El Pacífico Medio es una de las tres subregiones PDET que se ubican en el Pacífico colombiano y está integrada por los tres municipios de la costa del departamento del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay, así como por la zona rural de Buenaventura. Allí, como en el resto de la cuenca del Pacífico, las comunidades étnicas se han organizado en territorios colectivos que hoy suman 58 consejos comunitarios y 18 resguardos indígenas.
Las acciones de seguimiento de Capitolio al Territorio, proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP, sobre cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en esta región, alertan sobre graves rezagos. El Pacifico Medio es el PDET que menos inversión ha recibido de los territorios priorizados y donde la reparación integral de víctimas y el proceso de reincorporación avanzan con muchos obstáculos.
Estos son los principales hallazgos:
Deterioro del enfoque participativo y de la confianza de las comunidades en las entidades que implementan el Acuerdo de Paz
La implementación del Acuerdo durante el Gobierno anterior se caracterizó por ser poco participativa y no tener en cuenta la perspectiva de las comunidades. Esta visión se materializó, por ejemplo, en la manera como se elaboró la Hoja de Ruta —instrumento diseñado para priorizar las iniciativas PATR— pues fue percibida como un ejercicio con criterios establecidos desde Bogotá y no como una discusión amplia e incluyente con la sociedad civil sobre las necesidades del territorio.
El Gobierno actual ha adelantado algunas acciones para corregir el rezago en la implementación del PDET en el Pacífico Medio y recuperar el enfoque participativo. Para ello se han realizado diversos ejercicios de participación para elaborar la Hoja de Ruta y se acogió la propuesta de independizar la coordinación del PDET Pacífico Medio y la del Alto Patía y Norte del Cauca.
Graves retrasos en la implementación del PDET
A pesar de que se firmaron tres Pactos Comunitarios para la Transformación Regional (PCRT), dos Pactos Étnicos, cuatro Pactos Municipales (PMTR) y el PATR que contiene 81 iniciativas, la implementación del PDET en Pacífico Medio ha sido particularmente lenta en comparación con las demás subregiones por varias razones.
La primera es que las autoridades territoriales no cuentan con una adecuada capacidad institucional para acceder a recursos y lograr la aprobación de proyectos a través del fondo de OCAD Paz. La segunda es que es la subregión con menos recursos invertidos en obras terminadas; solo tiene una obra aprobada a través del mecanismo OCAD Paz y el 1,9% del total de proyectos está en trámite de viabilización. Sesuma que solo hay dos obras PDET-ART terminadas y una obra aprobada a través del mecanismo Obras por Impuestos.
Acceso a la tierra de forma completa y segura
Frente a entrega a tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, todas las hectáreas ingresadas al fondo de tierras se encuentran en Buenaventura; de estas, 2.405 se destinarán a comunidades indígenas.
Si bien Pacífico Medio ha avanzado en la titulación de territorios colectivos, aún existen retos para acceder a la tierra de forma completa y segura. Las comunidades alegan la existencia de solicitudes de titulación colectiva que están por resolverse; además, persisten inconsistencias sobre los linderos y mojones, que requieren un saneamiento completo de los predios titulados. También, aseguran que existen predios privados dentro de territorios colectivos titulados o que persisten las ocupaciones indebidas en algunas zonas, lo que imposibilita el dominio del predio completo.
Reincorporación: inseguridad, estigmatización e insostenibilidad financiera
Según la Fiscalía, cinco reincorporados han sido asesinados en la subregión y otros cinco han recibido amenazas. De acuerdo con los firmantes, estas amenazas han producido desplazamientos de reincorporados así como la desintegración de sus procesos organizativos. Esto refuerza la dispersión que caracteriza el proceso en la región. Participantes de las visitas del Capitolio al Territorio afirman que uno de los efectos de esa dispersión es la estigmatización de la que son sujetos los firmantes, pues hay pocas posibilidades de adelantar procesos de integración comunitaria, realizar trabajos o acciones con componente restaurador o reparador, o de implementar estrategias para la no estigmatización de los reincorporados.
Lentitud en la satisfacción de los derechos de las víctimas
En la subregión se han indemnizado 24.015 víctimas —el 12,2% de las personas sujetas de atención— mientras que el ritmo de indemnización a nivel nacional es cercano al 18,5%. La restitución de tierras también está rezagada, aunque con diferencias entre la ruta individual y la colectiva: los principales obstáculos están en las demoras del trámite administrativo para tomar decisiones de fondo sobre las solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y en el altísimo porcentaje de solicitudes cuya inscripción al registro es denegada, ya que en la subregión, tan solo el 8,2% de las solicitudes decididas fueron inscritas al Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
Retos en la implementación del enfoque étnico
De acuerdo con entrevistas a líderes, la marginalización es el reflejo de un proceso de racismo estructural, arraigado en las raíces históricas del país, por medio del cual se han discriminado a los grupos étnicos. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) asegura que, por ejemplo, las falencias en la eficaz implementación de la Ley 70 de 1993, en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, de los Autos 005 de 2009, del Decreto Ley 4635 de 2011 y en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, dan cuenta de las prácticas de exclusión y discriminación racista por parte del Estado. El Consejo asegura que, aun con la reforma a la Constitución de 1991 —en la que se hace explícito el reconocimiento de una nación pluriétnica y multicultural— persisten dinámicas de racismo y discriminación agenciadas políticamente por las instituciones estatales, lo que denomina "racismo institucional".
Complejidades en la situación de seguridad
El 2016 fue el año con la menor tasa de homicidios entre 2010 y 2022 en el Pacífico Medio. Desde entonces, la tasa de homicidios en la subregión ha venido en aumento, al punto que en el 2021 se registraron tasas que no se veían desde 2013. Líderes de la subregión atribuyen el deterioro de las condiciones de seguridad a que, después de la firma del Acuerdo de Paz, no se ocuparon los territorios que eran controlados por la antigua guerrilla de las FARC, dando vía libre a que otros grupos armados y disidencias entraran a disputarse el control de la zona. Además, perciben que actualmente hay una inacción de la Fuerza Pública que permite el control territorial de los grupos armados organizados.
Recomendaciones
Diseñar e implementar un plan robusto de seguridad territorial especial para el Pacífico Medio que articule las acciones de la Fuerza Pública con los intentos del Gobierno Nacional para promover treguas entre bandas criminales y ceses al fuego con los grupos que hacen presencia en la zona rural. Dicho plan debe ser coherente con la normatividad que diseñe y expida para el sometimiento de grupos armados de alto impacto.
Desarrollar un plan de choque articulado entre el nivel nacional y territorial para avanzar en la garantía de necesidades básicas y alcanzar la prestación de servicios públicos en la subregión.
Investigar posibles casos de corrupción en la implementación de proyectos que desarrollen las iniciativas PDET en el territorio, poniendo especial atención a obras que, hasta el momento, se encuentren inconclusas o proyectos cuya ejecución esté pausada o demorada.
Llevar a cabo un nuevo adelanto de regalías para el mecanismo de OCAD Paz, de manera que puedan financiarse nuevos proyectos de inversión. Sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y reglamentar las medidas de priorización establecidas en el PND, de manera que se dé prevalencia a la inversión en proyectos en las subregiones más atrasadas, como el Pacífico Medio.
Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para nivelar las falencias técnicas y promover la estructuración y diseño de proyectos.
Visibilizar el mecanismo Obras por Impuestos con empresas que decidan utilizarlo en la subregión y garantizar que las comunidades se vinculen a la ejecución.
Revisar las concesiones para títulos mineros otorgados en la subregión y vigilar su ejecución de la mano de las comunidades.
Avanzar en las solicitudes de formalización y/o ampliación de consejos comunitarios y resguardos indígenas para garantizar su estabilidad.
Identificar y fortalecer las iniciativas productivas de personas en proceso de reincorporación, evaluando su sostenibilidad y buscando mecanismos que les permitan acceder, por ejemplo, a recursos de cooperación internacional que permitan el cierre financiero de estas iniciativas.