El letargo de la paz urbana y la fragilidad de las treguas

Mientras el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, concentra su energía en procurar el avance de las mesas de diálogo político (ELN, EMC y la que está por instalarse con la Segunda Marquetalia), los procesos de paz urbana han entrado en un letargo.

Patiño busca vías para descargar las responsabilidades de la paz urbana en las alcaldías y gobernaciones, aunque no todas están interesadas; mientras tanto, las mesas parecen estar orbitando únicamente alrededor de las extensiones de las treguas entre bandas y la supervivencia de los espacios de diálogo. Todo ello en medio de lo que, probablemente, es el factor de preocupación más grande: la ausencia de una oferta jurídica para los miembros de estas bandas. Es decir, una ley de sometimiento que apruebe el Congreso, como lo estipuló la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 20231.

A pesar de la urgencia de esa ley, el Gobierno ha defendido insistentemente que los esfuerzos de paz han dado sus frutos en materia de seguridad. Bajo el liderazgo de varios congresistas que se han apersonado del proceso (Alejandro Ocampo, en Buenaventura; Isabel Cristina Zuleta, en el Valle de Aburrá y David Racero, en Quibdó), las mesas siguen en pie a pesar de las crisis que han afrontado. La lentitud de los avances y la ausencia de términos para el sometimiento colectivo no parecen ser un problema para un Gobierno que argumenta que se puede avanzar en compromisos relacionados con la sociedad civil.

Este análisis de la FIP cubre tres aspectos claves para entender la paz urbana cuando, poco a poco, todas las mesas cumplirán un año de vigencia a mediados de 2024:

1. El estado de las mesas

Todas navegan lentamente por diferentes temas para esquivar la conversación sobre el sometimiento a la justicia, mientras las delegaciones —incluso las del Gobierno— le piden a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) darles celeridad a sus respectivos espacios.

2. Los impactos de las treguas en los delitos y las acciones de la Fuerza Pública

Teniendo en cuenta que las tres mesas son diferentes y tienen puntos de partida muy distintos, tomamos los periodos anteriores y posteriores a las treguas pactadas. Concluimos que, a nivel de estadística delictiva, la paz urbana ha tenido efectos positivos sobre los homicidios en Buenaventura y Quibdó, mientras que en el Valle de Aburrá no se evidencian sus efectos. También observamos que continúan otras afectaciones a la población civil, como las extorsiones.

Comparativo de homicidios antes y después de las treguas

3. Las capacidades de las autoridades locales para asumir la paz urbana

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz espera que sean las autoridades locales quienes lideren los espacios de conversación con las bandas. Pero una transferencia de cargas debe tener en cuenta sus capacidades y que el apoyo del Gobierno Nacional en materia de paz y seguridad sea determinante e infaltable.

Aunque algunos resultados en materia de homicidios pueden ser destacables, el tiempo corre en contra de las mesas y las treguas. Esto las hace más frágiles mientras no haya una ley de sometimiento colectivo que soporte los diálogos con las bandas. El desencanto de las bandas por la lentitud y futuros incumplimientos del Gobierno puede llevar a que lo ganado en reducción de homicidios se pierda pronto por cuenta de nuevas disputas y guerras.