Esta guía ofrece una ruta para que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) puedan prevenir y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos. Esto les permitirá estar alineadas con una conducta empresarial responsable y consolidar un modelo de negocio que no solo genere rentabilidad económica, sino que tenga un impacto positivo en las comunidades, colaboradores(as), medio ambiente, comunidad, proveedores y entornos.
"Las PYMES son importantes para la economía y la generación de empleo, pero también tienen grandes retos en el mercado. Uno de estos retos es cumplir con las expectativas crecientes de la sociedad que exigen que estas adopten estándares internaciones de debida diligencia empresarial, tomando conciencia de que sus acciones tienen impacto en las personas y en el planeta. Para eso es esta guía, para que las PYMES conozcan los estándares en empresas y DDHH y sepan cómo incorporarlos", dijo María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP durante el lanzamiento.
La debida diligencia en DDHH es un proceso continuo de gestión que una empresa debe llevar a cabo a la luz de sus circunstancias, para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
En la guía, los gerentes, trabajadores y líderes de PYMES podrán encontrar herramientas y ayudas prácticas para implementar la debida diligencia en derechos humanos de manera sencilla y creativa. La guía cuenta además con un ABC de derechos humanos, que describe la relación de los DDHH con las actividades empresariales y proporciona ejemplos sobre cómo las PYMES pueden verse involucradas en situaciones de vulneración a los DDHH.
El documento presenta seis orientaciones generales:
Primero, las empresas deben definir quiénes son los grupos de interés que pueden resultar afectados por la actividad empresarial; segundo, construir y tener una política en DDHH; tercero, identificar y priorizar los impactos en DDHH; cuarto, definir medidas para prevenir y mitigar los impactos en DDHH priorizados; quinto, hacer seguimiento a la efectividad de las medidas implementadas, y sexto, comunicar a los grupos de interés las acciones desarrolladas por la empresa, en temas de DDHH.
La guía señala que es clave que el proceso de debida diligencia en DDHH permita la mejora continua a través del ciclo PHVA: Planear-Hacer-Verificar-Ajustar.
Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó durante el lanzamiento, la importancia de que las PYMES implementen la guía en su operación.
Hoy en día, el sector privado se ha adaptado para responder a las necesidades de responsabilidad social exigidas por públicos cada vez más informados e interesados en el beneficio social, y a través de la innovación se logra generar impactos positivos en el entorno. En la guía los pequeños y medianos empresarios encontrarán la respuesta sobre cómo hacerlo.
Y es que, las demandas del mercado actual exigen que las PYMES, además de aumentar su competitividad y productividad, adopten mejores estándares como los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH y la Conducta Empresarial Responsable (CER). Por ejemplo, la Encuesta de la OCDE sobre CER en América Latina y el Caribe en el 2021, evidenció que las PYMES presentan dificultades para adoptar prácticas empresariales responsables y procesos de debida diligencia. De acuerdo con la encuesta, las PYMES tienen pocos recursos financieros y humanos, además de limitaciones en la comprensión de la información sobre la CER y la manera en que puede aplicarse en sus propias organizaciones. La Guía de la FIP permite derribar esas barreras.
¿Por qué las empresas deberían implementarla?
Esta Guía se fundamenta en la premisa de que un tejido empresarial respetuoso y atento a los DDHH es la base para crear negocios sostenibles, duraderos y competitivos, a la vez que contribuye a construir un mejor país. Las empresas que implementan una Conducta Empresarial Responsable en Derechos Humanos pueden obtener réditos en términos de competitividad, reputación, retención de personal, sostenibilidad, entre otras.
Por ejemplo, en competitividad, las empresas pueden participar más fácilmente de la economía nacional y global y garantizar sostenibilidad. Así mismo, responden a las expectativas crecientes de sus inversionistas frente a la gestión de asuntos laborales, ambientales y de DDHH. De manera adicional, beneficia la participación en la cadena de suministro global y disminuye la probabilidad de que las empresas se vean enfrentadas a demandas.