El 16 de enero de 2025 inició la más reciente crisis humanitaria en el Catatumbo. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), más de 61 mil personas fueron desplazadas[1], convirtiéndose en el mayor evento de desplazamiento masivo en Colombia desde 1997, cuando la Defensoría del Pueblo comenzó a registrar estos casos.
Desde entonces, el país fue testigo de una operación meticulosamente planificada por el ELN contra comunidades, organizaciones, líderes sociales y algunos firmantes de paz, a quienes acusaba de colaborar con las disidencias del Frente 33. Esta estructura forma parte del denominado Bloque Gentil Duarte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), compuesto por el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, y el Frente Comandante Raúl Reyes, actualmente en diálogos con el gobierno Petro.
Hoy sabemos que esta crisis tuvo un origen multicausal, pero su epicentro radica en las tensiones por el incumplimiento de pactos entre el ELN y el Frente 33, un riesgo que ya había advertido la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 026 del 15 de noviembre de 2024[2]. Lo sabían también muchas comunidades de la región y el propio comandante del Frente 33, ‘Andrey’, lo reconoció en una entrevista publicada en diciembre pasado[3].
Las disidencias surgieron en el Catatumbo en 2017 bajo el liderazgo de ‘Jhon Mechas’, gracias a acuerdos y apoyo del ELN. En 2021, ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ enviaron a ‘Richard’ como jefe financiero, quien aumentó las extorsiones, los secuestros y el reclutamiento de menores. Incluso estableció “centros de resocialización” como el de La Jabonera, en la frontera con Venezuela.
Un año después, ‘Richard’ comenzó a modificar los acuerdos con el ELN sobre el control del narcotráfico en la región, que alberga cerca de 44.000 hectáreas de cultivos de coca, según la UNODC, lo que desató tensiones y fracturó la coexistencia entre ambos grupos.
Para 2023, el Frente 33 se había expandido y pasó a ser el Bloque Magdalena Medio en pleno proceso de paz, convirtiéndose en un rival político del ELN. Incluso, para ganar legitimidad en la región, comenzó a financiar “obras sociales” para las comunidades, utilizando recursos del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando. Estos cambios llevaron a varias reuniones entre el ELN y las disidencias para intentar restablecer los acuerdos previos. Sin embargo, las tensiones entre ambos grupos aumentaron.
Otro factor clave fue el acercamiento entre el Bloque Magdalena Medio y el Gobierno Nacional. En julio de 2024, se anunciaron compromisos sobre “transformación territorial y asuntos ambientales derivados de las jornadas de diálogo social”, además de la creación de zonas especiales de intervención para ejecutar acuerdos parciales, entre ellas el Catatumbo. En otras palabras, el Gobierno y las disidencias avanzaban en proyectos concretos que no solo involucraban a las comunidades, sino al propio Frente 33, permitiéndole capitalizar la llegada de estas inversiones.
Venezuela también jugó un papel en las tensiones entre el ELN y el Frente 33. Desde su creación en 2017, esta disidencia se asentó en el estado de Zulia, estableciendo acuerdos con políticos y militares venezolanos. Inicialmente, el ELN lo toleró con cautela, pero con el tiempo, la situación derivó en un creciente conflicto. Finalmente están las acusaciones del ELN sobre una posible alianza del Frente 33 con integrantes del Clan del Golfo y su llegada al Catatumbo, al parecer liderada por ‘Richard’.
Todo esto llevó al ELN a percibir a las disidencias como una amenaza real para su control histórico en la región. Por ello, a finales de 2024 se inició la planificación de la operación, prevista para comenzar a principios de diciembre. Sin embargo, no fue hasta el 16 de enero de 2025 que desencadenó la crisis humanitaria en el Catatumbo. El diseño de la estrategia estuvo a cargo de ‘Pablito’, jefe militar del ELN, y se llevó a cabo a pesar de que esa misma semana se había pactado una reunión en La Habana (Cuba) para intentar reactivar la mesa de diálogos, estancada desde marzo de 2024.
Hoy se sabe que el ELN contó con el respaldo del Frente de Guerra Oriental, que opera en Arauca. Sin embargo, no hay pruebas creíbles de un gran desplazamiento de combatientes, como afirmaron algunos medios citando fuentes de inteligencia. En el caso de las disidencias, el rápido y desordenado reclutamiento debilitó su capacidad de resistencia ante la ofensiva del ELN. El propio ‘Andrey’ ha reconocido que el reclutamiento masivo de jóvenes sin experiencia en combate dejó al Frente 33 sin capacidad de reacción.
Los impactos
La disputa entre el ELN y las disidencias tuvo un alto costo en términos humanitarios, sociales y de legitimidad del Estado. Dejó a la población atrapada entre dos grupos armados, reviviendo el temor de una guerra como la que en 2018 enfrentó al ELN con los “Pelusos”, pero esta vez con mayor intensidad y en cuestión de días. Además, fracturó el tejido organizativo social del Catatumbo, dejando secuelas profundas. Por último, acentuó la desconfianza en las instituciones, ante la incapacidad del Estado para frenar la ofensiva del ELN.
Lo más alarmante es que la violencia se dirigió principalmente contra la población civil, en lugar de centrarse en el enfrentamiento entre los dos grupos armados. Aún más grave, el ELN justificó sus acciones acusando a los habitantes de ser colaboradores, difuminando así la distinción fundamental entre civiles y combatientes.
Según datos del PMU, esta confrontación ha dejado un saldo de 98 muertos, entre ellos seis firmantes de paz, cuatro menores de edad y siete integrantes de las Fuerzas Militares. Además, 61.397 personas han sido desplazadas y 16.651 permanecen confinadas. Hasta la fecha, seis firmantes de paz siguen desaparecidos.
Asimismo, la crisis impactó a 1.870 pequeños y medianos productores de palma, productores de carbón, transportadores y comerciantes en las zonas urbanas de la región. Además, las autoridades locales se vieron desbordadas ante la magnitud de la emergencia humanitaria.
Se desconoce el impacto exacto sobre los integrantes del Frente 33 en términos de bajas dentro de sus filas. Sin embargo, 127 combatientes se han sometido a la justicia y 27 menores de edad han sido recuperados. Según estimaciones oficiales de la Fuerza Pública, este frente contaba con alrededor de 400 integrantes a finales de 2024, lo que implicaría una reducción de al menos el 50% de su capacidad armada.
La crisis también afectó las mesas de diálogo de paz entre el Gobierno, el EMBF y el ELN. En el caso del EMBF, los acuerdos territoriales en la región se detuvieron y se ralentizó la negociación justo cuando el cese al fuego acordado está próximo a finalizar el 15 de abril. Asimismo, la mesa con el ELN fue suspendida mediante la resolución 015 del 23 de enero de 2025 y el propio grupo guerrillero ha descartado cualquier posibilidad de reanudarla.
La reacción institucional
Una de las medidas más destacadas en la respuesta del Gobierno Nacional a la crisis fue la priorización de la acción humanitaria y la protección de las personas en mayor riesgo. A través de extracciones aéreas y terrestres, la Fuerza Pública evacuó a 783 personas en dos meses, incluyendo 52 firmantes de paz y un número significativo de líderes sociales, cuya vida ha sido salvaguardada gracias a esta decisión.
Desde el inicio de la crisis, la Fuerza Pública ha desplegado más de 10.000 uniformados en la región, concentrando sus esfuerzos iniciales en recuperar el control de las vías Cúcuta–Tibú y Cúcuta–Ocaña. Posteriormente, se enfocó en estabilizar y reforzar la presencia institucional en los cascos urbanos de Tibú, Campo Dos, La Gabarra, El Tarra, Convención, Teorama y Sardinata, además de desmantelar infraestructura ligada al narcotráfico. Sin embargo, a pesar del aumento de tropas, los asesinatos en el casco urbano de Tibú continúan.
Paralelamente, se creó la figura de Comandante Militar, que unifica en un solo mando las capacidades y tareas de coordinación y articulación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Por su parte, las autoridades locales, con apoyo del Gobierno Nacional, habilitaron alojamientos temporales para cerca de 20.000 personas en Cúcuta, Tibú, Ocaña, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Convención, Ábrego, Teorama y El Carmen. Además, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) destinó recursos para proteger la vida de decenas de firmantes de paz y sus familias.
El 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Conmoción Interior en Catatumbo, permitiendo la implementación de medidas urgentes como inversiones y protección a líderes sociales. Esta decisión, que aún está en revisión por la Corte Constitucional, colocó de nuevo la atención en el denominado “Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo”, cuyos resultados aún no se sienten en la región, pues acaba de firmarse.
El Pacto Catatumbo es una iniciativa que busca canalizar recursos nacionales y fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional y regional para su implementación. Aunque representa una respuesta a las crisis de seguridad y la persistente violencia en la región, no es un enfoque nuevoa[4]. A lo largo de distintos gobiernos, se han promovido estrategias para acelerar la presencia del Estado mediante infraestructura y la provisión de bienes y servicios. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha logrado transformar significativamente las condiciones del territorio ni reducir la violencia y la influencia de los grupos armados.
Uno de los principales desafíos de estos planes radica en su ejecución, ya que el contexto del Catatumbo dificulta su implementación. La baja capacidad institucional en la región limita la efectividad de las acciones, que suelen centrarse en la atención inmediata de las crisis en lugar de garantizar una intervención sostenida a mediano y largo plazo.
En general, las autoridades locales, las iglesias, organismos humanitarios, empresarios y comunidades solidarias reaccionaron con recursos para atender la actual crisis. También trataron de visibilizar a nivel nacional los impactos humanitarios y económicos de lo sucedido.
Las transformaciones del conflicto ELN-disidencias
Hasta finales de febrero, el ELN había debilitado significativamente las capacidades militares del Frente 33 y tomado control del 90% de las zonas donde operaba. Además, comenzó a reducir el impacto sobre las comunidades, permitiendo el retorno de los desplazados y estableciendo mecanismos para devolver miles de hectáreas despojadas. Se sabe que los dos principales comandantes del Bloque Gentil Duarte siguen en la región, pero ‘Andrey’, del Frente 33, fue evacuado y ahora participa en la mesa de diálogos con el Gobierno.
Todo esto, sumado a la reducción de ese grupo, abrió la posibilidad de que los miembros restantes se reagruparan e iniciaran un proceso de sometimiento. Las Fuerzas Militares pusieron en marcha una estrategia para incrementar el número de sometidos y hasta el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, reconoció que este sometimiento era parte de la solución a la crisis. Incluso, algunos mandos del Frente 33 llegaron a plantear la creación de una zona de concentración para 400 de sus integrantes[5].
Paralelamente, las Fuerzas Militares ajustaron su estrategia para golpear a los mandos e integrantes del ELN. Sin embargo, el modo de operar de esta guerrilla —en pequeños grupos, camuflándose entre las comunidades y respaldada por una sólida red de inteligencia— dificultó varias operaciones. Ante este escenario, los esfuerzos se centraron en facilitar el sometimiento del Frente 33, recuperar el control territorial y ubicar y enfrentar a los grupos del ELN en la región.
No obstante, en las últimas tres semanas, la idea del sometimiento del Frente 33 se ha desvanecido. Según información de la Fuerza Pública, las disidencias han comenzado un proceso de reacomodo y fortalecimiento, reincorporando a muchos de sus integrantes que habían salido, recuperando a algunos de los que se sometieron y regresaron a sus filas, y recibiendo apoyo logístico y armamento del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá’.
Además, han contado con el respaldo de las disidencias en Arauca, bajo el mando de ‘Mordisco’, quien, a pesar de ser contradictor del EMBF, fue precisamente el que envió a ‘Richard’ al Catatumbo. También han recibido apoyo de unidades en el sur de Bolívar y el sur del Cesar.
Fuentes oficiales indican que el Frente 33 cuenta actualmente con cerca de 500 hombres en armas y ha comenzado a recuperar varias de las zonas que controlaba antes de la crisis, entre ellas, el corredor que parte de Tibú por Barrio Largo y conecta con Versalles, Orusiete, Filo Gringo y La Angalia.
Las comunidades han reportado que el ELN ha lanzado advertencias tajantes: “las disidencias no pasarán de Filo Gringo, así tengamos que dejarlo en ruinas”. Además, el Frente 33 ha retomado el control de veredas cercanas al río Socuavo, en la vía hacia La Gabarra, y ha empezado a hacer presencia, tanto en el casco urbano de Tibú como en los pasos fronterizos.
Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en las últimas dos semanas sugieren el inicio de un nuevo ciclo de guerra en Catatumbo, con consecuencias humanitarias aún mayores. Todo apunta a que la violencia en la región está lejos de llegar a su fin[6].
Las tareas pendientes
La FIP destaca que la unificación del esfuerzo militar y policial en la región, con el nombramiento de un comandante militar, es un paso acertado para diseñar y ejecutar un plan sólido frente a la disputa entre el ELN y las disidencias. Sin embargo, su efectividad dependerá de superar una serie de retos para que no se convierta en un saludo a la bandera o una presencia que realmente no contiene la disputa, como ha pasado en otros momentos y contextos similares.
El Gobierno y el nuevo ministro de Defensa deben definir con claridad la estrategia para contener las disputas entre grupos armados ilegales que, como en este caso, no confrontan directamente al Estado, pero generan violencia y desestabilización en los territorios. Su éxito depende de los recursos disponibles y sobre todo de la articulación con la rama judicial y la Fiscalía para dar respuestas oportunas a los habitantes del Catatumbo.
La seguridad es un pilar fundamental para facilitar el retorno de los desplazados, poner fin a los confinamientos y generar condiciones más favorables para el trabajo de las demás entidades del Estado. No obstante, resulta clave complementar estos esfuerzos con soluciones rápidas y efectivas en aspectos como la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica, la mejora de la infraestructura vial, la prevención del reclutamiento de menores y un control fronterizo más eficiente. De manera especial y urgente, es imprescindible fortalecer la protección de los firmantes de paz y sus familias, así como agilizar su acceso a la tierra.
La crisis del Catatumbo también debe analizarse a la luz de las lecciones aprendidas. Como ha señalado recientemente Human Rights Watch[7], el Gobierno debería reconsiderar la estrategia de acordar e implementar planes de desarrollo rural con la participación de grupos ilegales que continúan armados. Esta práctica no solo les otorga legitimidad, sino que además expone a las comunidades a mayores riesgos frente a otros grupos armados que operan en el mismo territorio.
Finalmente, sigue pendiente que el actual gobierno reconozca que muchas de las medidas contempladas en el Acuerdo Final de Paz de 2016 son claves para enfrentar esta crisis. El peor escenario sería que, en esta nueva fase del conflicto en Catatumbo, el Estado no avance en aspectos fundamentales de seguridad, desarrollo social y reactivación económica. Si esto ocurre, los habitantes de la región se verán obligados a convivir con la guerra entre el ELN y las disidencias durante meses, una situación inaceptable.