Análisis / 23 de mayo de 2025 / Tiempo de lectura: 2 min.

Comprar la hoja de coca: una idea riesgosa

¿Qué se requiere para que esta iniciativa del presidente Gustavo Petro se concrete y qué implicaciones tendría?

Cultivadores de hoja de coca en Tibú, Norte de Santander.
Cultivadores de hoja de coca en Tibú, Norte de Santander. © COLPRENSA. Santiago Mesa
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  • Ana María Rueda R.
    Ana María Rueda R. Coordinadora, Análisis sobre la Política de Drogas

En octubre de 2024, el presidente Petro anunció que compraría las cosechas de hoja de coca en el corregimiento de El Plateado, ubicado en Argelia, Cauca, “mientras aparece la economía lícita”. Sin embargo, desde el anuncio no se conoce información sobre los objetivos y características de un programa que para funcionar necesitaría una inversión cuantiosa del Gobierno Nacional y el compromiso y articulación de varias entidades nacionales, regionales y locales.

La FIP parte del principio de que la compra estatal de hoja de coca debe, como mínimo, cubrir las necesidades económicas inmediatas de las familias cultivadoras. Al mismo tiempo, debería debilitar el narcotráfico en la región, desincentivando el interés de los grupos criminales por controlar el territorio. Además, esta estrategia debería promover una industria lícita en torno a la hoja de coca que impulse el desarrollo económico del Cauca y otras condiciones favorables para la transformación territorial.

Si esto llegara a suceder, la confianza entre el Estado y los cultivadores se renovaría, lo que a su vez ayudaría a crear narrativas positivas en torno a la hoja de coca, otro de los objetivos de este Gobierno.

Sin embargo, para que sea posible, el Gobierno debe definir asuntos de gran calado: cómo se comprará la hoja de coca, por cuánto tiempo, a qué precio y qué uso se le dará. Pero, la realidad es que hoy no existen las condiciones para implementar, a gran escala y bajo su administración, modelos de negocio basados en usos lícitos de la hoja.

Es importante entender que la compra de hoja de coca sería solo una parte de este proyecto de desarrollo, que debe incluir otras actividades productivas que generen ingresos y permitan reducir los cultivos de manera sostenible.

El Gobierno, a un año de que finalice su mandato, si puede avanzar en una regulación sólida que apoye los emprendimientos que ya existen y siga impulsando y financiando la investigación científica sobre los posibles beneficios de la hoja de coca. Estos avances podrían abrir opciones lícitas a las familias de El Plateado y otras regiones en el futuro.

Si el Gobierno tiene claro que su objetivo es la transformación de este territorio y no la compra de coca en sí, podrá, con la debida planeación, dejar sentadas las bases para avanzar tanto en el modelo de desarrollo para El Plateado como en la regulación de los usos lícitos de la hoja de coca.

 

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