2025 fue un año de grandes tensiones para Colombia. El inicio anticipado de una campaña electoral altamente polarizada, las alertas sobre la estabilidad de nuestras instituciones democráticas y el deterioro persistente de la seguridad en zonas rurales y urbanas configuraron un escenario complejo para el país. Este contexto coincidió además con profundas transformaciones en el entorno internacional que están redefiniendo las perspectivas de la democracia, la economía global y el papel de la cooperación internacional.
Estos cambios han tenido implicaciones directas para las organizaciones de la sociedad civil como la FIP, que durante décadas contamos con el respaldo de la cooperación internacional para contribuir al debate público y al diseño de soluciones frente a los desafíos de paz y seguridad en el país.
Logramos navegar en medio de estas circunstancias. Por un lado, nos posicionamos como una de las voces independientes más escuchadas sobre la evolución crítica de la violencia organizada en Colombia. A partir de un seguimiento sistemático de las dinámicas territoriales, nuestros análisis permitieron arrojar luces sobre las transformaciones de los grupos armados, las economías criminales que dinamizan, las formas de gobernanza local que ejercen y las disputas crecientes por el control territorial y sus rentas.
También se evidenció la necesidad de superar las lecturas y respuestas del pasado. Los cambios en las dinámicas del conflicto y del crimen organizado exigen políticas de seguridad que incorporen las lecciones aprendidas, se adapten al nuevo escenario territorial y partan de un conocimiento más preciso de las capacidades del Estado para responder a estos desafíos.
Sumado a esto, continuamos avanzando en nuestro trabajo con el sector empresarial, reconociendo su papel fundamental en la generación de desarrollo y su potencial para contribuir a la construcción de espacios de gobernanza territorial más incluyentes y sostenibles. En este propósito, acercamos a las empresas a procesos de transformación territorial en regiones críticas como el Catatumbo y el Pacífico Nariñense; continuamos desarrollando herramientas que promueven prácticas empresariales responsables, como la debida diligencia en derechos humanos. En el marco de la transición energética justa, introdujimos en el contexto nacional modelos de participación accionaria de comunidades en proyectos de energía renovable como instrumentos para promover desarrollo territorial y fortalecer la relación entre empresas y comunidades.
En 2025 impulsamos un proceso de transformación institucional de la Fundación que nos permite adaptarnos a los cambios internacionales en las agendas de paz y seguridad. A partir de un análisis estratégico de nuestras capacidades y oportunidades, definimos un portafolio de soluciones. Durante 2026 avanzaremos en su implementación con el objetivo de fortalecer nuestra competitividad y capacidad de incidencia, con miras a consolidar el posicionamiento de la FIP como un aliado clave en el diseño e implementación de soluciones para la transformación de los territorios más afectados por la violencia organizada.
El 2026 se perfila como un año de importantes desafíos para la seguridad y la construcción de paz en Colombia. Desde la FIP continuaremos aportando al debate público en las agendas de paz, seguridad y desarrollo, al tiempo que fortaleceremos nuestra capacidad de incidencia en la gobernanza territorial y en la formulación de propuestas estratégicas que contribuyan a orientar las decisiones del próximo gobierno.
Los invitamos a conocer en este informe los logros de nuestra gestión, que reflejan el trabajo y compromiso de una organización en evolución, comprometida con el país y con la construcción de paz.