El 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro encabezó un evento en Medellín que fue convocado mediante dos invitaciones distintas. Una de ellas celebraba la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, mientras que la otra hacía un llamado a “Un pacto por la Paz Urbana”. Esta última sugería que el foco estaría en la mesa de conversación con los combos del Valle de Aburrá.
El encuentro tuvo lugar en la plazoleta de La Alpujarra y contó con la presencia de nueve voceros de las estructuras criminales que representan a La Oficina en el diálogo con el Gobierno Nacional.
Detrás del evento se evidenciaban dos intenciones, ambas políticas y desconectadas de lo que realmente necesita una mesa de diálogo que busca el sometimiento del crimen organizado. La primera, atraer a una audiencia más amplia combinando dos temas completamente distintos. La segunda, utilizar con fines políticos y electorales el diálogo con las estructuras armadas del Valle de Aburrá, lo que ha traído consecuencias negativas y ha profundizado varios de los problemas que ya existían en esta mesa de conversación.
Por un lado, el Gobierno Nacional intentó mostrar que la Paz Total sigue viva, desafiando abiertamente a las autoridades locales que se oponen al Presidente y se han distanciado del proceso. Por otro, para los combos, la presencia del mandatario podría leerse como una señal de que la mesa ha llegado a un punto de no retorno.
Sin embargo, la realidad de este diálogo sociojurídico dista mucho del optimismo que se intentó proyectar durante el evento. La negociación ha adoptado como bandera la reducción de la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, pero, como hemos reiterado desde la FIP, esa disminución no puede atribuirse a este proceso. Obedece a múltiples factores históricos que han llevado a que la violencia letal sea, desde hace años, un recurso al que las bandas recurren cada vez menos.
En comparación con los otros tableros de la Paz Urbana —Quibdó y Buenaventura—, el del Valle de Aburrá ha enfrentado menos obstáculos. Esto se debe no solo a que la situación de violencia es menos intensa, sino también a que la delegación de las bandas está mejor coordinada internamente y tiene voceros con un largo historial criminal y experiencia en procesos de diálogo con distintos gobiernos[1]. Es una criminalidad muy organizada que entiende el valor simbólico de estos espacios.
Aun así, después de dos años de conversaciones, esta mesa sigue sin marco jurídico para el sometimiento colectivo, sin una agenda de negociación pública, y los hitos que se han presentado no contribuyen al objetivo central que debería tener una negociación sociojurídica: el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Si bien se han acordado algunos gestos de paz, como el cese de extorsiones en 45 barrios, y una parte significativa de la sociedad civil ha expresado su respaldo activo al proceso, persiste la falta de un método claro, una constante en la política de Paz Total en todos sus tableros.
Las preocupaciones no solo radican en las falencias metodológicas y en la falta de compromiso del alto gobierno para destinar recursos que fortalezcan la mesa, sino también en lo que este proceso ha representado para el poder de los combos.
Sobre la primera, los pronunciamientos del Gobierno Nacional intentan dar a entender que la Paz Urbana es una prioridad, pero sus omisiones representan todo lo contrario. Dos ejemplos de estas omisiones son, precisamente, la agenda de negociación y el marco jurídico. Aunque la transparencia se ha mostrado como un valor fundamental del proceso, también debería ser la rigurosidad para garantizar su sostenibilidad y legitimidad, así como la comprensión de cómo funciona la criminalidad en el Valle de Aburrá.
Sobre la segunda, La Oficina llegó a la mesa como un actor criminal ya protagónico y hegemónico en el Valle de Aburrá, pero ha sido a través de este espacio de diálogo que ha reivindicado públicamente el capital político y social que manifiesta tener. Sus voceros ahora tienen visibilidad mediática y acceso a beneficios carcelarios, lo que sin duda ha contribuido a su fortalecimiento.
Este informe presenta las claves para entender qué ha pasado con la mesa y algunos desafíos que persisten en el tiempo. Además, analiza el momento político actual, marcado por la prioridad que le ha dado el Gobierno Nacional a este tablero de negociación, en medio de tensiones con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes se han mostrado opositores de la Paz Total, y especialmente de esta mesa con La Oficina.