Por: Área de Conflicto y Seguridad de la FIP
Entre diciembre del 2024 y julio de 2025, los integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO) habrían aumentado en 15% (3.320 personas), según el más reciente ejercicio de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), realizado por la Fuerza Pública.
Esto significa que, a julio de este año (fecha del último Accam), 25.278 personas formaban parte de estas estructuras ilegales. El informe indica que el 48% está en armas y el restante 52% hace parte de las redes de apoyo. Aunque los resultados del conteo fueron criticados públicamente por el presidente Gustavo Petro, desde la FIP consideramos que estos ejercicios son útiles para monitorear las tendencias en la evolución de los grupos, sin desconocer que pueden tener subregistros y limitaciones.
Desde el 2002, el Accam se realiza de manera sistemática y constituye uno de los pocos indicadores objetivos para dimensionar la capacidad armada de los grupos. Ese año se hizo un primer ejercicio que se denominó “Conteo de la Amenaza”, el cual incluía una contabilidad de las personas armadas, y sólo hasta 2004 se incorporaron las milicias o lo que en su momento se llamaban “Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT)”, sólo para el caso de las entonces FARC.
En 2007 se realizó el primer “Conteo de la Amenaza” integral, que incorporó a las RAT pertenecientes a los dos grupos armados de la época (FARC y ELN), definiendo así su componente estructural diferencial: tanto RAT como “hombres en armas (H/A)”. En 2010 este ejercicio pasó a denominarse “Análisis de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), que se mantiene hasta hoy con los grupos actuales.
Los resultados del último conteo
Las cifras del Accam de la Fuerza Pública hasta julio muestran que el ritmo de crecimiento de los grupos armados es distinto para cada uno (ver Tabla):
El Clan del Golfo (o Ejercito Gaitanista de Colombia) es la agrupación más numerosa, con al menos 8.945 miembros. Este grupo logró un aumento del 18% (794 integrantes) entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
En número de integrantes le sigue el ELN, a pesar de tener un crecimiento más discreto (3%), hoy alcanza los 6.450 integrantes.
Las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, conocidas como Estado Mayor Central (EMC), también experimentaron un aumento significativo del 20% (640 integrantes), para un total de 3.919 integrantes.
Las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de ‘Calarcá Córdoba’, crecieron en un 16%, con el ingreso de 387 miembros, para un total de 2.802.
Comparativo de integrantes de grupos armados organizados (diciembre 2024 - agosto 2025)
¿Por qué crecen los grupos armados?
Desde la FIP planteamos que existen al menos tres posibles causas por las cuales los grupos siguen creciendo:
Campañas de expansión territorial y fortalecimiento de la gobernanza: Los grupos armados continúan llegando a nuevas regiones. Sin embargo, la velocidad con la que crece su influencia territorial y de pie de fuerza es distinta. Esto significa que un mayor número de miembros no necesariamente equivale a tener más territorios copados.
El hecho de que haya más miembros en las zonas de operación de estos grupos reafirma su influencia en esos territorios: incrementan su pie de fuerza bien sea para que participen en confrontaciones armadas o para prestar servicios de vigilancia.
También es importante entender que existen contextos territoriales y dimensiones de la gobernanza armada en los que el poder no reside en la cantidad de personas uniformadas y armadas, sino en los métodos empleados para ejercer un control más eficiente, donde las redes de apoyo resultan fundamentales.
La presión de las nuevas disputas y la ofensiva de la Fuerza Pública: La aparición de nuevos focos de disputa como producto de las fracturas internas de los grupos, al igual que el aumento de la ofensiva del Gobierno a lo largo del último año, han creado una demanda interna de pie de fuerza para hacer frente a estas coyunturas.
Como lo registró el Dateo de la FIP, si se comparan los periodos enero-julio de 2024 y 2025, hay un incremento notable en las acciones de la Fuerza Pública (90,1%), los ataques contra la Fuerza Pública (123,9%) y los enfrentamientos entre grupos ilegales (53,3%). No hay que olvidar que hoy existen al menos 14 zonas de disputa entre las propias estructuras criminales.
Nuevas formas de reclutamiento: Los grupos armados han adoptado diversas modalidades de vinculación. En los últimos años, una de las más comunes ha sido la propaganda difundida a través de redes sociales, donde se promueven campañas explícitas de reclutamiento que pueden resultar atractivas tanto para menores como para adultos.
Las condiciones socioeconómicas de las zonas donde hacen presencia los grupos también han llevado a que sus habitantes, sin importar la edad, ingresen a estas estructuras, que hoy en día ofrecen salarios y otros beneficios como bonos y vacaciones. Un ejemplo es el de los “puntos militares” y “puntos campesinos”, como los denomina el Clan del Golfo o EGC, quienes reciben entre 1.2 o 1.5 millones de pesos mensuales. Otras modalidades de reclutamiento, como la coerción a las familias y comunidades, el ingreso voluntario como medida de protección o por redes familiares, siguen estando vigentes.
Aun así, y como ocurrió con las AUC hace 20 años, el crecimiento de los grupos armados tiene un límite para que sigan siendo administrables por sus jefes. Por eso es clave que los organismos de inteligencia identifiquen fracturas y que la estrategia de paz aproveche estos contextos.
¿Cómo interpretar el aumento?
Hay dos conclusiones fundamentales. La primera es que ni el gobierno de Iván Duque ni el de Gustavo Petro pudieron detener el crecimiento y expansión de los grupos armados y fallaron en su estrategia de seguridad. La segunda es que la Paz Total facilitó el aumento del poder armado e intimidatorio de los grupos ilegales, pues no condicionó las decisiones de las distintas mesas de diálogo a frenar su avance y, en muchas ocasiones, los equipos negociadores y la propia Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) no entendieron ni hicieron un esfuerzo por darle un lugar a la política de seguridad dentro de la estrategia de paz.
Número de integrantes de Grupos Armados Organizados (2017-2025)
Hay que tener cuidado con simplificar o desechar los datos del Accam. A pesar de sus limitaciones, es un ejercicio que la Fuerza Pública hace seriamente desde hace más de 20 años y que, como se dijo, es una de las pocas herramientas objetivas de comparación.
Recientemente, el presidente Petro afirmó que “esta contabilidad es falsa”, dado que suma personas en armas y “civiles que les ayudan” a los grupos ilegales. Hay que recordar, para no caer en estas apreciaciones limitadas, que en todo “conteo” de organizaciones ilegales hay un subregistro cercano al 20 o 25%, es decir, la cifra real de los integrantes de estos grupos puede ser más alta. En segundo lugar, hablar de redes de apoyo o “Componente Criminal Focalizado (CCF)”, como lo llama hoy la Fuerza Pública, no significa que estas personas estén desarmadas. Lo más probable es que un porcentaje de ellas posean armas cortas, que es en últimas lo que les permite tener un control social efectivo e intimidante para que el grupo armado se beneficie.
El aumento sostenido de integrantes en el tiempo también muestra que la política de seguridad no se corresponde con las actuales estrategias de los grupos ilegales. El gran rezago en materia de inteligencia para combatirlos está siendo aprovechado por estas estructuras que, a diferencia del Estado, son ágiles en adaptarse a la ofensiva contra ellas. Tampoco han tenido resultados visibles las estrategias de prevención del reclutamiento de jóvenes y menores de edad. Las organizaciones comunitarias que por largos años han combatido este fenómeno hoy están desprotegidas en su labor.
Solo sumando disidencias y el Clan del Golfo, hoy el país se enfrenta a casi 18.000 integrantes de grupos armados ilegales vinculados al crimen organizado y a la gobernanza criminal en territorios vulnerables, con pocos incentivos para pensarse seriamente en una salida negociada o un sometimiento a la justicia. Los grupos aún proyectan tener más personas y más territorio, una planificación que debe ser tenida en cuenta tanto para una estrategia de seguridad como de salida negociada.
Los datos también indican que no es posible avanzar en una salida negociada si no existe articulación entre la política de paz y la política de seguridad. Asimismo, la forma en la que los grupos explotan las fragilidades económicas del territorio hace necesario poner en marcha las herramientas de transformación territorial disponibles.
El próximo gobierno debe entender que la apuesta que necesita el país no es la ilusión de un refuerzo solitario de la estrategia de seguridad o de la salida negociada, sino que ambos caminos deben confluir de manera armónica. Se suma la necesidad de tener un plan para recuperar la presencia institucional en el territorio, mejorar sus capacidades de control territorial e inteligencia estratégica y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. No podemos caer en el reduccionismo de elegir entre paz o seguridad.