Lograr que las comunidades participen del codesarrollo de los proyectos que se planean ejecutar en su territorio y que, mediante la implementación de herramientas estructuradas, se establezca su participación accionaria —permitiendo que perciban los beneficios de los proyectos de energía renovable y no solo sean receptoras de recursos por mitigación de impactos— es un cambio necesario en el modelo de desarrollo y en la relación que las empresas establecen en los territorios.
Con ese propósito, la FIP, Meliquina y ConnectEP, con la financiación de UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) elaboraron el documento “Buenas prácticas globales de codesarrollo y participación accionaria de comunidades étnicas y rurales en proyectos de energía renovable a gran escala”, que reúne el desarrollo, las lecciones y los marcos internacionales que pueden adaptarse al contexto colombiano.
“A pesar de las diferencias con otros países, que han recorrido este camino por más de 30 años, también hay muchas similitudes de las que podemos aprender. Este modelo funciona cuando una comunidad tiene claro lo que quiere, se imagina siendo socia de un proyecto de energía renovable y lo impulsa de acuerdo con sus valores. También cuando hay un socio corporativo que está dispuesto a invertir tiempo y recursos para construir confianza y diseñar ese proyecto juntos, e incluso ayudar a la comunidad a obtener el capital que asegure su participación”, afirma Juan Dumas, cofundador y socio de Meliquina.
La apuesta de las tres organizaciones consiste en abrir la ruta a proyectos de energía renovable innovadores, participativos y socialmente sostenibles.
El análisis se basó en experiencias de países como Canadá, Nepal, Sudáfrica, Australia y Argentina, que evidencian las condiciones políticas, normativas, institucionales y financieras necesarias para habilitar la participación de comunidades como socias en el desarrollo y el capital de proyectos de energía renovable. “Estos modelos fortalecen la legitimidad social de los proyectos, agilizan la obtención de permisos y licencias y generan beneficios socioeconómicos sostenibles, siempre que se apoyen en marcos normativos claros, incentivos financieros adecuados y procesos robustos de fortalecimiento organizativo”, agrega Dumas.
Las experiencias recopiladas reflejan grados diversos de participación:
En Canadá, por ejemplo, incentivos regulatorios y financieros facilitan la copropiedad indígena mediante fondos de garantías, préstamos concesionales y programas de fortalecimiento de capacidades. Por su parte, en Nepal, la estrategia de oferta pública local de acciones permite la inversión directa de habitantes en proyectos hidroeléctricos, generando confianza y respaldo social. El caso de Sudáfrica impone la participación accionaria comunitaria como un requisito obligatorio al considerarlo un Derecho Constitucional.
Para el contexto colombiano y latinoamericano, el conocimiento y aplicación de estos modelos es aún insipiente y, por ello, las lecciones recogidas en este documento ofrecen una guía para adaptarlos de manera flexible y así lograr integrar una lógica de mercado con perspectivas de justicia social y autonomía cultural. “Identificamos como factores críticos para el éxito la voluntad genuina de innovar, el acceso a capital para las comunidades, el fortalecimiento de capacidades, mecanismos claros de gobernanza e incentivos regulatorios para la adopción voluntaria de estos modelos”, explica Cesar Barco de ConnectEP.
Metodología para implementar en Colombia
Las tres organizaciones proponen, además, una metodología por etapas para implementar modelos de codesarrollo en Colombia, que comprende tres fases: identificar comunidades con potencial para ser socias, evaluar la gobernanza, las condiciones ambientales, la prefactibilidad para establecer acuerdos participativos, exclusiones territoriales y fuentes de financiamiento; y la factibilidad para estructurar jurídicamente la participación mediante vehículos transparentes que aseguren propiedad clara y retornos justos.
“También es importante contar con incentivos regulatorios y financieros complementarios, como incluir criterios de copropiedad comunitaria en subastas energéticas y crear fondos de garantía y líneas de crédito específicas para adquirir acciones, junto con programas de fortalecimiento de capacidades para asegurar empoderamiento real”, agrega Barco.
Por último, el documento subraya que la calidad de las relaciones entre actores, basadas en confianza, transparencia y respeto por los valores y sistemas de toma de decisiones de cada uno, es fundamental para evitar que la participación comunitaria se reduzca a un trámite formal. “Hemos entendido la necesidad de reducir las asimetrías que existen en las iniciativas que promueven el desarrollo a nivel territorial, lo que nos ha conducido por años a la confrontación entre empresas y comunidades y a superarlo de forma transaccional. El equilibrio implica promover entre las comunidades una visión de socios y participes de su propio desarrollo y, en las empresas, la necesidad de aplicar lógicas de mercado en el relacionamiento”, añade Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable de la FIP.
Seis mensajes claves y aprendizajes
La participación de comunidades como socias en el desarrollo y el capital de proyectos de energía renovable ofrece una oportunidad concreta para avanzar hacia una transición energética justa, en la que las comunidades pasen de ser opositoras o receptoras de beneficios marginales a convertirse en socias activas.
La transición energética en América Latina podría representar una oportunidad económica para las comunidades más pobres, pero está marcada por tensiones territoriales. Incorporar a las comunidades como socias permite alienar mejor las expectativas de comunidades y empresas, atraer inversión y promover modelos de desarrollo inclusivos y duraderos.
La participación accionaria comunitaria no es solo un mecanismo financiero, sino una herramienta para compartir el poder de decisión y la riqueza, transformando las relaciones históricas entre empresas, comunidades y Estado.
La metodología de Meliquina para el codesarrollo de proyectos de energía renovable con comunidades, propone integrar la participación comunitaria desde la identificación hasta la factibilidad del proyecto, con acuerdos claros, gobernanza compartida y valoración justa de los aportes comunitarios.
La participación de comunidades en el desarrollo y el capital de proyectos es fortalecida por procesos de creación de capacidades y mecanismos financieros como fideicomisos, ordenar el manejo de los recursos y asegurar que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo a largo plazo.
Las buenas prácticas internacionales enseñan a Colombia cinco factores esenciales para la adopción de este modelo: líderes innovadores, acceso a capital, desarrollo de capacidades comunitarias y empresariales, gobernanza sólida basada en confianza, y corresponsabilidad e incentivos regulatorios voluntarios que premien la participación real y eviten la imposición formal.