El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?
Nº 49. Dangerous Liasons: dilemmas for companies in the midst of conflict
Los casos de Chiquita y Drummond han puesto sobre la mesa un tema complejo, el de los vínculos entre empresarios y grupos armados ilegales en Colombia -que no es un problema solo de las multinacionales. Evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. Dichas reglas tendrán que mediar entre las complejidades del conflicto (la magnitud de la extorsión y la dificultad de distinguir entre víctimas y colaboradores) y la tendencia en los estándares internacionales, que es de endurecimiento frente a la conducta de las empresas.
The cases of Chiquita and Drummond have brought a complex issue to the table: the links between business and illegal armed groups in Colombia – which isn’t only a problem of multinationals. Avoiding these links requires, however, greater clarity in the rules of the game for companies. These rules would have to strike a balance between the complexities of the conflict (the magnitude of extortion and the difficulty of distinguishing between victims and collaborators) and a trend of tougher international standards toward business (mis)conduct.