El tercer informe del uso de la fuerza letal es un esfuerzo regional en el que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha participado desde el 2019, cuando se publicó la primera edición que abarcó los años 2015, 2016 y 2017. La segunda edición incluyó hasta el 2019 y la tercera hasta el 2022.
Para esta versión, la mayoría de los países que participaron —Brasil, Chile, México, Jamaica, Perú, Salvador, Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia— alertan que no contaron con información oficial disponible para calcular los indicadores de abuso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública. Los que sí obtuvieron datos, coinciden en que las cifras presentan problemas de validez y fiabilidad, inconvenientes que se replican en Colombia.
En total, muy pocos países pudieron obtener información completa de fuentes oficiales y prensa, lo que vuelve a dejar en evidencia los problemas de acceso a información de años anteriores. “Los estados siguen sin cumplir con su deber legal de identificar, describir, sistematizar y publicar las cifras del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad pública”, dice el informe.
En números absolutos, Brasil es el país con el mayor número de muertes civiles ocasionadas por agentes de seguridad con armas de fuego: más de 5.000 víctimas mortales cada año. El panorama cambia cuando se analizan los datos de los agentes de seguridad asesinados. Según las cifras oficiales, Colombia registra los números más altos, seguida de Brasil. Sin embargo, cuando se consideran los casos registrados en la prensa, México se posiciona como el primero del ranking.
¿Qué ocurre en Colombia?
En 2020, en Colombia se registraron 199 homicidios de civiles presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 275 en el 2021; y 269 en el 2022. En estas cifras hay nueve casos de mujeres durante el primer año, 21 en el segundo y 15 en el tercero.
En este mismo periodo se presentaron 86 asesinatos de miembros de la Fuerza Pública con arma de fuego para el 2020; 131 para el 2021, y 145 para el 2022. La participación de mujeres en estas cifras fue de 1 para el primer año, 4 en el segundo y 3 en el tercero.
Por primera vez desde que se realiza este análisis de uso de la fuerza letal, Colombia no pudo calcular los indicadores de abuso por cuenta de la falta de acceso a información oficial. “Hay una pérdida importante en la calidad de los datos entregados por las autoridades y en la que está disponible para consulta. De seis entidades consultadas, solo dos enviaron respuesta. Ni la Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, ni tampoco la Defensoría enviaron las cifras requeridas”, señalan los investigadores de la FIP que elaboraron el capítulo sobre Colombia.
El Monitor advierte que la transparencia en la información se ha perdido, el acceso ha disminuido y no se ha abordado esta problemática en concreto, más allá de algunas políticas para hacerle frente a los riesgos del uso de la fuerza letal durante la protesta social"
Sin embargo, es muy bajo cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al esclarecimiento de los hechos que ocurrieron durante el “estallido social del 2021”, además de pocos avances en las investigaciones y judicialización de los responsables de los muertos y heridos, tanto de agentes públicos como de civiles.
Sobre el acceso, señala que Medicina Legal y la Policía apenas cuentan con algunos datos dentro de sus informes generales de lesiones externas. A este panorama se suma "la imposibilidad de acceder a información de la Justicia Penal Militar, la cual presenta aún mayores retos en términos de acceso y transparencia”, advierten los investigadores.
Riesgos de impunidad y corrupción
En Colombia, cerca del 70% de los homicidios no cuentan con información que permita caracterizar los hechos, lo que deriva en menores posibilidades de investigaciones eficientes y eficaces y, por ende, mayores riesgos de impunidad. Según el Monitor, la escasa presencia de personal forense, en especial en las zonas más alejadas de los cascos urbanos, lleva a que autoridades sin experiencia ni capacitación lleven a cabo levantamientos de cuerpos o atención primaria a estos sucesos, como los patrulleros de las estaciones y subestaciones de Policía.
En el caso de la Fiscalía colombiana, los investigadores advierten que, al no contar con suficiente alcance territorial, se generan riesgos de corrupción. El que la Policía Nacional sea, en una multiplicidad de casos, la primera autoridad que atiende hechos en donde miembros de la institución pudieran ser responsables o participes de delitos como el uso de la fuerza letal contra civiles, produce un riesgo importante de corrupción e impunidad, pues son los mismos policías quienes atienden situaciones en las que podrían estar involucrados sus propios compañeros.
Otro tema que preocupa en Colombia, por su contexto propio de seguridad, es la utilización de artefactos explosivos, así el proyectil de arma de fuego sea el responsable de la mayor cantidad de homicidios de miembros de la Fuerza Pública. En 2020, el 9% de las víctimas de la Fuerza Pública fueron por este tipo de arma; en el 2021, el 21%; y en el 2022, el 19%.
Reviva la transmisión de la presentación del Monitor con la participación de investigadores de los nueve países.
La letalidad en el uso de la fuerza sobre agentes
El Monitor advierte que la caracterización de los datos no se pudo hacer para el caso de las cifras de civiles, debido a que no contaban con dicha información. Sobre las cifras de miembros de la Fuerza Pública, destacan:
Hay un crecimiento en el homicidio de miembros del Ejército y de la Policía, especialmente en el caso de los policías, aunque se supone que, por el tipo de entrenamiento y armamento que utiliza, la Policía debería contemplar menores riesgos.
Aumentó de manera significativa el homicidio de policías en las zonas urbanas, llegando en el 2022 casi al mismo número de casos que en las zonas rurales. Este equiparamiento demuestra que el riesgo de muerte de la Fuerza Pública no está concentrado en las zonas rurales, en donde por lo general se dan los enfrentamientos armados con los grupos ilegales.
La letalidad en el uso de la fuerza sobre los agentes ha venido creciendo, de acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional. Es decir: ha venido incrementando la proporción del homicidio de miembros de esta entidad con arma de fuego en comparación con las lesiones, hasta casi llegar a un muerto por cada lesionado en el 2022.
Se mantiene una proporción cercana al 2% con relación al peso de los homicidios de civiles presuntamente cometidos por la Fuerza Pública sobre el total de homicidios registrados en el país.
Hay una disminución progresiva tanto de las capturas como de la incautación de armas en el país, a pesar de que en Colombia los homicidios con arma de fuego han venido creciendo, al igual que actividades delictivas como el hurto, la extorsión y el secuestro.
Las noticias sobre hechos ocurridos en ciudades principales tuvieron mayor visibilidad, lo que interfiere en el número de noticias por departamento. Teniendo en cuenta que en Colombia la prensa cuenta con una influencia significativa en el abordaje y debate de las políticas públicas, esto podría llevar a que se invisibilicen problemáticas en algunas zonas del país por cuenta de la cobertura mediática.
La discrepancia entre las cifras de prensa y las oficiales llama la atención y genera preguntas. Hay retos en el rastreo de prensa como vacíos en la información, falta de verificación y poco seguimiento a los procesos judiciales. Esto daría respuesta a las diferencias entre ambos indicadores; de ahí la importancia de tener cifras oficiales que aterricen estos datos.
El rastreo en prensa evidenció varias noticias de muertes de agentes por disparos de otros compañeros, lo que alerta sobre su salud mental. De igual forma, uso de las armas de dotación por parte de policías y soldados durante vacaciones y permisos.