Golpe estratégico
La captura de ‘Otoniel’ es un hito importante de la Política de Seguridad del gobierno Duque, tras más de cinco años de la operación “Agamenón”, uno de los esfuerzos operativos y de inteligencia más importantes de los últimos tiempos. A pesar de las limitaciones que ha presentado la estrategia de descabezamiento de organizaciones criminales —que busca golpear los principales liderazgos de organizaciones criminales— es importante reconocer dos aspectos diferenciales de Agamenón I y II.
Primero, la captura del líder del Clan del Golfo no es un punto de partida sino uno intermedio de la ofensiva del Estado. En los últimos años se ha logrado afectar al Clan del Golfo —autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— en distintos niveles, incluido el lavado de activos y la muerte de varios de los eventuales sucesores de mando como ‘Gavilán’ (2017), el ‘Indio’ (2018) y ‘Marihuano’ (2021), que fueron debilitando la capacidad de mando y control dentro del grupo.
Segundo, puesto en contexto, este descabezamiento sí puede representar un cambio sustancial en la guerra contra las AGC: se acaba la generación de las tres guerras (EPL[1], AUC, AGC), un símbolo importante en el formato de ejército que pretendía consolidar ‘Otoniel’. Con su captura se avanza en la domesticación[2] de esta organización criminal.
Lo que ha mostrado la estrategia de golpear a los máximos líderes de las estructuras armadas, es que el impacto sobre ellas es diferenciado según las características de cada organización. Las AGC son un conjunto de estructuras que funcionan de manera diferente a lo que eran las antiguas FARC, pues dan mayor autonomía a sus diferentes mandos y funcionan en red. Eso hace que los relevos en la cadena de mando se pueden dar de manera más rápida. Sin embargo, esto puede cambiar si se presentan discrepancias entre aquellos comandantes que pretendan tomar el control de la organización.
Este descabezamiento sí puede representar un cambio sustancial en la guerra contra las AGC: se acaba la generación de las tres guerras (EPL, AUC, AGC), un símbolo importante en el formato de ejército que pretendía consolidar ‘Otoniel’.
Contexto de la Operación Osiris
La captura de ‘Otoniel’ se da en un momento en que el gobierno se propuso fortalecer la Operación Agamenón, que venía en un proceso de decaimiento. Esta operación enfrentó entre 2019 y 2020 cuatro obstáculos: la filtración de información por parte de miembros de la Fuerza Pública; la constante rotación de los altos mandos que la lideraban; la disminución del pie de fuerza, y la falta de recursos[3].
Por otro lado, dentro de las AGC comenzaron a ser evidentes los problemas por cuenta de la sucesión de los altos mandos que fueron dados de baja. Esto ocurrió a raíz de la falta de perfiles apropiados y diferencias entre algunos miembros de la cúpula[4]. Un ejemplo es que, tras la muerte de ‘Marihuano’, la Policía confirmó que los jefes rivales de este cabecilla en las AGC entregaron información a las autoridades para que pudiera ser ubicado[5].
A eso se suma que cuando ‘Otoniel’ fue capturado se encontraba aislado, concentrado en huir del cerco militar, por lo que es muy probable que la toma de decisiones importantes en la organización ya estuviese en manos de otros mandos altos o medios de las AGC.
Dentro de las AGC son evidentes los problemas por cuenta de la sucesión de los altos mandos que han sido dados de baja. Esto ocurre por la falta de perfiles apropiados y diferencias entre algunos miembros de la cúpula.
El estado actual de las AGC
Las AGC comenzaron un proceso de expansión y fortalecimiento producto de la desmovilización de las FARC con el que llegaron al norte del Chocó, al norte de Antioquia y a algunas zonas del sur de Córdoba. Sin embargo, este proceso se desaceleró con el lanzamiento de la segunda fase de la Operación Agamenón, en 2017, que arrojó importantes resultados operacionales en casi todos los niveles organizacionales de las AGC.
Aun así, ni las acciones de la Fuerza Pública, ni las disputas que el grupo actualmente sostiene, han significado una pérdida significativa de su capacidad de producir afectaciones humanitarias ni de extender su influencia territorial. Hay cuatro muestras de ello:
- Mantienen su núcleo estratégico y su centro de gravedad en el Urabá antioqueño.
- No han perdido ninguna de las disputas en las que se involucraron, porque su proceso de fortalecimiento[6] ha sido eficiente en mantener la capacidad militar y los activos territoriales. Así, por ejemplo, se impusieron a Los Caparros en el Bajo Cauca[7]; repelieron al ELN en el norte del Chocó y actualmente le disputan el centro-sur de este departamento; resisten la arremetida del Frente 18 de las extintas FARC en Ituango; consolidaron su control en gran parte de Córdoba, y se mantienen en el sur de Bolívar a pesar de la fragilidad de sus acuerdos con el ELN y la rápida expansión de una disidencia de las FARC.
- Emprendieron procesos de expansión que resultaron en el control de dos zonas, aunque su desenlace aún es incierto: en Norte de Santander aparentemente absorbieron a Los Rastrojos[8], y en Nariño consolidaron una estructura llamada “Cordillera Sur”, que se enfrentó a la Columna Franco Benavides de las disidencias de las FARC. Algunas autoridades afirman que este grupo fue cedido a la Segunda Marquetalia por un pago[9].
- Mantienen sus capacidades para funcionar de forma diferenciada, tanto en lo militar como en la manera de cooptar expresiones delincuenciales y urbanas en algunas zonas del país, como el suroeste antioqueño.
Que las AGC conserven estas capacidades demuestra que pueden sobrevivir a procesos de fragmentación interna, como el surgimiento de Los Caparros, estructura armada del Bajo Cauca que se separó de las AGC en el 2017. Esta fragmentación ocurrió tanto por la neutralización de mandos altos y medios, como por la pretensión de ‘Otoniel’ de tener acercamientos con el Gobierno de cara a un eventual sometimiento a la justicia.
Las AGC tras la captura de ‘Otoniel’
Afirmar que la captura de ‘Otoniel’ constituye el fin de las AGC es apresurado y alejado de la realidad. Sin duda, es un momento definitivo en la trayectoria de este grupo, pero es de esperarse que, incluso, a pesar de eventuales procesos de fragmentación, alguna de las facciones restantes mantenga la marca (AGC) y los activos de la organización a nivel económico y militar.
Afirmar que la captura de ‘Otoniel’ constituye el fin de las AGC es apresurado y alejado de la realidad.
Es importante entender que la economía política del funcionamiento de las AGC va mucho más allá del narcotráfico. Se trata de una organización con un extenso y robusto control territorial en el norte del país que trasciende a las rentas derivadas del tráfico de drogas, aunque hay miembros de la organización dedicados en su totalidad a este negocio y que no se involucran en las disputas armadas. Sobre esto, se destacan dos aspectos:
- Las AGC tienen un pie de fuerza militar organizado y experimentado capaz de causar gran impacto humanitario, como sucedió recientemente en Chocó, donde desplazaron a más de 4.000 personas[10]. Por un lado, saben combatir a la Fuerza Pública y otros grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC; por otro, han logrado extender sus redes de influencia tercerizando grupos de delincuencia común con los que influyen en las dinámicas de microtráfico[11].
- Las AGC regulan la vida pública y privada[12] de las comunidades que viven en las zonas bajo su control y suplantan a la justicia. Han mostrado que tienen la capacidad de imponer reglas de juego a partir del uso de las armas, estableciendo normas de conducta, castigando a quienes las trasgreden (consumidores de droga, personas involucradas en riñas o acusados de violencia intrafamiliar[13]), dirimiendo conflictos (por dinero o por interés del grupo), influenciando elecciones regionales, controlando actividades económicas[14], dirigiendo obras comunitarias[15] y ofreciendo servicios de seguridad. En varias regiones se afirma que las agresiones contra líderes sociales son producto del rechazo a la regulación impuesta por las AGC.
Por eso, los efectos de la captura de ‘Otoniel’ en materia del mercado de drogas —principalmente el narcotráfico— podrían ser leves y limitados: las conexiones e intermediarios de los enclaves de producción y las rutas controladas por los mandos medios de las AGC y los compradores internacionales no sufrirán mayor afectación logística.
Sin embargo, las repercusiones en materia de violencia, afectaciones humanitarias —como masacres, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad o violencia sexual— y otras economías ilegales asociadas a ejercicios de control territorial como la extorsión, la minería ilegal, la acumulación de tierras y la captura de recursos públicos, pueden presentar variaciones importantes.
Los efectos de la captura de ‘Otoniel’ en materia del mercado de drogas —principalmente el narcotráfico— podrían ser leves.
Estas variaciones estarían determinadas por retaliaciones, ajustes de mando, renegociación de las reglas de juego y escenarios locales de delincuencia común o de intermediación con estructuras apadrinadas o subcontratadas por las AGC. Todo esto dependerá, en gran medida, de la transición que se acuerde o no entre ‘Chiquito Malo’, ‘Siopas’ y ‘Gonzalito’. Todos ellos tienen influencia en la zona estratégica de AGC: sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca y Chocó.
Las AGC vienen presentando serios problemas de desconfianza interna. El hecho de que la Operación Osiris se haya producido, presuntamente, como resultado de información que entregaron los propios hombres de ‘Otoniel’, y que la recompensa de 3.000 millones de pesos se haga efectiva, profundiza estos problemas.
Escenarios de continuidad
La continuidad de las AGC tras la captura de ‘Otoniel’ está marcada por el proceso de fragmentación y de fenómenos localizados de violencia que hoy caracterizan la evolución de la confrontación armada en el país.
- Las AGC seguirán siendo el actor determinante del conflicto en su zona tradicional de influencia, amparadas bajo la misma marca y la continuidad de los esquemas regulatorios que han impuesto en los municipios que controlan. Las estructuras que permanezcan afiliadas bajo la sombrilla de AGC continuarán concentradas en acumular rentas ilegales —principalmente el narcotráfico— al igual que rentas extorsivas en zonas como el Urabá.
- En la medida en que las AGC sigan siendo una organización más enfocada en la eficiencia que en la seguridad —es decir, que priorice la acumulación de rentas y no tanto preservar a sus mandos militares— es poco probable que haya cambios a nivel local en el juego de poder de las economías ilegales, en donde son el actor principal. Esto significa que es previsible que su relación extorsiva y de intentos de construcción de legitimidad con las comunidades se mantenga, al menos en el corto plazo.
- En el escenario inmediato se seguirán presentando retaliaciones contra la Fuerza Pública. Los planes pistola, los paros y los ataques tras la muerte o captura de un importante líder son comunes en las AGC. En el 2012 decretaron un paro armado en seis departamentos tras la muerte del entonces máximo líder, alias ’Giovanny’, lo mismo que en el 2016 para conmemorar la muerte de alias ‘El Negro Sarley’. Es previsible que ataques armados como el registrado esta semana en Turbo, donde murieron cuatro militares, se sigan presentando[16].
- Van a fortalecer sus redes de vigilancia y control. Al ser un grupo armado conocido por tener redes de vigilancia eficaces en todas sus zonas, los territorios que controlan pueden ser aún más inaccesibles para trabajadores humanitarios, investigadores y entidades como la Defensoría del Pueblo.
Escenarios de ruptura
Con las Operaciones Agamenón I y II, las AGC han perdido la naturaleza de ser un clan anclado a los Úsuga y a sus redes de parentesco y afinidad, sobre el que se había construido su núcleo central. Es el caso de la captura de los hermanos de ‘Otoniel’: Fernando en el 2018, Carlos Mario en el 2019, y Johana, recapturada en marzo de este año. Aunque el ocaso de los Úsuga inició con la muerte de Juan de Dios Úsuga, en 2012, y la captura de un número importante de sus primos, con la caída de ‘Otoniel’ el componente transaccional (concentrado en el negocio) termina por opacar el componente identitario del grupo (códigos sobre con quién se negocia y cómo).
Con la caída de ‘Otoniel’, el componente transaccional (concentrado en el negocio) termina por opacar el componente identitario del grupo (códigos sobre con quién se negocia).
Lo anterior tiene que ver con la evolución organizativa del Clan del Golfo desde la captura de Don Mario (2009) en la primera versión más atomizada de las AGC; el tránsito hacia los Urabeños, ya bajo el mando de los Úsuga (2011); la denominación estatal del Clan del Golfo, y esta segunda versión más cohesionada de las AGC, con sus respectivos estatutos (2013), liderada por ‘Otoniel’.
Durante la última década, la organización ha tenido diferentes facetas que oscilan entre lo puramente transaccional —donde prima el carácter de cartel concentrado en la acumulación de rentas— y el formato identitario caracterizado por un discurso de autodefensa heredero del paramilitarismo, anclado a intereses territoriales y no propiamente ideológicos.
Sin ser antagónicas, la primera faceta es la que prima en los territorios en donde las AGC no son el actor dominante y en donde es más factible que se empiecen a percibir variaciones o incluso rupturas. Este es el caso de Norte de Santander; Atlántico, los límites entre Cauca y Nariño y, en los Llanos Orientales donde han intentado incursionar. Por el contrario, el componente identitario del Clan, que se refleja en la forma cómo se comportan en los territorios controlando aspectos de la vida social, persistirá en donde son el actor dominante como el sur de Córdoba y nordeste de Antioquia.
Estas rupturas pueden emerger en las zonas en las que el grupo coexiste con otros o está en disputa, ya que sus oponentes las pueden percibir como una ventana de oportunidad para confrontarlo o negociar nuevos arreglos. De allí pueden surgir procesos similares al de Los Pachenca, cuando ‘Chucho Mercancía’ pasó de los Urabeños a tomar las riendas de los herederos de Hernán Giraldo en el 2013, o como el de Los Caparros en el 2017.
- En las zonas de dominio, como sur de Córdoba y Urabá, puede haber riesgo inminente de ajusticiamientos o violencia focalizada (homicidios selectivos, masacres, desplazamientos), tanto de sus propios miembros como de familiares y personas de la comunidad a quienes acusen de dar información o colaborar con la Fuerza Pública. Esto va a generar un aumento en la intensidad de las formas en que controlan el territorio, con el objetivo de impedir la colaboración y el ingreso de la Fuerza Pública o de otros adversarios como el ELN y las disidencias de las FARC.
- Las AGC adelantan disputas regionales y locales en lugares en donde les han aparecido competidores directos, como en la costa Caribe con la Banda de los Costeños[17], o en el Catatumbo donde han incursionado para combatir al ELN, principalmente en la zona rural de Cúcuta. Estos procesos de confrontación pueden verse alterados por eventuales momentos de repliegue, cooptación o lógicas de violencia disciplinaria y competitiva[18].
- Es probable que aumenten los riesgos para los defensores ambientales, líderes de tierras y comunales teniendo en cuenta que las operaciones contra la organización y la búsqueda de ‘Chiquito Malo’ se seguirán concentrando en áreas de especial importancia ambiental como el Parque Nacional Natural Paramillo y sus inmediaciones.
Las rupturas pueden emerger en las zonas en las que el grupo coexiste con otros o está en disputa, ya que sus oponentes las pueden percibir como una ventana de oportunidad para confrontarlo o negociar nuevos arreglos.
En resumen, los efectos de la captura de ‘Otoniel’ en las dinámicas de la confrontación armada en el país dependerán de la respuesta del Estado a un eventual contexto de criminalidad fragmentada marcado por la ausencia de grandes capos. Esto requiere de un ajuste de la estrategia de seguridad para responder a guerras localizadas, protagonizadas por grupos fragmentados con un portafolio diversificado de economías ilegales y prácticas regulatorias. Lo que viene para los territorios en donde las AGC tienen presencia o ejercen algún grado de control territorial depende de tres factores:
1. Cuáles AGC y en dónde. La presencia diferenciada de las AGC y su relacionamiento con las comunidades, con otros grupos y con el Estado. Aquí es determinante qué tipo de AGC hace presencia en cada región y cuáles son las características de la economía política que pretenden imponer.
2. Transición interna. El proceso de transición al interior de la estructura y la manera en que los intereses particulares de las diferentes facciones converjan alrededor de los arreglos económicos y militares que medien la relación entre los mandos del Urabá y los del resto del país.
3. Sostenibilidad y estabilización. La sostenibilidad de la Fuerza Pública en lo militar contra los mandos llamados a suceder a ‘Otoniel’, y la capacidad de adelantar iniciativas sólidas de estabilización en aquellos municipios afectados por el orden regulatorio de las AGC, principalmente los municipios PDET. Es decir, una estabilización cuya prioridad sea proteger a las comunidades y establecer las condiciones para fortalecer a las demás instituciones del Estado.
En lo que sigue, la prioridad debe ser garantizar la protección de las comunidades en aquellos lugares donde la presencia del Clan del Golfo ha sido sostenida. Lo anterior pasa por transitar de una fuerza de ocupación —como lo ha sido el despliegue militar de Agamenón— al fortalecimiento de capacidades locales en materia de seguridad y convivencia. Más allá de la decapitación de organizaciones criminales, lo que puede generar más seguridad para las poblaciones es lograr consolidar los sistemas locales de seguridad y justicia, haciendo un esfuerzo institucional que pase por aspectos que no son militares, pero sí determinantes para que la conflictividad disminuya.