En el arranque de su Gobierno, Petro ha posicionado la agenda ambiental como un eje prioritario, haciendo énfasis en la protección de la Amazonía y el desarrollo sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha dado los primeros pasos para que la atención a los conflictos ambientales transite de un enfoque militarizado a uno de diálogo con las comunidades.
En términos generales, se ha enfocado en priorizar y posicionar la protección ambiental y el desarrollo sostenible a nivel mundial y regional estableciendo alianzas, consolidando sus compromisos para frenar la deforestación y para la mitigación de los impactos del cambio climático, así como asegurando recursos para el nuevo Plan de Contención de la Deforestación, que contiene cinco pilares:
Acuerdos sociales con las comunidades en territorio.
Contención y prevención con la Fuerza Pública en puntos estratégicos, como el arco de deforestación de la Amazonía y con énfasis en el acaparamiento de tierras.
Fortalecimiento institucional con autoridades ambientales y locales.
Investigación e inteligencia para llegar a grandes deforestadores.
Consolidación de un sistema de información integrado para el monitoreo de bosques.
La ministra Susana Muhamad materializó este cambio de enfoque firmando el primer acuerdo social con habitantes de Cartagena del Chairá, en Caquetá.
Conozca los datos más relevantes del balance que hace la Fundación Ideas para la Paz del primer trimestre del nuevo gobierno. ver infografía
Menos militarización, más diálogo
Ya se han suspendido los operativos militares relacionados con la Operación Artemisa. Sin embargo, las Fuerzas Militares “no renunciarían a su autoridad”. La estrategia cambiaría de una lógica de combate militar a una enfocada en la prevención y contención, así como en la justicia e investigación de las grandes estructuras criminales.
De igual forma, se seguirá empleando equipo militar para combatir las afectaciones al ambiente, por ejemplo, a través del uso de la nueva “Flota Guacamaya”, compuesta por aviones militares donados por Estados Unidos.
Estas acciones se dan en un contexto en dónde la deforestación aumentó un 11% en el primer semestre de este año si se compara con el mismo periodo de 2021. También, hay una gran desconfianza hacia las instituciones, particularmente hacia la Fuerza Pública, afectada por las secuelas de los operativos militares contra este fenómeno.
Donde no resulta tan claro el enfoque de priorizar el diálogo es en la manera de hacerle frente a la explotación ilícita de minerales. El presidente Gustavo Petro dio instrucciones para eliminar e incautar maquinaria, una estrategia que representa continuidad con respecto al Gobierno anterior.
Esta política detonó el paro minero del Bajo Cauca, que se pudo solucionar tras una serie de compromisos que incluyeron el fin de estos operativos en la región. Ese fue un golpe de realidad para el gobierno sobre las complejidades sociales de la minería informal. También fue anunciada una reforma al Código Minero que recogerá las necesidades de formalización de los trabajadores de este sector.
Otro avance que se ha materializado en estos 100 días es la visibilización internacional de la deforestación en la Amazonía, específicamente durante la COP27. Allí se logró la donación de 25 millones de dólares para financiar el nuevo plan contra la deforestación.
Con el anuncio de la reforma agraria, el nuevo gobierno ha impulsado el debate sobre la distribución de la tierra y la ocupación de predios ha adquirido visibilidad. En el primer trimestre de Petro, la FIP analiza los anuncios, los avances, da alertas y establece prioridades para tener en cuenta. Leer artículo completo
Alertas y prioridades
A medida que la agenda ambiental cobra relevancia a nivel nacional e internacional, surgen algunas alertas y prioridades que el gobierno deberá atender en el corto plazo:
Seguir convocando al Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF) para definir el rol que tendrá cada institución.
Recuperar la confianza de las comunidades afectadas por la deforestación y los operativos militares de Artemisa.
Definir una estrategia de sustitución de cultivos de uso ilícito que considere los motores de la deforestación.
Abordar casos de deforestación y explotación ilícita de minerales más allá de los evidenciados en la Amazonía colombiana.
Alcanzar acuerdos para un nuevo Código Minero.
Cumplir los acuerdos que ya se han trazado con mineros informales y tradicionales.
Velar por la aplicación de la Ley 2111 de 2021.
Considerar las afectaciones a liderazgos ambientales en el marco de las nuevas estrategias de seguridad.