El suroccidente del país vive una de sus mayores tragedias de las últimas décadas: en solo cinco días, entre el 24 y 28 de abril de 2026, se registraron 34 atentados en 16 municipios del Cauca y seis del Valle. Estos hechos, que hasta el momento dejan 20 personas muertas y al menos 65 heridas, reflejan una crisis que va más allá de lo coyuntural.
Según el DATEO de la FIP, entre enero de 2022 y marzo de 2026, en estos dos departamentos se registraron 586 ataques de grupos armados ilegales (incluyendo ataques a la infraestructura y bienes civiles, ataques contra la Fuerza Pública y enfrentamientos).
Si se suman los atentados de la última semana, la cifra asciende a 620 hechos (y podría aumentar, cuando se consoliden los datos totales de abril). Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), lo que ocurre en el suroccidente no es una crisis aislada, sino un proceso acumulado que se viene presentando desde la creación de las disidencias en Cauca a principios de 2018.
A continuación, la FIP presenta seis elementos para entender esta situación:
1. ¿Quién está detrás de estos ataques?
El responsable de los atentados es el Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), la facción disidente de las FARC liderada por 'Iván Mordisco'. Esta estructura es comandada por Iván Idrobo (alias Marlón) quien asumió el mando en 2022, luego de la muerte de alias Mayimbú en el marco de una operación militar.
El Bloque Occidental cuenta con al menos 2.651 integrantes y 11 frentes —ocho de los cuales delinquen en Cauca y Valle—. Entre sus estructuras más fuertes están la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez (señalada de cometer varios de los atentados recientes).
Es la estructura que más ataca a la Fuerza Pública y a la población civil, y tiene el récord de ser el grupo ilegal que más ataques con drones ha realizado desde 2024.
2. Una violencia persistente en un territorio históricamente estratégico
Lo que ocurre hoy es inseparable de la trayectoria de una región que por más de seis décadas ha padecido la presencia de actores armados ilegales.
Desde la aparición de las disidencias en 2018, la violencia se ha mantenido de forma sostenida. A esto se suma el valor estructural del territorio: Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales.
Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales. Por eso ha sido, históricamente, un espacio de disputa entre distintos actores armados.
3. Del postacuerdo a la fragmentación: múltiples violencias superpuestas
El Acuerdo de Paz de 2016 redujo la confrontación, peo su falta de implementación dejó vacíos de poder que fueron ocupados rápidamente por disidencias, ELN y redes criminales.
La posterior fragmentación del Estado Mayor Central en 2024 (que precisamente tuvo su detonante en Cauca, tras el asesinato de la lideresa Carmelina Yule a manos del EMC) profundizó las disputas internas y reconfiguró el mapa armado.
El resultado no es un conflicto único, sino un mosaico de violencias: zonas de hegemonía, territorios en disputa y áreas en expansión. Esta configuración explica la intermitencia de los ataques y la dificultad de respuestas homogéneas.
4. ¿Por qué aumentan los ataques?
Las cifras del DATEO de la FIP evidencian que el 2025 fue el año con más ataques de grupos armados de los últimos 15 años en estos dos departamentos. El caso del Cauca es especialmente alarmante: el año pasado se registraron 175 hechos, un 52% más que en 2024.
No hay una única causa para explicar esta escalada. Responde a la convergencia de factores operativos, económicos y organizacionales, bajo los cuales estos ataques pueden cumplir múltiples funciones.
Por un lado, buscan proteger el funcionamiento de economías ilícitas mediante el control de enclaves productivos y corredores estratégicos. Por otro, permiten desviar la atención del Estado hacia puntos visibles, generando oportunidades en otras zonas menos vigiladas.
Además, la violencia facilita la movilidad de rentas ilegales: estos picos pueden coincidir con momentos clave para mover cargamentos, asegurar rutas o evitar interdicciones, actuando como una cortina operativa.
A esto se suma una dimensión política, ya que los ataques envían mensajes de control territorial, y una dimensión interna, asociada a disputas y reacomodos dentro del propio Estado Mayor Central.
5. Un desafío que desborda el enfoque tradicional de seguridad
Transformaciones de las dinámicas armadas como las que ocurren en el suroccidente de Colombia ponen de relieve los vacíos de los enfoques tradicionales de seguridad y explican, en parte, las limitaciones de la respuesta actual.
Partir de este diagnóstico es clave. Sin reconocer la naturaleza del fenómeno, cualquier estrategia será insuficiente. De ahí la necesidad de abrir un debate sobre una nueva política de seguridad que evalúe las capacidades reales de la Fuerza Pública, el sistema de justicia y la cooperación internacional, y que logre cerrar la brecha frente a la evolución de estos actores (que suele ser más rápida que la del propio Estado).
Esto implica, además, abandonar una visión reducida de la seguridad como acción exclusivamente militar.
Una respuesta efectiva debe tener visión integral y traducirse en prioridades concretas: proteger a las comunidades, recuperar el control territorial e institucional en las zonas más críticas, fortalecer y adaptar las capacidades de la Fuerza Pública y la justicia, reforzar los mecanismos de desmovilización y sometimiento individual, prevenir el reclutamiento; mejorar la inteligencia para anticipar, disuadir y actuar de manera focalizada.
También es crucial golpear las finanzas criminales y contener la expansión de estos sistemas; fortalecer el control de fronteras, en particular el tráfico de armas; combatir la infiltración y la corrupción mediante mejores capacidades de contrainteligencia e investigación.
6. No hay que caer en el falso dilema de "paz o guerra"
El deterioro de las condiciones de seguridad es, en parte, el resultado de una conducción errada, sin método y capacidades de la Paz Total. Las ventajas que dio el Estado firmando ceses al fuego prematuros y sin verificación real tuvieron impactos perversos en la consolidación de estas estructuras ilegales.
Sin embargo, coyunturas como los ataques de estos grupos ―que crean escenarios críticos en las condiciones de seguridad e impactan en la polarización del país―, muchas veces, le dan alas a una discusión inocua: ¿paz o guerra?
Este escenario binario y simplista nos desvía de la verdadera discusión: no desechar procesos de negociación y sometimiento con método, capacidades y líneas rojas, que de manera articulada permitan construir y poner en marcha una estrategia integral de seguridad.
El reto es no caer en la trampa de "paz o plomo", sino articular de manera efectiva la política de paz con una estrategia de seguridad.”. En la FIP creemos que esto es posible.