Durante décadas, Venezuela ha sido un factor especialmente sensible para la seguridad en la zona fronteriza con Colombia. En ese territorio poroso y débilmente controlado, grupos armados como las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, más recientemente, estructuras disidentes de las FARC —la Segunda Marquetalia, el Frente 33 del EMBF y, en su momento, el Frente 10 del EMC— han utilizado la parte venezolana como refugio, retaguardia estratégica y fuente de financiación. Esta dinámica ha limitado la capacidad de acción del Estado colombiano y ha contribuido al fortalecimiento de estas organizaciones ilegales.
Conviene recordar que, durante los diálogos de paz con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez desempeñó un papel activo como mediador y facilitador. Chávez ofreció a Venezuela como sede e interlocutor para reuniones exploratorias, apoyó gestiones diplomáticas y respaldó iniciativas orientadas a generar confianza entre las partes. Aunque su intervención no estuvo exenta de críticas, fue vista como un aporte para destrabar el proceso y convencer a sectores de las FARC de que había llegado el momento de apostarle a la paz.
En el caso del ELN, es ampliamente conocido que buena parte del Comando Central, de su Dirección Nacional y también de algunas estructuras de la Segunda Marquetalia se desplazan y operan en territorio venezolano. Por eso, la detención de Nicolás Maduro y la posible reconfiguración del poder en el vecino país plantean dudas sobre las implicaciones que este nuevo contexto podría tener para la seguridad de Colombia.
De hecho, los días posteriores al asalto militar de Estados Unidos en Caracas, el ELN y sus nexos con el narcotráfico y la violencia en la frontera ocuparon un lugar central en la conversación del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. Esto terminó añadiendo presión a la ya frágil posibilidad de reanudar las negociaciones de paz con esa guerrilla, que llevan un año suspendidas.
Aunque el presidente Petro ha reiterado su disposición a retomar el diálogo con el ELN, al mismo tiempo ha ido endureciendo su postura, lo que profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la seguridad en la frontera
El tema volvió a surgir en su encuentro en la Casa Blanca: Petro propuso que los dos países trabajaran conjuntamente, a través del intercambio de inteligencia, para golpear a los principales cabecillas del narcotráfico: “hay que ir por los capos de capos y sus capitales”, dijo en referencia a quienes operan fuera de Colombia. También anunció que está sobre la mesa la posibilidad de adelantar operaciones entre los ejércitos de Venezuela y Colombia para perseguir a los “arrodillados al narcotráfico”, en clara alusión al ELN.
Aunque el presidente Petro ha reiterado su disposición a retomar el diálogo con esa guerrilla, al mismo tiempo ha ido endureciendo su postura, lo que profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la seguridad en la frontera: ya sea por una reacción del ELN frente a estas advertencias o por los efectos de eventuales operaciones de la Fuerza Pública en su contra.
Poco se sabe de los cambios concretos que traería la eventual transición política en Venezuela, del rumbo que tomará la relación del gobierno colombiano con Estados Unidos —aunque tras la conversación con Trump el presidente aseguró que “nace un nuevo camino”—, y de cómo todo ello impactará en las dinámicas de la seguridad en la frontera. Por ello, resulta apresurado anticipar las reacciones de los grupos armados y sus efectos sobre la seguridad nacional. Precisamente por esa incertidumbre, este análisis se adentra en tres frentes clave que podrían marcar el rumbo en el corto plazo.