A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, miembros de las Comisiones de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio, financiado por el gobierno británico, publican un nuevo informe de seguimiento a la implementación. Este informe es producto del seguimiento a las políticas que desarrolla el Acuerdo y de la información recolectada en 41 visitas a los municipios más afectados por la violencia durante los últimos seis años.
“El deterioro de la seguridad territorial, la concentración de las entidades en tareas de planeación y no de ejecución, el avance lento de la indemnización a las víctimas, la baja ejecución de los recursos para la implementación, y la falta de acceso a la información y transparencia por parte del actual Gobierno sobre cómo vamos, son algunos de los hallazgos”, dice Carolina Varela, coordinadora de la Unidad de implementación del Acuerdo de Paz de la FIP.
Los recursos
Persiste el rezago de la financiación para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De los $4,67 billones que se deberían estar ejecutando al año, en promedio durante los 8 años, anualmente se ha invertido el 17,9%. El Pacífico Medio es la región más rezagada, sólo se ha invertido el 1,7% de lo que se necesita. -
Preocupa la baja ejecución del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (–7,2% a julio 2024) y la Agencia de Desarrollo Rural (–19,9%). “Es importante que los entes de control hagan seguimiento especial a la ejecución de los recursos de estas entidades en lo que resta del año, para asegurarse que se ejecuten de forma transparente”, advierte Varela.
Es alarmante la reducción de los recursos de la Agencia de Reincorporación y Normalización: 71,57% ($229 mil millones). Se pone en riesgo la reincorporación y seguridad de los firmantes.
La seguridad en los territorios
Continua el deterioro de la seguridad en las zonas más afectados por la violencia. Mientras que la tasa de homicidios nacional es de 14 por 100.000 habitantes, en los municipios PDET es de 22,7 y en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos (PNIS) del 23,3.
Continúan en riesgo los firmantes y líderes sociales. Desde la firma del Acuerdo hasta agosto de 2024 se han registrado 1.164 homicidios a líderes, 114 este año (48,2% en zonas PDET). Y desde el 2017 a marzo de 2024 van 390 homicidios de reincorporados.
Urge atender el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2023, aumentaron en 552%.
Suben las masacres, extorsiones y confinamientos. Entre enero y julio de este año, los hechos de confinamientos superaron a todo el 2023 en un 46,3%.
Reforma Rural Integral
Preocupa el acceso a la información sobre tierras. Para la elaboración de este informe ni la Agencia Nacional de Tierras, ni el IGAC respondieron los derechos de petición. Las cifras públicas tampoco permiten hacer un análisis territorializado sobre los avances.
La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) se ha enfocado en actualizar los PATR, la hoja de ruta de los PDET. Al Gobierno solo le queda un poco más de un año para avanzar en la implementación y lograr transformaciones en estas zonas.
Tras ocho años, sigue sin expedirse el Plan Nacional de Salud Rural.
Apertura democrática
Durante el gobierno Petro, garantizar la movilización y protesta pacífica ha sido una agenda central. Sin embargo, sigue pendiente el compromiso de expedir una ley para su protección.
El funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz es limitado. Se han creado 613 consejos municipales, 276 están activos y solo 149 tienen un plan de acción.
Los firmantes de paz
La sostenibilidad de la reincorporación económica es el reto más urgente. El 90,5% de las personas activas en el proceso de reincorporación cuentan con un proyecto productivo, pero muchos son insostenibles. Solo 79 proyectos se han postulado a la estrategia de sostenibilidad establecida por la ARN y únicamente siete cuentan con un plan.
Urge responder a las dinámicas geográficas. Del total de firmantes de paz, apenas el 15,5% habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Normalización.
El Gobierno ha retomado el enfoque colectivo de la reincorporación. Expidió el Decreto 0846 de 2024 que crea el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación.
La solución al problema de las drogas ilícitas
A la par que crecieron los cultivos de coca y la producción de cocaína, continúa el incumplimiento con las familias que le apostaron a la sustitución con el PNIS. Las hectáreas de coca y la producción de cocaína crecieron en 2023 un 10% y 53%, respectivamente. Hoy, menos del 1,5% de las familias beneficiarias del PNIS tienen todos los recursos para proyectos productivos de ciclo largo.
El Gobierno ha planteado el cierre del Plan de Atención Inmediata, ciclo de atención que se contempló en el Acuerdo, sin haber socializado los detalles del nuevo programa de sustitución.
La incautación de cocaína es la principal herramienta del Gobierno para reducir el tráfico, pero no es claro el impacto en el negocio.
Derechos de las víctimas y justicia transicional
Víctimas
El Gobierno aceleró la indemnización a las víctimas, pero ese avance sigue siendo insuficiente. A julio de 2024 habían sido indemnizadas 1.325.542 víctimas, el 17,3% del total. A este ritmo, el Estado tardaría 52,6 años en cumplirle a las víctimas.
La reparación colectiva sigue estancada. Aumentó el reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva (de 917 a 991 entre 2023 y 2024), pero la implementación va lenta: hasta junio del 2024, 20,1% de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) implementados.
El 61,8% de las solicitudes de restitución de tierras han sido rechazadas. Sobre los casos individuales presentados ante jueces, hay decisiones en el 42,7%.
La restitución colectiva de derechos territoriales tiene grandes rezagos. Del total de solicitudes enviadas a los jueces de restitución, solo hay sentencia sobre el 8,9% de ellas.
Verdad, justicia, reparación y no repetición
La JEP ha mostrado avances limitados para el tiempo y los recursos destinados a su funcionamiento. Hay demora en definir la situación jurídica de los comparecientes y en imponer sanciones.
La Unidad para la búsqueda de desaparecidos ha recibido 27.552 solicitudes. Al 31 de mayo de 2024 se habían recuperado 1.569 cuerpos y Medicina Legal identificó 75. Hay limitaciones por las condiciones de inseguridad y el acceso a la información por parte de los perpetradores que no comparecen ante la JEP.
Enfoque de étnico y género
De acuerdo con la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE), el enfoque étnico avanza, pero más lento que las demás disposiciones del Acuerdo. Sobresale la formalización de los territorios étnicos. Sin embargo, falta transparencia en las cifras.
Sobre el enfoque de género, persisten desafíos estructurales como la inclusión y visibilización de las poblaciones diversas. Se ha avanzado en espacios de participación, pero las mujeres siguen enfrentando riesgos por ejercer algún tipo de liderazgo político. En lo que va del 2024, la Defensoría ha emitido cinco alertas sobre la seguridad de las mujeres en municipios PDET.
Avances legislativos
En cuanto a la labor del Congreso, continúan pendientes el 23,4% (25) de las normas necesarias para implementar el Acuerdo. La Reforma Rural Integral es la más rezagada.
Preocupa la reglamentación de la Jurisdicción Agraria. En 2023 se aprobó su creación y en julio de 2024 la ley estatutaria para su integración y estructura, hoy en revisión de la Corte. Sigue pendiente que aprueben la ley ordinaria que define su funcionamiento y competencia.
Este informe multipartidista está financiado por el gobierno británico y lo firman 27 congresistas. Los senadores Humberto de la Calle, senador independiente; Angélica Lozano de la Alianza Verde; Diela Benavidez del partido Conservador; Clara López Obregón del Pacto Histórico; Alfredo Deluque del Partido de la U y Omar de Jesús Restrepo, Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo, del partido Comunes.
También los representantes Catherine Juvinao, Cristian Avendaño y Alejandro García de la Alianza Verde; Andrés Cancimance y Alejandro Toro del Pacto Histórico; Jairo Cala de Comunes; Oscar Campo de Cambio Radical; Daniel Carvalho y Jennifer Pedraza, independientes; Julio Salazar Perdomo y Héctor Mauricio Cuéllar del partido Conservador; William Aljure, CITREP Meta-Guaviare; James Mosquera, CITREP ChocóAntioquia; Karen Manrique, CITREP Arauca; Jhon Fredi Valencia, CITREP Putumayo; John Jairo González, CITREP Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; y Luis Ramiro Ricardo, CITREP Montes de María.