El accidente ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, se convirtió en el evento aéreo con mayor pérdida de vidas en la historia de la Fuerza Pública. De los 126 uniformados que transportaba el Hércules, 69 murieron (seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, dos policías y 61 soldados). Una tragedia que reabrió la discusión sobre la situación del sector Defensa.
Los rezagos en las capacidades militares
Luego del accidente en Putumayo, el general Hugo López, comandante de las FF. MM., alertó que actualmente Colombia solo cuenta con el 46 % de su capacidad militar.
“El principal riesgo hoy no es solo la falta de capacidades, sino su sostenibilidad. El fortalecimiento aéreo del pasado dejó una flota robusta, pero costosa de mantener. Al reducirse esos recursos, cayó su disponibilidad operativa”, asegura Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP.
Una de las principales alertas está en las capacidades aéreas. Según información obtenida por la FIP, el 61 % se encuentra en uso y el 39 % está en tierra (principalmente por falta de mantenimiento*).
Un ejemplo son los helicópteros Mi-17: de 21 unidades, en este momento solo cinco están en uso (otros cuatro están accidentados y 12 más en tierra, a la espera de mantenimiento).
“Esta situación impacta directamente las operaciones terrestres, que dependen de esa movilidad para sostener el control territorial. En la práctica, hay medios, pero no siempre capacidad de emplearlos de forma sostenida”, agrega Flórez.
Mantenimiento: un problema con raíces históricas
Las dificultades para la revisión, reparación y alistamiento de los equipos militares en Colombia no iniciaron en el Gobierno Petro: vienen del pasado, pero no se han resuelto.
Parte de ese rezago responde a que el fortalecimiento que se recibió con el Plan Colombia y otros apoyos internacionales dotó a las Fuerzas Militares de centenares de equipos que requieren altos costos de mantenimiento.
Cada año, a través del Sistema Integral de Defensa Nacional (Siden), la Fuerza Aérea y el Ejército plantean sus necesidades y actualizan sus planes para cubrirlas. Aunque se realiza un cronograma, se priorizan las adquisiciones sobre los recursos para el mantenimiento.
¿Qué esperar de las nuevas inversiones anunciadas?
El pasado 28 de marzo, el Gobierno anunció la aprobación de un Conpes por 13 billones de pesos para modernizar a la Fuerza Pública.
Esos recursos se suman a los $31,6 billones destinados en 2025 para la compra de 17 aviones caza supersónicos Gripen y a $1,8 billones para la actualización de armas y equipos antidrones.
Sin embargo, según el propio comandante de las FF. MM., con ese dinero adicional tampoco se lograría completar la capacidad militar de Colombia. Se estima que esta pasaría del 46 % al 62 % (incluyendo un porcentaje para el mantenimiento de aeronaves en tierra).
Para Gerson Arias, investigador asociado de la FIP, esa situación tiene un impacto directo en la respuesta estatal ante las amenazas actuales.
“Si bien el contexto y las dinámicas de la guerra y los grupos armados han cambiado, la capacidad aérea —a nivel de movilidad, operaciones, control territorial, protección y disuasión— es una de las ventajas que aumenta la correlación de fuerzas a favor del Estado. Si esta ventaja se pierde, se disminuye o no se usa, estaremos en un escenario crítico que favorecerá la capacidad de gobernanza criminal de los grupos armados”, explica Arias.
La FIP hace un llamado a no politizar la tragedia
Luego del accidente en Putumayo, diversos actores políticos, incluido el presidente de la República, contaminaron el debate público con imprecisiones y comentarios malintencionados. La FIP hace un llamado a no politizar un hecho que exige rigor técnico, respeto institucional y responsabilidad. La discusión debe centrarse en esclarecer las causas y avanzar en un debate profundo sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado con innovación, para enfrentar las nuevas y profundas amenazas que se ciernen sobre el país.