El Clan del Golfo que iniciaría diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, no se parece a los demás grupos que están en los tableros de la Paz Total. Que exista la posibilidad de negociar es una buena noticia, pero el camino está lleno de obstáculos. Así lo advierte el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Una mesa con el Clan, que hace una radiografía sobre la complejidad interna del grupo, su trayectoria criminal y formas de operar.
El anuncio que hizo el Gobierno, en julio de este año, de la instalación de una mesa de diálogo con el Clan, se da justo cuando este grupo armado está en su mejor momento: “está al máximo de sus capacidades, aplica una exitosa fórmula de expansión que continúa dando resultados, consolida una faceta política, gana y se mantiene a flote en diferentes disputas territoriales, conserva grandes cantidades de dinero y resiste con eficiencia las acciones de la Fuerza Pública”, dice la FIP.
Hoy, el Clan del Golfo es el grupo armado más numeroso del país según el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo lo identifica como el que tiene la mayor influencia municipal. Desde el 2018 el aumento de sus integrantes ha sido del 95%. Pasó de tener influencia en 179 municipios de 10 departamentos, a estar en 238 municipios de 16 departamentos. En 2018 tenía cuatro bloques y 22 frentes, hoy tiene seis bloques y 34 estructuras. Hoy sus principales zonas de expansión son Chocó, el Magdalena medio, sur de Bolívar y la costa Atlántica.
Todo esto lo ha logrado a pesar de los duros golpes que recibió por Agamenón, la campaña policial y militar que se desarrolló entre 2015 y el final del gobierno Duque. “Por una serie de decisiones estratégicas, políticas y económicas, el Clan hoy es más fuerte, controla de manera mucho más efectiva los territorios en los que hace presencia y se expande con facilidad en el norte del país”, dice el informe.
Los cambios de Santos a Petro
La FIP advierte que con la captura y extradición de 'Otoniel', su máximo líder, el Clan ajustó su modo de operar: se alejó de la idea de un clan familiar (la familia Úsuga David) y ahora es liderado por un Estado Mayor Conjunto que asumieron seis antiguos mandos de las AUC, los cuales han intentado posicionar un discurso contrainsurgente.
“El Clan puso en marcha unos procesos de expansión territorial más controlados, haciendo menor uso de franquicias; creó la figura de “comandante político” y fortaleció sus procesos de formación interna; también profundizó la cooptación o creación de organizaciones sociales y comunitarias”, explica Gerson Arias, uno de los autores del informe.
La FIP resalta entre los cambios, que el grupo aumentó y cualificó su capacidad de reclutamiento, en especial de soldados y suboficiales retirados del Ejército, de exmandos medios de las extintas FARC y del ELN, y de personas no armadas que sirven como vigilantes. También tiene mayor acceso a armas y capacidad de corrupción de autoridades locales e integrantes de la Fuerza Pública. “Es un grupo que ejerce gobernanza criminal en sus zonas de mayor consolidación”, anota Arias.
En términos financieros, amplió su red de contactos en el exterior para el narcotráfico, consolidó su participación en la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la “protección” a plazas de microtráfico, la contratación pública y en la extorsión de actividades económicas de las regiones donde opera.
Sobre su expansión territorial, el Clan consolidó su presencia en el norte del país y gran parte de la costa Pacífica, donde se ha apoderado de zonas estratégicas para el narcotráfico como el golfo de Urabá, el golfo de Morrosquillo y la costa Pacífica chocoana. De igual forma, no encontró mayor resistencia en crecer desde Córdoba y Urabá hacia la costa Caribe, con excepción del sur de Bolívar y el norte de Antioquia, donde se enfrenta al ELN y las disidencias de las FARC. También tiene resistencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Entre 2016 y 2021 el Clan logró repeler al ELN en el Bajo Atrato (Chocó) y se adueñó de buena parte de sus zonas de influencia histórica en el sur de ese departamento.
Un fenómeno híbrido, no paramilitar
La FIP señala que el Clan del Golfo es un grupo ilegal que se ha alimentado de múltiples procesos de desmovilización y que hoy tiene un acumulado de trayectorias criminales que no hay que menospreciar. “No solo guían su funcionamiento interno, sino que determinarán buena parte de los alcances del diálogo y la negociación con el Gobierno Petro”. Sin embargo, advierte que es equivocado afirmar que es un “grupo paramilitar”.
En los últimos años se han hecho evidentes varias facetas de su forma de operar a nivel financiero, militar y político, las cuales varían según la región. Siguen manteniendo un rol determinante en los diferentes eslabones de la producción y tráfico de cocaína, tanto a nivel nacional como internacional, pero han incursionado en otras economías. “Las dos más importantes son la minería ilegal de oro (mayor control en zonas de minería de aluvión como el Bajo Cauca y en minas subterráneas como en Buriticá); el paso migratorio por el Darién hacia Panamá. La extorsión a empresas y proyectos de infraestructura también representa un porcentaje importante de sus recursos”, dice el informe.
A nivel militar, la FIP destaca que el Clan ha reasumido el control directo en diferentes regiones del país, lo que ha relegado a un segundo plano la figura de “franquicias”, al tiempo que absorbe o elimina a las bandas delincuenciales locales y despliega una amplia red de informantes. También ha logrado mantener la mayoría de sus métodos de control territorial como los homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas contra líderes comunitarios y étnicos.
El Clan también ha dado varios pasos para construir una plataforma política. Sus estatutos y otros documentos internos y públicos lo presentan como una organización “antiestatal” y “resistencia civil en armas” a favor de las comunidades. Bajo esta narrativa, pasó de llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). De igual forma, ha buscado ampliar su base social cooptando Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales, y ejecutando algunas obras como el arreglo de vías terciarias, la construcción de viviendas en Unguía (Chocó) o la entrega de una ambulancia fluvial y un puesto de salud en Tierralta (Córdoba).
Tres reflexiones sobre el inicio de las conversaciones
La negociación para lograr el sometimiento del Clan del Golfo puede conducir a contener el crimen organizado y reducir la violencia asociada a este fenómeno. Si lo hace en conjunto con estrategias de seguridad territorial, judicialización focalizada y construcción de paz territorial.
La posible negociación con el Clan parte con varias ventajas que le pueden dar credibilidad y seriedad. La primera es que maneja una lógica de “fase exploratoria” que da flexibilidad para definir los términos y el alcance del diálogo, confirmar la voluntad real de las partes, ajustar expectativas y encontrar respuestas a preguntas fundamentales como qué ganan con negociar. La segunda es que cuenta con algunos actores internacionales interesados en acompañar los diálogos. La tercera es que involucra a personas con poder de decisión dentro del grupo armado.
También cuenta a favor, de manera preliminar, que se abordaría una agenda acotada para lograr un acuerdo sobre el sometimiento a la justicia, aunque esto no se traduce necesariamente en un diálogo fácil o rápido, ya que los temas involucran a otros actores nacionales e internacionales, discusiones jurídicas y políticas de gran calado, consideraciones de seguridad para los involucrados, coordinación con varias entidades del Estado, posibles saboteadores del proceso y restricciones legales conforme a estándares internacionales y nacionales.
Que el gobierno y el Clan encuentren suelo común será el gran reto de arranque. Mientras que la oferta del Gobierno es el sometimiento a la justicia, el Clan ha sido claro en asegurar que no aceptará algo menos que la justicia transicional, que incluye garantías de no extradición y la posibilidad de ser amnistiados. Esta distancia será difícil de tramitar, pero es justo para eso que existen las fases exploratorias. Corre en contra las restricciones de tiempo que tiene este Gobierno.
El informe de la FIP alerta sobre la importancia de definir un hoja de ruta que permita un diálogo con hitos claros orientados hacia el sometimiento efectivo; el respeto a la confidencialidad del proceso; las garantías de seguridad física y jurídica para quienes participan; el rol de la Fiscalía General, de Estados Unidos, de las autoridades locales; la participación de la sociedad civil y la posibilidad de diálogos territoriales; así como la compatibilidad de los diálogos con la estrategia de seguridad y con las intervenciones institucionales en las zonas donde el Clan hace presencia.