A un año del fin del mandato y en medio de una campaña electoral que ya comenzó, la política de paz sigue sin norte ni estrategia clara mientras la crisis humanitaria se agrava. Sus prioridades cambian al ritmo de la coyuntura y los interesess del Gobierno. A esto se suma un problema de fondo: la falta de articulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para contener el nuevo ciclo de violencia.
“Aunque ambas buscan transformar el conflicto, operan por separado, sin dirección unificada ni visión territorial integrada”, señala Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la FIP. Como resultado, ni la Fuerza Pública estabiliza los territorios ni los procesos de paz avanzan con garantías.
Desde el inicio de la Paz Total, la FIP advirtió que era una política audaz en su planteamiento, pero desconectada de la realidad territorial e institucional, con bajo potencial para resolver los problemas que se proponía enfrentar. “Varias de nuestras alertas se han cumplido: expansión de grupos armados, falta de método, débil articulación institucional y una arquitectura estatal insuficiente”, agrega Preciado.
Este informe —Entre la tormenta perfecta y el riesgo de una paz electoral— analiza el estado actual de la seguridad, el impacto en las comunidades, la evolución de la Paz Total y plantea escenarios para el cierre del gobierno Petro.
La seguridad atrapada en la “tormenta perfecta”
El país enfrenta a un panorama crítico en materia de seguridad, resultado de la suma de múltiples factores que configuraron una auténtica ‘‘tormenta perfecta”:
El aumento sostenido de la confrontación armada.
La expansión y reconfiguración territorial de los grupos ilegales.
La fragmentación de estos actores y el incremento de las disputas.
La falta de consolidación de los procesos de negociación que supuestamente generarían alivios humanitarios.
El debilitamiento progresivo de las capacidades estatales para contener la violencia y proteger la población.
Hoy el conflicto es más atomizado y fragmentado, con grupos armados que han intensificado su presencia y control territorial, y otras que avanzan en su expansión. Las disputas entre el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el Clan del Golfo y el ELN, entre otros, han multiplicado los focos de violencia.
Aunque la intensidad del conflicto varía según la región, en el tercer año de gobierno se registran 14 zonas en disputa, el doble de las que había al inicio del mandato.
Datos del tercer año:
El país alcanzó las cifras más altas de acciones armadas por parte de todos los actores, con un aumento del 140% en ataques a la infraestructura y del 111% contra la Fuerza Pública, así como un incremento del 68% en enfrentamientos entre grupos armados.
La fragmentación al interior de los grupos se materializó alrededor de los diálogos con el Gobierno, producto de desacuerdos en torno al liderazgo, la interlocución con el Estado y el control de economías ilícitas.
Regiones en donde antes coexistían actores armados, bajo arreglos tácitos de no agresión o distribución del territorio, hoy se han convertido en escenarios de confrontación, con efectos directos sobre la población civil.
El Clan del Golfo ha adoptado una estrategia más centralizada y agresiva de expansión, abandonando progresivamente la tercerización de servicios.
Aunque la Fuerza Pública recuperó la iniciativa militar y aumentó los combates en un 111%, estos se concentraron solo en cuatro departamentos, desatendiendo otras zonas críticas.
El incremento presupuestal del sector Defensa (5,5% entre 2022 y 225) no se ha traducido en una mejora efectiva de la capacidad operativa de las fuerzas, debido a factores como el aumento en los costos de personal, la rigidez del gasto y las dificultades en el desembolso oportuno de recursos operacionales.
Hay pérdida en las capacidades de inteligencia. Esto sucede, entre otras razones, por los cambios continuos de oficiales con mando, lo que afecta la continuidad en la planeación.
Las comunidades en medio de la escalada armada
La mayor ofensiva militar no se ha traducido en una mayor protección para la población civil porque no está acompañada de una estrategia de seguridad territorial integral, ni de mecanismos eficaces de articulación institucional.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido que 2025 podría convertirse en el año con mayor impacto humanitario de la última década.
Datos del tercer año:
Se registran incrementos preocupantes como las víctimas de desplazamiento forzado masivo (22%), los ataques a misiones médicas (142 %), el reclutamiento forzado (27%), los secuestros (15%) y los confinamientos (2%).
El homicidio de líderes sociales disminuyó un 11%, pero no debe interpretarse como una mejora ya que se ha intensificado la presión de los actores armados sobre las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal rurales.
En muchas zonas, la violencia directa ha sido reemplazada por estrategias de dominación silenciosa: vigilancia constante, castigos comunitarios y control del ingreso y salida de personas, entre otras.
De la “paz total” a la “paz electoral”
La Paz Total sigue cambiando de forma al vaivén de las necesidades del Gobierno y las coyunturas. Pasó de ser una paz territorial a una estrategia político-militar, luego a una paz urbana y ahora corre el riesgo de convertirse en una “paz electoral”.
Todas estas transformaciones no son el resultado de una estrategia estructurada, sino de ajustes forzados frente a fracasos parciales o bloqueos de cada uno de estos enfoques, lo que ha profundizado la incoherencia de la política y debilitado la confianza.
A medida que se acerca el final del gobierno, la prioridad parece centrarse en mostrar resultados rápidos, incluso firmando acuerdos sin claridad sobre su sustento jurídico e implementación.
La apertura de nuevas mesas urbanas, como la de Barranquilla, refleja más una apuesta mediática que una estrategia con viabilidad jurídica y temporalidad para alcanzar acuerdos sostenibles.
En la actualidad, cinco de las nueve mesas de la Paz Total siguen vigentes: Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (CNEB), Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), y las negociaciones con las bandas de Buenaventura y el Valle de Aburrá.
El caso de Buenaventura es un ejemplo claro de cómo el Gobierno ha redefinido sus prioridades, pues a pesar de haber sido declarado el ‘Laboratorio de la Paz’ hoy su futuro es incierto tras la ruptura de la tregua entre Shottas y Espartanos.
Uno de los problemas más profundos de la Paz Total sigue siendo la ausencia de vías legales para resolver la situación jurídica de los integrantes de los grupos que negocian. La concentración de sus miembros en zonas específicas, la entrega de armas y el inicio de procesos de reintegración se han acordado sin tener en cuenta claridades jurídicas. Lo mismo ocurre con las mesas urbanas.
La Paz Total corre el riesgo de transformarse progresivamente en una “paz electoral”, es decir, la Paz Total cada vez más se parece a un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto armado en el país.
Tres retos (y escenarios) en el último año de Gobierno
Deterioro de la seguridad y agravamiento de la crisis humanitaria, si se insiste en implementar la política de seguridad de forma aislada de la estrategia de paz. Todo esto dejaría al próximo gobierno en una situación más crítica que la actual y con márgenes de acción muy reducidos.
Unas elecciones con mayor riesgo. El principal riesgo no radica en que los grupos armados logren manipular directamente los resultados electorales o cooptar espacios en el Congreso, sino en las presiones y constreñimientos que puedan ejercer sobre los votantes en los territorios bajo su influencia.
Las negociaciones se mantendrán, pero los avances serán limitados. Se prevé que los avances que se alcancen sean más simbólicos que estructurales, enfocados en generar la percepción de progreso en temas como sustitución de cultivos, transformación territorial o zonas de ubicación para los integrantes de los grupos, más que en procesos reales de desmovilización y desarme.