Durante los primeros cuatro meses de 2021 la confrontación armada entre el Estado y las organizaciones armadas ilegales fue menos frecuente e intensa, pero aun así aumentaron los homicidios, las masacres, los desplazamientos y los confinamientos. Si bien la pandemia puede ser parte de la explicación, la estrategia de seguridad del Estado, así como la fragmentación de los grupos armados ilegales, juegan un papel central.
Lo que sugieren los datos es justamente lo que se viene advirtiendo en las regiones: la “militarización” no significa una mayor protección para la población. En el trabajo de campo que hemos realizado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), alcaldes, líderes sociales, víctimas y pobladores, coinciden en afirmar que la presencia de las Fuerzas Militares se ha incrementado, pero que esto no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones de seguridad. De hecho, lo que muestra la evidencia es que un efecto de la persecución del Estado contra las organizaciones armadas no estatales puede ser el aumento de la violencia.
Esta es una fotografía de lo que está sucediendo, aunque es pronto para señalar una tendencia. En este momento de transición, Colombia se mueve entre la permanencia y reconfiguración del conflicto armado, y la violencia del post-acuerdo. Por eso, no es suficiente con señalar que el Estado no llenó los vacíos de regulación y autoridad que dejó el desarme parcial de la FARC: también hay que valorar cómo la intervención del Estado, bajo la lógica del control territorial, estaría aumentando la vulnerabilidad de los civiles, especialmente cuando el objetivo central no es su protección.
1. La confrontación armada es menos frecuente e intensa
Contrario a lo que venía ocurriendo en la etapa posterior a la firma del Acuerdo de Paz, en los primeros cuatro meses de 2021, los combates entre la Fuerza Pública y las distintas organizaciones armadas ilegales disminuyeron. Este descenso se explica, sobre todo, por lo que ha ocurrido con el ELN. Como lo ha señalado la FIP, las acciones contra esta organización han descendido. Por ejemplo, en 2021, las capturas de sus miembros bajaron 14% en comparación con el primer cuatrimestre de 2020, y 63% con 2019.Los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales también bajaron, especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca, mientras que en el Bajo Cauca continúan en los mismos niveles. El predominio de una de las facciones armadas, los frágiles y localizados equilibrios de poder ilegal, y también la mayor presencia —temporal— de las Fuerzas Militares, son las explicaciones principales.
2. Disminuyeron las acciones armadas de los grupos armados no estatales y las facciones
En los primeros cuatro meses del 2021, estas acciones —que incluyen ataques a la infraestructura y bienes civiles, así como hostigamientos y emboscadas— tuvieron un notable descenso. Lo registrado por el Sistema de Información de la FIP guarda relación con las denominadas “acciones terroristas” que reporta el Ministerio de Defensa. Estas son acciones consideradas de bajo esfuerzo militar ya que no requieren, para su despliegue, de grandes contingentes armados ni capacidad de fuego.
Como se puede observar, las dos fuentes tienen una tendencia similar desde 2017 y coinciden en la fuerte caída en el primer cuatrimestre del 2021.
Llama la atención que el descenso de las acciones armadas se da de manera homogénea entre los distintos grupos. Los departamentos donde esto ocurre son zonas de influencia del ELN: Norte de Santander, donde se pasó de 32 acciones armadas en el primer cuatrimestre de 2020 a 11 en el mismo periodo de 2021, y Arauca, que pasó de 16 a 8. También se dio un descenso en el Cauca, de 18 a 5 acciones.
Hay, al menos, tres hipótesis no excluyentes para analizar esta tendencia:
- El aumento de la presencia armada del Estado ha tenido un efecto disuasivo, con facciones ilegales locales que optan por replegarse y evitar acciones que llamen la atención. Esto como parte de una guerra de guerrillas, donde la capacidad armada del Estado es claramente superior.
- Los grupos armados ilegales han logrado establecerse en zonas de difícil acceso y de baja intervención por parte de la Fuerza Pública, donde la confrontación es poco frecuente.
- La frontera y el hecho de que las organizaciones armadas ilegales —incluida parte de su comandancia— evadan la persecución del Estado refugiándose en Venezuela.
3. Por el contrario, los homicidios a nivel nacional se incrementaron en un 15%, y un 19% en los municipios PDET
En los municipios focalizados para la implementación del Acuerdo de Paz (que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET), la baja en los homicidios en la etapa de diálogos entre el Gobierno y las FARC ha sido precedida por un alza en la fase de implementación. En el primer cuatrimestre de 2020 ocurrió de nuevo una caída, pero por cuenta de las restricciones de la pandemia.
Sobre este punto, un asunto a considerar es si es posible comparar lo que ocurrió el primer cuatrimestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior. Como se puede observar en el siguiente gráfico, mientras que en 2020 hubo una fuerte caída de la movilidad —producto de las restricciones sanitarias— en 2021 esta situación ha tendido a normalizarse. Ya se había advertido que la baja en las muertes violentas y otro tipo de delitos era algo atípico y reversible.
Lo que llama la atención es que, obviando el 2020, el número de homicidios en 2021 es más alto que 2019 y mucho mayor que el 2017, lo que confirma la tendencia al incremento.
Detrás de estos homicidios hay diferentes causas y es difícil establecer el peso real de la violencia instrumental y organizada. Además, no hay que olvidar que las dinámicas de la violencia son locales y muchas veces fragmentadas. Sin embargo, con respecto a los municipios PDET, llama la atención los incrementos en Tumaco (que pasó de 50 muertes violentas en los primeros cuatro meses de 2020, a 74 en el mismo periodo de 2021); Buenaventura (de 34 a 62); Tarazá, en Antioquia (de 23 a 43); Tibú, en Norte de Santander (de 18 a 24); y Santander de Quilichao, en el Cauca (de 18 a 31), donde hay una clara influencia de distintos actores armados que buscan consolidar su control. En todos estos municipios se ha fortalecido el dispositivo militar y policial para desarrollar operaciones contra los grupos armados ilegales.
4. Las víctimas de masacres se incrementaron 70%: el cuatrimestre con el número más alto en la última década
Hay que recordar que, según el Ministerio de Defensa, 2020 fue el año con mayor número de víctimas de masacres desde 2012, con 162. Por esto, es notable que en los primeros cuatro meses de 2021 el número de personas asesinadas en este tipo de hechos se haya incrementado un 70%.
De nuevo, no hay un único grupo armado responsable, ni tampoco un solo patrón. Estos hechos continúan ocurriendo tanto en zonas rurales alejadas como en áreas urbanas y en municipios que, contrario a las versiones oficiales, no siempre tienen cultivos ilícitos. La respuesta del Estado han sido Consejos de Seguridad reactivos, en donde se asumen compromisos que no son monitoreados y que carecen de capacidad de implementación, especialmente en lo local. La Fiscalía continúa reportando el “esclarecimiento” de algunos hechos como una medida de éxito, dejando un trecho largo para que los casos no queden en la impunidad.
5. Los homicidios de excombatientes de las FARC no descendieron
De acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en el primer cuatrimestre de 2021 ocurrieron 24 homicidios de personas en proceso de reincorporación; es decir, un caso más de lo registrado en el mismo periodo de 2020 y siete más en comparación a 2019.
En el informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas se afirma que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, los excombatientes siguen estando en riesgo y se han visto obligados a trasladarse por problemas de seguridad, abandonando los lugares en los que estaban llevando a cabo su proceso de reincorporación debido a las amenazas. Además, el informe señala que “también enfrentan amenazas los familiares de excombatientes, especialmente sus parejas e hijos, para quienes no existen mecanismos de apoyo específicos”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se pronunció, expresando preocupación porque las medidas adoptadas para proteger a excombatientes eran insuficientes y mostraban poca coordinación.
6. Las víctimas de desplazamiento forzado subieron 80% y las de confinamiento 132%
Según la información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las víctimas de desplazamiento pasaron de 13.000 en el primer cuatrimestre de 2020, a un poco más de 23.500 en el mismo periodo de 2021. La mayoría de los casos se presentaron en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. Mientras tanto, las víctimas de confinamiento pasaron de un poco más de 8.700 a algo más de 20.000, siendo Chocó, Nariño y Antioquia los departamentos con las cifras más altas.
Un asunto para destacar es que los desplazamientos y confinamientos no suelen ser consecuencia de combates y enfrentamientos abiertos y prolongados, sino que se producen por las amenazas de grupos armados ilegales y como consecuencia de hechos de violencia. En algunos casos, las comunidades se ven obligadas a restringir su movilidad ante la instalación de campos minados.
Además, de acuerdo con el seguimiento regional de la FIP, hay un número considerable de víctimas que se desplazan de manera individual, lo que genera un sub-registro.
7. Los homicidios de líderes sociales descendieron, pero las amenazas se estarían incrementando
Según la información de la Base de Datos de agresiones a líderes de la FIP, en el primer cuatrimestre de 2021 los homicidios bajaron 49%: el número más bajo desde que comenzó la implementación del Acuerdo en 2017. Organizaciones como Somos Defensores han advertido que, en el inicio del año, mientras que las muertes violentas descendieron, las amenazas se incrementaron. Esta misma dinámica ocurrió en 2019.
La violencia puede ser ejercida de distintas formas y con intensidades diferentes, con momentos en los que es más explícita y directa, y otros en los que la intimidación y la amenaza son la norma. Por eso, para comprender el grado real de afectación y riesgo, se requiere no solo observar los homicidios, sino seguir los distintos repertorios de violencia y sus dinámicas locales.
Una estrategia de seguridad que no da resultados
La estrategia de seguridad del Gobierno, que tiene como objetivo el control territorial, apunta a impactar las economías ilegales —especialmente los cultivos ilícitos— y las facciones armadas ilegales a través de los “objetivos de alto valor”, pues entienden que son los principales responsables de la violencia.
En los primeros cuatro meses de 2021 el número de hectáreas erradicadas forzosamente aumentó, según el Ministerio de Defensa, 75% en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasó de un poco más de 17.000 hectáreas a más de 30.000. Mientras tanto, las capturas de lo que denominan “miembros del crimen organizado” —dentro de los que se encuentran las disidencias— casi se doblaron. Hay ya una rutina en la presentación de capturas de segundos y terceros al mando de estas organizaciones.
Pero desde la perspectiva de los actores locales, la militarización no se ha traducido en protección y, por el contrario, ha aumentado sus vulnerabilidades.
El resultado podría ser un conflicto prolongado y de baja intensidad, con actores armados fragmentados, que tienen poca capacidad para enfrentar a la Fuerza Pública y realizar acciones armadas, pero que siguen dinamizando la violencia en municipios y veredas. Las economías ilegales continúan teniendo un papel importante en medio de la confluencia del crimen y el conflicto, con facciones armadas que tienen capacidad de regulación y proveen orden en lo local (es decir, cierta forma de poder político). Hoy, ninguna de ellas se propone la toma del poder, pero sí adaptarse, resistir y —si es posible— ganar fuerza.
Este es un escenario para el cual el Estado no está preparado, acostumbrado a confrontar grandes organizaciones bajo la contrainsurgencia y la lucha antinarcóticos. Hoy, el Estado no tiene una guerra que perder o ganar: su mayor reto es proteger a la ciudadanía y construir legitimidad. Por esto, se requiere una versión renovada de la seguridad, con capacidades en lo local, cercana a los ciudadanos, con un liderazgo verdaderamente civil, con menos impunidad y más justicia. Este es un mensaje que retumba en las movilizaciones y las protestas.