Extractos del recuento de María Victoria Llorente sobre las transformaciones que se han dado en las últimas décadas del conflicto armado interno y de los grupos irregulares involucrados, para señalar que el escenario actual es en extremo híbrido: las fronteras entre lo político y lo criminal son cada vez más difusas.
Presentación
Voy a concentrar mi presentación en un aspecto del contexto que creo que es central para dar elementos que ayuden a clarificar el ámbito de aplicación de la Ley en estudio, particularmente en lo que tiene que ver con las definiciones establecidas en el artículo 2c sobre los dos tipos de procesos que podrá tener el Gobierno Nacional en la política de paz.
Proceso escalonado de transformación del conflicto armado
Colombia ha vivido en las últimas décadas un proceso escalonado de transformación del conflicto armado y sus actores respecto de lo que conocimos hasta principios de este siglo. En esencia, hemos pasado de un conflicto armado interno con actores de dimensión considerable, con alcance nacional y proyectos políticos más o menos nítidos en términos insurgentes y contrainsurgentes, a un escenario híbrido en el que:
(i) Hay mayor descentralización y fragmentación de los grupos; (ii) mayor articulación de esos grupos con estructuras delincuenciales; (iii) menor enfrentamiento con el Estado a la vez que un considerable incremento de las disputas entre facciones armadas por controlar territorios; iv) una variedad de rentas ilegales aparte del narcotráfico; y v) una gran diversificación de métodos de acción que obedecen a lógicas locales y a la mayor autonomía de las estructuras.
Estos cambios los hemos podido constatar y sistematizar a través del trabajo de seguimiento y análisis a las dinámicas del conflicto y de la violencia organizada que hacemos desde hace veinte años en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Primer momento de reconfiguración
Con la desmovilización parcial de las AUC se dio un primer momento de reconfiguración del conflicto armado interno en el que surgieron alrededor de 30 facciones disidentes llamadas bandas criminales (BACRIM), con presencia muy localizada y una agenda ya no contrainsurgente, sino atada al narcotráfico y a otras rentas ilegales, como la extracción criminal de oro.
Luego de un período de alta volatilidad (disputas y fragmentación de bandas, golpes del Estado a varias de ellas) terminó prevaleciendo lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo, con un foco inicial de despliegue en el Urabá. En 2008, este grupo adoptó el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en un esfuerzo por demostrar una faceta sociopolítica a ser reconocida.
Segundo momento de reconfiguración
Un segundo momento de reconfiguración —que ha evolucionado hasta el presente— se dio tras la desmovilización de las FARC con el surgimiento de las disidencias y el avance de varios actores armados irregulares que buscaron ocupar las zonas bajo la regulación de las FARC. Se trata de un escenario en el que los grupos, en su mayoría, carecen de capacidades suficientes para desafiar al Estado, por lo que evitan la confrontación con la Fuerza Pública, pero que tienen capacidad de desestabilización y de disputar el poder en lo local, donde generan crecientes impactos humanitarios y afectaciones a las comunidades que se encuentran atrapadas entre la presión por el control de territorios y las disputas de estas estructuras, que cada vez son mayores (solo entre agosto de 2022 y julio de 2023 han crecido en un 85% y se observa una tendencia hacia su incremento en lo que va corrido de este año[1]).
El momento actual: un escenario híbrido
Se trata, sin duda, de una situación muy distinta a la que vivíamos a principios de este siglo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es posible afirmar que, si bien subsisten legados del conflicto armado interno (como el mismo ELN, que persiste en su lucha contra el Estado; las disidencias de las extintas AUC y FARC y ciertos discursos con ropaje político y modos de operar), ese conflicto como lo conocimos y que se configuró en la segunda mitad del siglo pasado, protagonizado por grupos rebeldes que pretendían derrocar al Estado y por paramilitares que buscaban derrotar a los insurgentes en asocio con fuerzas del Estado y disputarles las zonas estratégicas del narcotráfico, se ha desvanecido.
Estamos ante un escenario híbrido en donde el límite entre el conflicto armado y el crimen organizado es en extremo difuso, y en el cual los actores armados transitan entre lo criminal y lo político[2]. Es importante señalar que hay una diferencia sustancial respecto del pasado, en el sentido de que lo político no es el fin primordial de los grupos irregulares actualmente, salvo quizás en el caso del ELN. Esto no quiere decir que no tengan rasgos y efectos políticos, pero el hecho de disputar la autoridad del Estado en determinados territorios, que es en esencia lo que hacen, no es un elemento distintivo del estatus político de uno u otro grupo. De hecho, este es un rasgo bien característico del crimen organizado allí donde se asienta[3].
Principales actores armados irregulares hoy: en el espectro de lo político a lo criminal
La condición de hibridez varía según los grupos y tiene también gradualidades territoriales. Esto puede observase en las siguientes anotaciones sobre las tres estructuras que prevalecen:
El ELN tiene un proceso de expansión importante tras la desmovilización de las FARC, con su punto máximo hacia el 2020 (con influencia en alrededor de 211 municipios y con cerca de 5.500 integrantes de los cuales 2.700 están en armas, según las cuentas de la Fuerza Pública). Esto incluye una presencia estable en Venezuela, donde se estima que opera aproximadamente el 40% del grupo armado, y en donde cuenta con una agenda amplia de captación de recursos de economías ilegales y de control territorial, incluyendo el control de pasos fronterizos[4]. El ELN hace grandes esfuerzos (sobre todo discursivos) por diferenciarse de los demás grupos. Podría decirse que es el único que tiene un origen primigenio en el conflicto armado “clásico” y unas finalidades políticas más nítidas, lo que lo coloca del lado más político del espectro.
En el lado más criminal del espectro está el Clan del Golfo, que se ha posicionado con fuerza a nivel nacional, incluso a pesar de los golpes que le ha dado el Estado (Operaciones Agamenón I y II, desarrolladas entre 2015 y 2021) y otros grupos armados ilegales en zonas de disputa (como el ELN en Chocó). Durante los últimos años logró vencer en prácticamente todas las disputas armadas en las que se vio involucrado y duplicó los municipios bajo su influencia (llegando a 200), así como diversificar sus rentas ilegales.
Finalmente, están las disidencias de las extintas FARC que ocupan un lugar verdaderamente ambiguo entre lo político y lo criminal. En los últimos siete años han logrado tener influencia sobre unos 170 municipios (tan solo 15 menos de los que estaban bajo regulación de FARC en 2016 antes de su desmovilización), con poco más de 5.200 integrantes en armas, según datos de la Fuerza Pública. Hoy en día cuentan con casi 40 estructuras regionales que se han ido alineando bajo dos proyectos de coordinación: el del Estado Mayor Central (EMC) y el de la Segunda Marquetalia (SM).
Las disidencias surgen y se expanden en los últimos años por varias motivaciones que no son excluyentes entre sí [5]. Pueden contar con un discurso con aspiraciones políticas, tener raíces en organizaciones que gozaron de reconocimiento político, y algunas de sus acciones en terreno pueden tener consecuencias políticas respecto a las formas cómo inciden en la gobernanza del territorio, pero estas características no las definen como organizaciones políticas. El aspecto político de estas estructuras, hasta hace poco, ha sido más una herramienta que un fin en sí mismo.
Escuche la intervención completa de María Victoria Llorente
Implicaciones de esta caracterización de cara a la Ley 2272 de 2022
En un contexto de hibridez como el descrito, la decisión de la Corte debería ayudar a establecer criterios objetivos que permitan clarificar tres elementos de difícil interpretación en la Ley 2272:
1. La definición sobre cuáles organizaciones van por el carril de la negociación política y cuáles por el del sometimiento o sujeción a la justicia.
2. El tratamiento jurídico posible para firmantes de acuerdos de paz previos.
3. Modular la potestad del Ejecutivo frente a los acercamientos y negociaciones con grupos armados ilegales.
Audiencia completa DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (22 DE AGOSTO 2023)