupos armados de que es momento de fortalecerse y atacar, ya que el Estado está débil y su capacidad se ha visto disminuida.