En un acto que encabezó el presidente Gustavo Petro en Puerto Asís (Putumayo), se inició la destrucción de parte del material de guerra de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), la escisión que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024.
Se espera que el grupo ilegal entregue casi 14 toneladas de explosivos, minas, morteros, granadas, municiones y material de intendencia para que, en los próximos tres meses y bajo supervisión internacional, sean destruidas.
Se trata del segundo evento de este tipo de la apuesta de Paz Total del gobierno Petro. El primero se dio en abril pasado, cuando fue destruida una tonelada de material de guerra de Comuneros del Sur, la disidencia del ELN que se mantiene en diálogos con el Ejecutivo.
Aunque este nuevo hecho se ha planteado como uno de los mayores logros de la Paz Total, desde la Fundación Ideas para la Paz advertimos que es necesario evaluarlo con optimismo pero con cautela.
En los procesos de negociación no es común que un grupo armado entregue armamento sin que exista un acuerdo sustancial o un marco claro de desarme y garantías recíprocas, lo que hace que este gesto de la CNEB despierte inquietudes sobre su verdadero alcance y propósito, especialmente tras las recientes tensiones en la mesa de diálogos.
Serán destruidas
14 toneladas
Los antecedentes profundizan la desconfianza
Vale recordar que a inicios de septiembre la negociación fue suspendida luego de que un oficial y un soldado profesional del Ejército resultaron heridos, tras ser rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada en Villagarzón.
La entrega y destrucción del material de guerra iniciada por la CNEB, aunque forma parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con el Gobierno, debe analizarse dentro de un contexto político y de seguridad particularmente complejo.
Este gesto ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta una crisis de legitimidad, debilitada por los escasos avances en las mesas, las tensiones institucionales y el escepticismo ciudadano frente a la eficacia de los diálogos con grupos armados.
En este escenario, cualquier acción simbólica o gesto de confianza adquiere un fuerte componente político, tanto para el Gobierno Nacional —que busca mostrar resultados concretos— como para el grupo disidente, que intenta proyectar compromiso y diferenciación frente a otros actores armados.
Las inquietudes que deja el anuncio
Hay varias preguntas para entender si la entrega de armas puede interpretarse como un avance real hacia el desarme o, más bien, como una movida política en un momento de dificultad de la Paz Total:
¿Se trata de una muestra genuina de voluntad política o de una estrategia para ganar legitimidad y oxígeno para la mesa? ¿Qué tipo de armamento será entregado?
Sobre esta última cuestión hay que señalar que, en los decretos conocidos hasta ahora, no se habla explícitamente de armamento, sino de material de guerra.
En otros procesos de negociación, se ha visto que las entregas suelen incluir armamento obsoleto o limitado, sin afectar sustancialmente el poder operativo de las estructuras. Tener esto en cuenta es clave para medir las expectativas que genera el anuncio.
Así las cosas, la entrega y destrucción de este material puede representar un paso táctico más que estructural, útil para reactivar el diálogo o mejorar su imagen pública, pero insuficiente para alterar las condiciones de seguridad en los territorios donde mantiene influencia.
El verdadero desafío será determinar si este gesto abre un camino hacia un desarme progresivo o si simplemente forma parte del repertorio político de la negociación.