El 2025 cerró con un balance en rojo para la seguridad del país: los grupos armados ampliaron sus disputas territoriales, engrosaron sus filas y reforzaron el control sobre las comunidades, mientras el desplazamiento forzado se agudizó y la política de Paz Total acumuló cuestionamientos, incluso desde el propio Gobierno. Aunque la Fuerza Pública incrementó sus acciones, ese mayor despliegue no se tradujo en una mejora clara de la seguridad, especialmente en los territorios donde se concentraron las grandes operaciones. Ese escenario ya se hace sentir en 2026: en menos de un mes, los enfrentamientos, el miedo y las emergencias humanitarias regresan a varias regiones del país.
Estos son los principales indicadores de seguridad que destaca el balance de la FIP:
1. Los grupos armados tienen 5.000 nuevos miembros
Una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados. A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % respecto a diciembre de 2024. Esto significa que más de 5.000 personas se sumaron a estas organizaciones ilegales en solo un año.
El Clan del Golfo lidera ese aumento, con casi 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), las disidencias que lidera ‘Mordisco’. Ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las ofertas de sometimiento han logrado frenar su capacidad de reclutamiento. Los grupos ofrecen salarios y otros incentivos en territorios donde el Estado llega tarde o no llega.
2. Escala la guerra entre grupos y se afianza su control territorial
El 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos crecieron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por el control de rutas, economías ilegales y poblaciones. Hoy hay al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022. También se registró un fuerte aumento de ataques contra la infraestructura y bienes civiles (58% frente a 2024) y contra la Fuerza Pública (62%). En conjunto, 2025 muestra las cifras más altas desde 2016.
La capacidad militar de estos grupos se potenció con el uso de drones, una tecnología que reduce costos y es más efectiva en atacar a la Fuerza Pública. Según datos de la Fuerza Pública, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024 (119). La gran mayoría de estos eventos (237) se atribuyen al EMC.
Este recrudecimiento de la violencia tuvo un impacto humanitario devastador. El desplazamiento forzado aumentó un 85%, en buena medida por la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares. Los homicidios se mantuvieron relativamente estables, con un leve aumento del 3 %. Sin embargo, esta cifra es engañosa. En muchas regiones, la reducción de asesinatos no refleja menos poder armado, sino estrategias criminales más silenciosas para no afectar sus economías ilegales. Y, el secuestro, aumentó 133%, ahora es una práctica más urbana, con más actores involucrados y en la que predomina la modalidad extorsiva.
3. La capacidad del Estado sigue a prueba
En 2025, la Fuerza Pública incrementó sus acciones un 34%, pero ese despliegue no se tradujo en una mejora clara de la seguridad. Las grandes operaciones militares no lograron debilitar de manera significativa a los grupos armados, que se adaptan con rapidez a las ofensivas del Estado.
La respuesta sigue siendo, en muchos casos, reactiva. La prevención, la inteligencia y la anticipación muestran debilidades, mientras que estrategias como los bombardeos pierden efectividad en un conflicto cada vez más fragmentado y disperso. En este escenario, el riesgo para la población civil aumenta y la legitimidad del Estado se erosiona.
El tiempo que le queda al Gobierno Petro no puede ser excusa para la inacción. Se requieren ajustes urgentes, mejor coordinación institucional y una estrategia que no se limite a la Fuerza Pública, sino que fortalezca la investigación criminal y la justicia. Mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en tolerancia frente a la violencia: el diálogo debe tener límites claros y respuestas firmes ante el control armado y las agresiones contra la población. De lo contrario, la violencia seguirá marcando el pulso del país en pleno año electoral.