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Análisis / 16 de febrero de 2022 / Tiempo de lectura: 6 min.

Análisis FIP | ¿La mala hora de las Curules de Paz?: escenarios de riesgo y acciones prioritarias

Aunque el camino ha sido arduo, las Curules de Paz establecidas en el Acuerdo Final para ampliar la participación política de las víctimas del conflicto, son una realidad. Sin embargo, como cualquier proceso electoral, no están exentas de riesgos. A tres semanas de elegir a los primeros representantes, la FIP pone la lupa sobre acciones urgentes.

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Centro de votación © COLPRENSA
  • Autore/as
  • Jorge Mantilla B.
    Jorge Mantilla B. Director de área
  • Irina Cuesta A.
    Irina Cuesta A. Investigadora
  • Tatiana Prada C.
    Tatiana Prada C. Investigadora
  • Paula Tobo C.
    Paula Tobo C. Investigadora junior
  • Angie Durán G.
    Angie Durán G. Asistente de investigación

Pese a la cantidad de obstáculos que han tenido que sortear, en agosto de 2021 las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) al fin se hicieron realidad. Un hecho importante porque su rol no es menor: además de ampliar la representatividad territorial en la Cámara, buscan aportar a la reparación y garantías de no repetición, así como a construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado.

Como proceso electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación por parte de maquinarias políticas. Además, el país cerró 2021 con un estado preocupante en la seguridad territorial: la mayor cantidad de desplazados en los últimos diez años y un alza en los homicidios. A semanas de las elecciones legislativas —y dada la incapacidad del Gobierno Nacional para responder de manera efectiva a los desafíos de la paz territorial— es poco probable que la situación cambie.

En este informe , la FIP analiza los principales escenarios de riesgo de seguridad y desafíos políticos que se reportan en las regiones frente a este proceso electoral, y presentamos ocho acciones prioritarias para garantizar la participación política de los candidatos y las comunidades.

Número de eventos de impacto humanitario en la Circunscripciones de Paz en el 2021
Número de eventos de impacto humanitario en la Circunscripciones de Paz en el 2021

Los riesgos inmediatos

  • Riesgo 1. Impacto Humanitario y restricciones a la participación política. En regiones que tienen un alto impacto humanitario por disputas entre grupos armados, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para realizar sus campañas es limitada. Según datos de la FIP, el 79% de los desplazamientos forzados ocurridos en 2021 se concentraron en estas circunscripciones. Las alertas se concentran en Catatumbo, Cauca, Pacífico nariñense, Bajo Cauca y Chocó.

  • Riesgo 2. Control territorial e incidencia electoral de los grupos armados. Se han denunciado amenazas, limitaciones al ejercicio político e incidencia de grupos armados en el proceso electoral. Hechos como amenazas o constreñimientos al ejercicio político y el liderazgo se vienen reportando en regiones como los Montes de María y el Urabá.

  • Riesgo 3. Estigmatización de líderes y candidaturas que han impulsado la implementación del Acuerdo de Paz. En algunas regiones, la persistencia de escenarios de riesgo para el ejercicio del liderazgo social, influyó en la decisión de presentar candidaturas y en el apoyo o nivel de movilización regional en torno a las curules. Según datos de la base de agresiones a líderes de la FIP, entre 2017 y 2021, estas 16 circunscripciones han concentrado el 60% de los homicidios a líderes.

  • Riesgo 4. Barreras de acceso a los canales de denuncia y las rutas de protección. Si bien hay respuestas o estrategias que se han anunciado por parte del Gobierno Nacional para la protección de los candidatos, en las regiones los líderes han insistido en que, como han venido denunciado en los últimos años, estas suelen ser tardías o se perciben como poco apropiadas para sus riesgos particulares.

  • Riesgo 5. Eventual cancelación de las elecciones a Curules de Paz por situaciones de orden público. El artículo transitorio 4 del Acto legislativo 02 de 2021, determina que el Presidente podrá suspender la elección por razones de orden público. Es altamente probable que las condiciones de seguridad continúen deteriorándose en las regiones en las que el Estado no tiene la capacidad de garantizarlas ni los derechos políticos de comunidades y candidatos.

  • Riesgo 6. Limitaciones financieras y poca claridad sobre las reglas de juego. Un obstáculo generalizado es el limitado acceso a la financiación. Según establece el Acto Legislativo, la financiación de estas campañas será predominantemente estatal y se hará mediante anticipos y el mecanismo de reposición de votos. Organizaciones sociales han insistido en que no es claro el procedimiento y que habría obstáculos burocráticos.

  • Riesgo 7. Cooptación por parte de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales. Líderes y candidatos han denunciado posibles hechos de cooptación política, evidenciada en la financiación de publicidad, actividades de campaña que se han realizado en sedes de los partidos tradicionales o apoyos políticos de conocimiento público.

  • Riesgo 8. Brechas de género y obstáculos para la participación de las mujeres. Organizaciones de mujeres han insistido en que persisten las brechas para la participación política por estereotipos de género, sobrecarga de labores de cuidado y brechas en el acceso a financiación de las campañas.

  • Riesgo 9. Desconocimiento y limitada pedagogía sobre las Curules de Paz. Candidatos y líderes sociales han advertido sobre la probabilidad de una muy baja participación ciudadana por cuenta de la limitada pedagogía sobre el origen y objetivos de las Curules de Paz.

Las acciones prioritarias

Ante estos riesgos y desafíos, se requieren acciones prioritarias que deben ser atendidas por las entidades del Estado y otros actores.

1. Seguimientos y alertas tempranas diferenciales sobre la seguridad de los candidatos. Es importante leer las dinámicas de los grupos armados y el riesgo que representan para el escenario electoral, así como los riesgos relacionados con denuncias sobre redes de corrupción y clientelismo.

2. Socializar las estrategias y rutas particulares de protección anunciadas por el Ministerio del Interior. Estas rutas deben incorporar procesos de socialización, generar confianza en las entidades que reciben las denuncias y contar con la participación de líderes y candidatos en su construcción y seguimiento.

3. Fortalecer los mecanismos ya planteados e implementados del Acuerdo de Paz sobre participación política y garantías de seguridad, particularmente el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política (SISEP). Si bien estos mecanismos están constituidos desde la firma del Acuerdo de Paz, en la práctica es poco el impacto que tienen en garantizar la seguridad de la participación política.

4. Garantizar mínimos humanitarios para la movilidad y seguridad de los candidatos y ciudadanos en regiones con disputas y alto impacto humanitario. En varias regiones, la sociedad civil ha propuesto acciones de cese al fuego para garantizar la protección inmediata de la población y la participación de habitantes de zonas rurales. Es importante identificar los esfuerzos para apoyarlos o evitar obstruirlos.

5. Desplegar de manera activa iniciativas de pedagogía con candidatos y ciudadanía, y potenciar las iniciativas pedagógicas que ya desarrollan algunos de ellos.

6. Fortalecer el control político y las instancias de seguimiento y observación ante los casos y denuncias de cooptación política por parte de partidos tradicionales. Para este ejercicio será clave que los Tribunales Electorales Transitorios de Paz cumplan su labor.

7. Impulsar y favorecer espacios para el cabildeo político de estas campañas. Candidatos y líderes han propuesto un mayor apoyo por parte de ONGs, cooperación internacional y centros de pensamiento para divulgar sus campañas.

8. Continuar los esfuerzos en términos de garantías de seguridad luego de las elecciones, enfocados en quienes se han vinculado al proceso. Los líderes sociales insisten en que el desafío de seguridad con quienes se vincularon activamente al proceso electoral no es solo durante la campaña, sino para después de la elección. Esto implica ir demarcando estrategias de generación de alertas tempranas y protección posteriores a la elección.

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