Este análisis fue escrito en coautoría con Daniel Medina, Andrés García y Mariana Valderrama de IFIT.
Desde el aire, el paisaje podría confundirse con un desierto. Una mancha árida se extiende por varios kilómetros a la redonda, como una cicatriz en la tierra. Cada tanto aparece un parche verde: son los árboles que sobreviven y recuerdan que hasta hace algunos años ―antes del auge de la explotación ilegal de oro―, en ese suelo había un bosque.
Aunque acá, en el Bajo Cauca, la extracción de oro no es un fenómeno nuevo, las alertas están encendidas: en los últimos años, la minería ha alcanzado dimensiones críticas. Según la Fuerza Pública y el más reciente reporte de Antioquia Cómo Vamos, el negocio de extracción ilegal de oro mueve más de 5.000 millones de dólares anuales. Pese a la presencia de varias empresas que operan legalmente en el territorio, la minería informal e ilegal dominaría cerca del 85% del mercado.
La magnitud de esta ilegalidad también se refleja en un vacío comercial de 5.600 millones de dólares entre 2010 y 2018 —es decir, la diferencia entre el oro reportado como exportado por Colombia y lo que registraron como recibido sus socios comerciales—, una señal de oro oculto y posible lavado de activos (1).
Las aguas del río Nechí, que comunica a varios municipios de esta subregión de Antioquia, son el testigo silencioso de esta situación: entre 2019 y 2024, el número de equipos dedicados a la explotación de oro —dragas, dragones y motobombas— pasó de 105 a 335 solo en este afluente (2). De la mano de la minería ilegal va la deforestación: se estima que más de 200.000 árboles han sido talados (3), un reflejo crudo de la magnitud del impacto ambiental que enfrenta este territorio.
Quien recorre los municipios de Zaragoza, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia o Nechí también debe enfrentarse al temor de la guerra y el control de los grupos ilegales. En la región hacen presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Los factores de inestabilidad de esta región conjugan una tormenta perfecta que lleva a concluir que en el Bajo Cauca estamos perdiendo la batalla, no solo en el plano militar y ambiental. Se trata, quizás, de una aún más decisiva: la disputa por la gobernanza territorial.
El limitado diálogo con las organizaciones sociales y la ciudadanía, las decisiones tomadas sin criterio técnico y la débil coordinación con los niveles departamental y local han minado la confianza y la capacidad del Estado para consolidarse como autoridad legítima. Estos vacíos han sido rápidamente aprovechados por los grupos armados para expandir y consolidar su control.
Viajamos a esta subregión del nororiente de Antioquia para analizar el fenómeno de la minería ilegal y su relación con los grupos armados tras el paro minero de octubre de 2024 (4). Nuestra visita, en agosto de 2025, se dio en el marco del Fondo Territorial en Acción, una iniciativa del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) (5) que contó con la participación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En terreno, nos reunimos con la Fuerza Pública, cinco de los seis alcaldes del Bajo Cauca, representantes de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil y mineros del municipio de Zaragoza que han hecho la transición de la informalidad a la formalidad.
De estas conversaciones emergió un consenso: más allá de la gobernanza criminal que ejercen los grupos, de su capacidad armada, de su vínculo con las economías ilícitas y de las graves afectaciones ambientales, persiste un factor que se repite una y otra vez y es determinante: la falta de visión y de resultados tangibles por parte del Estado.
Sin embargo, en este texto no solo recapitulamos algunos hallazgos del viaje, sino que también destacamos los esfuerzos locales para mitigar los efectos de la gobernanza criminal y avanzar en la construcción de paz en una región que ha tenido que sobrevivir en medio de altos índices de violencia y criminalidad.
Un negocio multimillonario en manos ilegales
El oro tiene un atractivo particular: a diferencia de la cocaína o sus derivados, circula en el comercio legal. Esa condición dual, legal en los mercados internacionales, pero atravesada en los territorios por prácticas informales e ilegales, amplía el margen de maniobra de las organizaciones criminales. No se trata solo de las rentas inmediatas que genera la comercialización del metal, sino también de la facilidad que ofrece para el lavado de activos. A estas dinámicas se suma el incremento sostenido de su precio en la última década, que prácticamente se ha triplicado, consolidando al oro como uno de los mercados más apetecidos por las economías ilegales.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antioquia es el segundo departamento del país en explotación de oro a cielo abierto, siendo el nordeste del departamento la zona con mayor tradición minera. Sin embargo, la expansión de la minería ilegal no responde únicamente a territorios de tradición minera. En municipios del norte y del suroeste del departamento, donde la actividad había desaparecido durante décadas, hoy resurgen explotaciones impulsadas por organizaciones criminales.
Estos grupos logran atraer mineros informales o ilegales, amparados en su capacidad de diversificar rentas, ejercer control territorial y movilizar capitales a gran velocidad. Así, abren nuevas fronteras extractivas incluso en zonas sin antecedentes recientes de minería.
El Bajo Cauca es una de las regiones que han vuelto a la minería después de décadas de haber transformado su vocación económica. Si bien existe una tradición minera de tiempo atrás, no era una de sus actividades principales. Hoy, el bajo porcentaje de minería con permisos técnicos y ambientales (alrededor de un 15%), hace que una de las mayores preocupaciones en el caso de esta región sea el uso de productos químicos contaminantes.
En un operativo reciente, las autoridades incautaron 420 gramos de mercurio, cantidad suficiente para contaminar cerca de 12,6 millones de litros de agua, considerando que un solo gramo puede afectar hasta 30.000 litros (6). Esto evidencia una exposición crónica y altamente peligrosa para comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas cuya subsistencia depende directamente de los ríos Nechí y Cauca. A ese riesgo se suman los altos índices de violencia.
Según datos de la FIP, en el Bajo Cauca los homicidios pasaron de 152 casos en 2016 a picos de más de 450 en 2018. En 2024 se registraron 195 homicidios, y en el primer semestre de 2025 ya se reportan 104 casos, con una tasa proyectada de 52,4 homicidios por cada 100.000 habitantes (casi el doble del promedio nacional).
El Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) mantiene una presencia sostenida en casi toda esta subregión, con excepción del sur y el nororiente, donde disputa el territorio con la guerrilla del ELN y el Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC de ‘Calarcá Córdoba’.
Entre 2018 y 2025 el Clan incrementó en un 165% su número de integrantes a nivel nacional (7) y, solo en esta subregión, según nos informó la Fuerza Pública, hoy cuenta con 11 subestructuras, cada una integrada por entre 60 y 90 personas.
En torno a la minería de oro, este grupo ejerce control sobre todos los eslabones de la cadena: vende insumos como explosivos y mercurio, impone extorsiones bajo la figura de “tributos” tanto a mineros como a propietarios de tierras y títulos, y cobra un porcentaje de la producción de forma diaria —incluso en jornadas de baja extracción— que se paga directamente en oro. Asimismo, actúa como árbitro de facto de la economía aurífera.
Este modelo les permite a grupos como el Clan del Golfo y Los Caparros (8) sostener el negocio sin necesidad de invertir en maquinaria ni de extraer por cuenta propia: basta con la coerción y la capacidad de recaudo.
En paralelo, varias de las personas con quienes estuvimos en el Bajo Cauca señalan que este negocio cuenta con “inversionistas de alto riesgo” que están en las grandes ciudades, capaces de movilizar capitales millonarios en cuestión de días. De esta manera, aunque los grupos armados regulan la economía local y capturan una parte de las ganancias, son los grandes capitales externos los que financian la operación y mantienen en pie el negocio minero.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la fragmentación del escenario armado —con la presencia de los tres grupos mencionados— ha hecho aún más compleja la tarea de la Fuerza Pública. Se suma la ineficacia de las medidas para contrarrestar el control ilegal de la minería.
En terreno, los pobladores coinciden en que la quema de maquinaria usada en la extracción ilegal de oro es poco más que un gesto simbólico, pues los equipos son rápidamente reemplazados. Sin mecanismos para cortar el flujo de capital y frentea grupos ilegales con mayor presencia territorial, más hombres, armamento y tecnología, la crisis parece no tener solución.
El repliegue del Estado
Varias decisiones estatales han terminado por agravar la tormenta que padece el Bajo Cauca. En 2003, el cierre de la sede del Banco de la República en Caucasia, que en palabras de algunos pobladores regulaba la compra de oro, dejó al mercado sin control directo del Estado y privó a los mineros de la posibilidad de vender legalmente su producción.
De igual forma, la decisión de quitarle la delegación minera a Antioquia en 2023 (9) y la consecuente centralización de la Secretaría de Minas en Bogotá, que eliminó la ventanilla departamental, alejaron aún más a los mineros legales y abrieron espacio para que grupos como el Clan del Golfo llenaran ese vacío. Hoy son estas organizaciones ilegales las que proveen insumos de manera más ágil, pero a precios muy superiores a los del mercado.
También quedó en pausa el Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca (10) —estructurado por el Ministerio de Minas y Energía, con participación del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior, tras años de trabajo, diálogo con diversos actores y un paro minero en 2023—, privando a la región de una herramienta clave para impulsar la formalización minera y fomentar el diálogo social.
Otro problema es la pérdida de regalías, en gran parte porque el Estado no ha creado los incentivos necesarios para la formalización de los mineros y, por el contrario, ha terminado por obstaculizar ese proceso.
Un minero del municipio de Zaragoza contó durante la visita que decidió seguir la ruta —compleja y burocrática— de la formalización porque le permitía vender más caro el oro y acceder a insumos más baratos, además de ofrecer prestaciones a sus trabajadores. Sin embargo, aclaró que lo hizo cuando era posible adelantar los trámites en Medellín, mientras que hoy muchos mineros lo piensan dos veces antes que tener que enfrentarse a la burocracia centralizada en Bogotá.
Este fenómeno pone en evidencia una paradoja: mientras las cifras oficiales de producción de oro en Colombia se mantienen en ciertos niveles, las exportaciones superan ampliamente esa cifra, reflejo de un mercado ilegal y en el cual el lavado de activos encuentra en el oro un canal privilegiado.
Los alcaldes del Bajo Cauca coinciden en que esta situación ha llevado a que un municipio de sexta categoría como Nechí esté dejando de percibir más de 50.000 millones de pesos en regalías, lo que refleja un verdadero repliegue del Estado, con consecuencias directas en la profundización del poder ilegal.
Un ejemplo de persistencia y acción colectiva
No todo está perdido. A pesar del control ilegal, en la región persisten espacios de organización y articulación como el Comité Universidad Empresa Estado y Sociedad (CUEES), plataforma que integra sectores públicos y privados. Su fortaleza radica en tener una visión de largo plazo y líneas estratégicas construidas desde el diálogo, así como la capacidad para leer y analizar de manera permanente las dinámicas cambiantes del Bajo Cauca, lo que contrarresta la idea de que el territorio está “sobre diagnosticado”. Además, cuenta con una perspectiva histórica desde lo local, que permite construir sobre lo que en el pasado sí ha funcionado.
En esa dirección, la Región de Planificación y Gestión (RPG) del Bajo Cauca antioqueño continúa en su apuesta por articular a los municipios de la subregión alrededor de metas comunes en planificación, seguridad y desarrollo. Si bien enfrenta limitaciones en medio de la difícil situación de violencia, es otro esfuerzo civil y legal de acción colectiva que se mantiene en el tiempo, con capacidad para sumar tanto a gobiernos locales como a otros actores del sector privado y comunitario.
La paradoja es que, tanto el CUEES como la RPG sean espacios legítimos de asociatividad, cooperación y gobernanza local en una región que cumple con todas las características de lo que los expertos describen como “gobernanza criminal”: presencia de grupos armados que controlan mercados, ejercen coerción sobre la población y regulan la vida cotidiana.
Más que excepciones, estas experiencias pueden entenderse como plataformas estratégicas desde las cuales es posible repensar la relación entre el mal llamado “centro y periferia”. Una mejor coordinación entre Bogotá y estas instancias locales, apoyándose en su legitimidad y en el conocimiento acumulado que poseen, podría convertirse en una vía concreta para contrarrestar el poder criminal y reforzar la presencia estatal en la región.
El CUEES y la RPG no sólo son referentes de articulación social y construcción colectiva en clave de lo que IFIT denomina Paz Horizontal (11), sino que también muestran que se pueden recuperar espacios de legalidad y fortalecer formas de gobernanza civil que, de manera progresiva, avancen en medio de una realidad que hoy parece no tener salida.
El desafío pendiente
El Bajo Cauca nos recuerda que la paz no se garantiza con la oferta de proyectos de transformación desarticulados, ni con la sola presencia de la Fuerza Pública u operaciones militares aisladas.
Si bien son necesarias para contener la expansión armada, la región exige de voluntad política y decisiones técnicas, sostenidas y coordinadas que fortalezcan la institucionalidad y la sociedad civil, amplíen la presencia efectiva del Estado en el territorio y aseguren la provisión de bienes y servicios básicos, como tantas veces se ha señalado.
Esto implica recuperar funciones estratégicas que el Estado ha cedido —como la autonomía minera de la Gobernación de Antioquia y el proyecto del Distrito Agrominero y Pesquero—, y desplegar capacidades integrales en una región que, por su historia y vocación productiva, nunca dejará de ser minera. Sin estos elementos, cualquier avance para la construcción de Estado corre el riesgo de ser temporal y frágil.