Así ha mutado el crimen en Colombia: de los carteles al modelo en red

El crimen organizado es uno de los principales desafíos de seguridad en América Latina: genera violencia a gran escala y en muchos territorios impone su autoridad. En Colombia, la FIP ha advertido que el país se enfrenta hoy a un contexto de seguridad híbrido, donde la línea que separa a grupos insurgentes y grupos de crimen organizado es cada vez más difusa. Las organizaciones criminales han sabido adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos, pero también a la forma como el Estado las combate.

Estas son las 10 claves para entender cómo se ha transformado este fenómeno y el tamaño del reto.  

1. Colombia se enfrenta a la cuarta generación del crimen organizado que da cuenta de un alto grado de aprendizaje criminal. Cada generación tiene características distintas, pero están estrechamente relacionadas unas con otras. De los grandes carteles de los 80 y 90, como el de Medellín y el de Cali, el país pasó a los llamados “cartelitos” como el del Norte del Valle y la Oficina de Envigado. Mientras tanto, las FARC y las AUC comenzaron a tener mayor presencia en los cultivos de coca, para luego controlar las grandes rutas de la cocaína. Más adelante, tras la desmovilización de las AUC surgieron las Bacrim, grupos herederos del paramilitarismo como los Urabeños, que consolidaron un modelo en red, más horizontal, con alcance regional y local.

   La cuarta generación es producto de la desmovilización de las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz y de la transformación de las otras organizaciones, que siguen el mismo modelo y hoy controlan algunos eslabones de las rentas ilícitas en el país, a diferencia de los carteres mexicanos o las mafias europeas que lideran la distribución internacional de la droga. De esta última generación hacen parte las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y agrupaciones urbanas como La Oficina y El Mesa en el Valle de Aburrá, o los Costeños y los Pepes en Barranquilla.

2. Modelo en red, con estructuras flexibles y dinámicas. La nueva generación del crimen organizado en Colombia está compuesta por múltiples grupos con distintas capacidades y grados de incidencia territorial, que colaboran o compiten por el control de actividades ilegales. En el primer nivel se encuentran las estructuras que, aunque no operan en todo el país, tienen alcance nacional. Estas organizaciones combinan control territorial, capacidad militar y funciones de gobernanza local; además, están conectadas con el crimen transnacional como el Clan del Golfo y las disidencias.

   En el segundo nivel están los grupos con influencia subregional o local, enfocados en el ejercicio de la violencia y en el control de mercados o segmentos de ellos, como La Cordillera en el Eje Cafetero, las ACSN en la Sierra Nevada y las “razones” de las estructuras criminales en el Valle de Aburrá. Y en el tercer y último nivel se ubican grupos con alcance barrial o microlocal que controlan segmentos limitados de mercados ilícitos como el microtráfico, y prestan servicios criminales a estructuras más grandes y complejas. Allí están los “combos”, oficinas de cobro y redes de sicarios en Medellín o Barranquilla, y las bandas y pandillas que se disputan el microtráfico en Cali.

3. Reciclaje criminal. Las organizaciones criminales cuentan con una notable capacidad de reclutamiento y reciclaje de integrantes provenientes de otros grupos armados, lo que les permite recomponerse o ampliar su tamaño con facilidad. Esta característica les otorga una alta resiliencia frente a operativos de desarticulación o acciones del Estado, ya que pueden reorganizarse sin depender de una figura central. Por eso, cuando las autoridades capturan a un líder, lo reemplazan rápidamente.

4. Su control y gobernanza no es homogénea. En el nivel más básico de las organizaciones criminales se encuentran grupos dedicados al hurto, fraude, contrabando y delitos financieros, que operan de forma independiente y con esquemas fragmentados como las bandas criminales en Bogotá. El segundo nivel agrupa a quienes regulan mercados ilícitos sin ejercer control social directo y usan la violencia solo para hacer cumplir contratos o disuadir competidores, como ‘Papá Pitufo’, zar del contrabando. En el tercero están los grupos que ejercen control territorial parcial para proteger intereses económicos, imponiendo normas, extorsionando y ofreciendo “seguridad”, como ocurre en Barranquilla, Quibdó, Buenaventura y Cali. Y, en el extremo superior están organizaciones con la capacidad de establecer gobiernos paralelos: regulan la vida cotidiana, administran justicia, cobran tributos e incluso proveen infraestructura y empleo, como el Clan del Golfo en el Urabá y las ‘razones’ en Medellín.

5. No busca el control total de los mercados. Estos grupos operan como empresas criminales especializadas: unos manejan cultivos de coca y el procesamiento de cocaína, otros las conexiones comerciales y algunos su distribución. Como tienen menor incidencia en el tráfico transnacional han diversificado sus rentas con extorsión, sicariato o minería ilegal de oro, e incluso usan economías legales para reducir riesgos y asegurar su sostenibilidad cuando una renta se ve afectada.

6. Ha “domesticado” la violencia para no atraer la atención de las autoridades. Ya no buscan atacar abiertamente a la Fuerza Pública. En cambio, usan la violencia para controlar mercados y comunidades, así como en las disputas con rivales o competidores. Esa disminución de la violencia letal no es necesariamente una buena noticia: ahora utilizan mecanismos que son difíciles de medir como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados individuales.

7. Pasó de controlar la distribución a ser proveedor. El crimen en Colombia pasó de controlar directamente la cadena de distribución tal y como sucedía en los años ochenta o estar asociado con carteles mexicanos en los noventa, a un modelo en el que actúan principalmente como proveedor. Hoy no participa en los niveles más altos del negocio, y la creciente intermediación centroamericana evidencia el declive de su protagonismo en el mercado global de la cocaína.

8. Mantiene vínculos con las mafias internacionales, pero son indirectos. Las organizaciones colombianas conservan su autonomía operativa y tienen relaciones indirectas con grupos extranjeros sin ceder el control dentro del país. Los carteles mexicanos o europeos no operan en Colombia de manera directa, sino que tienen acuerdos comerciales con actores locales para la compra de cocaína y su distribución global. Solo el Tren de Aragua tiene influencia en Colombia, aunque focalizada y limitada.

9. Instrumentaliza al Estado. El crimen organizado moderno no busca reemplazar al Estado sino hacer que sea útil a sus intereses. Antes, el Estado local era visto como un obstáculo, hoy es instrumentalizado y a través de la corrupción y la cooptación, termina siendo funcional a las redes y los intereses criminales.

10. Está a la vanguardia tecnológica. Usan tecnologías modernas y plataformas digitales para reclutar, difundir propaganda y ampliar su influencia, especialmente entre población joven. WhatsApp funciona como herramienta de control social. También cuentan con armamento sofisticado y emplean drones para ataques, transporte o vigilancia, y utilizan comunicaciones avanzadas como internet satelital.

    ¿Qué a hecho el Estado?

    Durante más de cinco décadas, el Estado colombiano ha desplegado diversas estrategias contra el crimen organizado, concentradas principalmente en la lucha contra el narcotráfico: un marco normativo sólido, operativos militares y policiales, mecanismos de sometimiento a la justicia y campañas de comunicación centradas en los resultados operativos.

    Sin embargo, la capacidad del crimen organizado para adaptarse rápidamente a estas acciones contrasta con la dificultad del Estado y sus instituciones para modificar sus estrategias con la misma agilidad. Esta rigidez responde, en gran parte, a la falta de articulación interinstitucional, lo que dificulta la investigación y judicialización, así como una hiper-concentración en acciones reactivas que no atacan los problemas estructurales asociadas a la criminalidad y las violencias del país.

    En la FIP hemos insistido que combatir al crimen no es solo de una cuestión de fuerza. Para que las estrategias sean efectivas deben abordar el problema desde una perspectiva multidimensional, combinando la represión de estos grupos con el fortalecimiento institucional, la reducción de la corrupción y el desarrollo de alternativas socioeconómicas para las comunidades afectadas por la criminalidad. Solo así será posible reducir la resiliencia del crimen organizado y avanzar hacia una solución sostenible.

10 ideas clave para enfrentar la criminalidad

‣ Revisar y armonizar el marco normativo: Se necesita un marco legal de sometimiento y sujeción a la justicia realista y funcional para organizaciones criminales complejas.

‣ Ajustar la arquitectura institucional para que sea más flexible, interoperable y especializada, permitiendo la interacción real entre agencias, el flujo de información y la definición clara de roles y responsabilidades.

‣ Atacar sistemáticamente la corrupción: fortalecer las estrategias de depuración y control interno en las instituciones públicas, así como mecanismos efectivos de prevención, control y sanción a la corrupción para reducir al máximo la cooptación del Estado por parte de intereses criminales.  

‣ Mejorar la caracterización y comprensión del fenómeno: Una política de seguridad efectiva requiere un marco común de definiciones y caracterizaciones para la criminalidad organizada.

‣ Modificar los indicadores de éxito: Se necesita construir nuevas métricas que midan la desarticulación de redes criminales, la afectación a sus fuentes de financiación ilegal y la reducción del control territorial, enfocándose en resultados estratégicos, no solo operativos.

‣ Priorizar casos de macro criminalidad: La Fiscalía debe priorizar las investigaciones y la judicialización de aquellos procesos que revelen patrones de actividad delictiva recurrentes, sostenidos en el tiempo y asociados a organizaciones criminales complejas. Esto requiere un enfoque territorial en la planeación institucional.

‣ Contar con información confiable y verificable: El Estado debe generar información pública, periódica y confiable sobre seguridad, basada en metodologías robustas y estables. Es crucial fortalecer el periodismo investigativo especializado y facilitar el acceso a datos de calidad.

‣ Fortalecer las capacidades locales: entender el crimen organizado moderno demanda diagnósticos micro-territoriales. Esto demanda el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales (alcaldías, gobernaciones, órganos de control, etc.) a través de observatorios de seguridad y la profesionalización y especialización de sus funcionarios, entre otros.

‣ Reformar el sistema penitenciario: la reforma implica modernizar su infraestructura física, así como procesos y procedimientos para reducir la posibilidad de que las cárceles sigan siendo centros de operaciones al servicio del crimen.

‣ Abordar el reciclaje criminal: Se requiere una articulación más estrecha entre las políticas de reincorporación de excombatientes, los sistemas de inteligencia y las estrategias de judicialización para interrumpir los ciclos de reproducción del crimen organizado.