Colombia enfrenta un escenario de transición volátil. En noviembre de 2018 se cumplieron dos años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y el balance no se corresponde con las expectativas de disminución de la violencia y transformación de los territorios más afectados por el conflicto.
Se hicieron palpables las dificultades del Estado para controlar el territorio e implementar asuntos estratégicos del Acuerdo, como la reincorporación, la protección de líderes sociales y la sustitución de cultivos ilícitos. Todo ello en un contexto electoral marcado por la polarización alrededor de dicho acuerdo, y por la configuración de un nuevo balance político en los países vecinos, con la agudización de la crisis venezolana en el centro del escenario.
Durante el 2018, en la FIP dedicamos parte de nuestros esfuerzos a adoptar el pensamiento sistémico para comprender mejor los factores que inhiben la construcción de una paz sostenida en Colombia e identificar oportunidades de cambio donde la Fundación pueda hacer la diferencia. De igual forma, continuamos con nuestra agenda de incidencia en debates y políticas públicas claves para la seguridad y la construcción de paz.
En el debate público posicionamos nuestros análisis sobre las transformaciones del conflicto armado y la violencia después de la desmovilización de las FARC. Se destaca el estudio sobre las causas del surgimiento y evolución de las disidencias, que fue ampliamente reseñado en medios nacionales e internacionales y que se constituyó en un referente obligado sobre esta problemática. También fuimos reconocidos por nuestros llamados de atención sobre la preocupante evolución de los homicidios y la ausencia de políticas diferenciadas para contener su crecimiento en algunas ciudades y regiones del país.
Resalto el impacto en medios que tuvieron nuestros análisis sobre el problema de cultivos ilícitos y, en particular, el seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que nos permitió aportar oportunamente a la formulación de la política “Paz con legalidad” de la Alta Consejería para el Posconflicto. Lo mismo ocurrió con nuestro informe sobre el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyas recomendaciones fueron recogidas por la Agencia de Renovación Territorial y que llevó a que actualmente estemos participando en la elaboración del respectivo apartado del Plan Nacional de Desarrollo.
De nuestro trabajo alrededor del sector empresarial quisiera destacar el inicio de varios proyectos de largo aliento que, en su conjunto, buscan encontrar soluciones para mejorar la confianza y cooperación entre empresas, comunidades e instituciones públicas a fin de contribuir a transformar las condiciones en zonas golpeadas por el conflicto y la ilegalidad. Para complementar, está la alianza que iniciamos con la escuela de negocios de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) y que esperamos afianzar este año para ayudar a desarrollar proyectos productivos viables en zonas rurales vulnerables.
Por otro lado, aportamos a la reflexión sobre la participación del sector empresarial en la Comisión de la Verdad, entidad con la que nos aliamos para conformar un grupo de trabajo sobre el rol de los actores empresariales en procesos de verdad. Y, en desarrollo de nuestro objetivo de propiciar conductas empresariales responsables, participamos activamente en la revisión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, así como en la elaboración de una nueva propuesta que ya fue entregada al Gobierno Nacional.
También quisiera señalar que en 2018 concluimos la primera fase de nuestro trabajo enfocado a entender y proponer soluciones a la problemática de la formalización de tierras en zonas afectadas por el conflicto y los cultivos ilícitos, mediante el acompañamiento a la Agencia Nacional de Tierras en la implementación del Decreto 902, que unificó los procedimientos para adjudicar baldíos. Como resultado, planteamos recomendaciones que fueron incorporadas al proceso de aplicación de este decreto y actualmente estamos participando en la elaboración de la política del gobierno que busca modernizar de manera significativa la formalización de tierras en el país.
Frente al fenómeno de la migración masiva, que es nuevo para Colombia, iniciamos una línea de investigación que nos permitió aportar evidencia que le quita piso a la percepción estigmatizante de que los migrantes son causantes del deterioro de la seguridad ciudadana. Los resultados de este estudio fueron incluidos en el CONPES 3950, que establece la política para atender la crisis migratoria en el país.
En el ámbito internacional, destaco que aportamos a la construcción del Plan Hemisférico para reducir los homicidios en América Latina promovido por la OEA. También, participamos en varios escenarios del más alto nivel en Naciones Unidas donde compartimos nuestros aprendizajes y recomendaciones sobre empresas y derechos humanos, y sobre la vinculación del sector empresarial a la construcción de paz.
El 2018 fue, además, un año en el que fortalecimos el desarrollo de plataformas innovadoras que están al servicio de distintos actores para la construcción de paz y la seguridad. El Sirirí, que mide la calidad y la eficacia de la participación ciudadana en espacios de diversa índole, y que ya cuenta con 10 aliados regionales, está disponible a través de un curso virtual gratuito. Empaz, que desarrollamos en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá para medir la contribución del sector empresarial a la paz —y que fue creada, inicialmente, para el sector agroindustrial—, se empezó a adaptar a otros contextos.
En el ámbito de la seguridad, desarrollamos una plataforma de asistencia para que las alcaldías puedan estructurar sus planes de seguridad ciudadana y hacerles un seguimiento pormenorizado. Esta plataforma fue piloteada y validada en una veintena de municipios de alta complejidad y estamos actualmente trabajando para escalar su uso a nivel nacional.
Para finalizar, quiero resaltar que en la FIP celebramos que nuestra labor siga siendo reconocida a nivel nacional e internacional. Somos una de las organizaciones de la sociedad civil más admiradas en Colombia, según el Panel de Opinión que realiza Cifras y Conceptos a líderes de opinión. Y en la región, uno de centros de pensamiento más importantes en América Latina, según el Índice Global Go To Think Tank, que hace anualmente la Universidad de Pennsylvania.
Que esta carta sea una invitación a conocer más nuestro trabajo, así como los aportes que hicimos durante el 2018 para la construcción de paz y la seguridad en Colombia.