La crisis humanitaria que inició en el Catatumbo en enero de 2025, y que aún persiste, ha puesto a esta región de Norte de Santander en el radar de las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil. En los últimos años, otras zonas del país, como el cañón del Micay (Cauca), también han concentrado la atención pública durante periodos breves, sin que se materialicen acciones de largo plazo para contener los escenarios de violencia en estos territorios.
Un reciente ejercicio de diagnóstico de la Fuerza Pública evidenció que esta situación no solo persiste, sino que se presenta en al menos 10 departamentos con zonas críticas en seguridad, ya sea por crisis activas o por pérdida de control estatal.
Las áreas identificadas se ubican en Arauca (Sarare y Puerto Rondón), Guaviare (Trocha Ganadera y río Inírida), Caquetá (El Pato-Balsillas y Bajo Caguán), Putumayo (Medio Putumayo), Nariño (Pacífico nariñense y río Mataje), Antioquia (Norte y Nordeste), Bolívar (Serranía de San Lucas y región sur), Chocó (Atrato y San Juan), Cauca (cañón del Micay y región norte) y Norte de Santander (Catatumbo).
“Estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados. Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos”, explica Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Un mapa con características en común
Las 10 regiones críticas agrupan 40 municipios que comparten varias características: son territorios en disputa entre grupos armados, estratégicos para economías ilegales —como la minería ilícita, los cultivos de coca y el tráfico de drogas— y con una presencia institucional frágil. Estas dinámicas de violencia generan, además, altos impactos humanitarios.
Llama la atención la situación de Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander, que además son zonas de frontera con Ecuador y Venezuela. Lo que ocurre en estas regiones evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las debilidades de la estrategia de seguridad en áreas limítrofes.
En todos los municipios bajo alerta operan grupos armados con los que el gobierno de Gustavo Petro ha adelantado o intentado negociaciones en el marco de la apuesta de Paz Total. Este escenario de crisis sugiere una desconexión inicial entre la política de paz y la estrategia de seguridad y, sobre todo, pone en evidencia limitaciones en la visión, el método y la capacidad de implementación de la Paz Total.
Asimismo, la situación en zonas como la Trocha Ganadera (Guaviare) es, en parte, resultado de la fragmentación de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, asociada a deficiencias en la gestión de la negociación de paz.
Para la Fuerza Pública, estas zonas deben ser las prioridades. Otras instituciones pueden concentrarse en territorios donde el principal reto es la investigación y la detección de conductas criminales
El desafío de actuar en estas regiones
Para la Fuerza Pública, persisten vacíos en las orientaciones operacionales para intervenir en estos escenarios.
“Cualquier intervención debe ser cuidadosamente planeada, ya que puede exponer a las comunidades y afectar la confianza en la Fuerza Pública, al ser percibida como favorable a uno u otro actor. Además, implica prever condiciones complejas, como la presencia de actores no uniformados, el uso de sistemas de armas no tripuladas y amplias redes de apoyo e inteligencia criminal”, señala Arias.
Aunque podrían identificarse más situaciones locales de nivel crítico, para la FIP la focalización con criterios claros es el camino a seguir. “Para la Fuerza Pública, estas deben ser las prioridades, mientras que otras instituciones encargadas del orden público pueden concentrarse en territorios donde el principal reto es la investigación y la detección de conductas criminales”, agrega el investigador.
No perder de vista otras zonas
Si bien es relevante que las autoridades identifiquen áreas de mayor riesgo por crisis humanitarias o disputas territoriales, también es crucial hacer seguimiento a zonas de dominio o hegemonía criminal, donde los grupos armados ejercen formas de violencia menos visibles o subregistradas.
En el Caribe, por ejemplo, departamentos como Córdoba y Sucre presentan una alta influencia de organizaciones criminales, con liderazgos sociales intimidados y amenazados, una situación que también se observa en Cauca, Nariño y el Catatumbo.
Además, el énfasis en la acción de los grupos armados puede invisibilizar otros territorios clave para las economías ilegales que permanecen fuera del radar debido a limitaciones en el acceso a información. Es el caso de Amazonas, Guainía, Vichada y Vaupés, cuyas rutas fluviales y terrestres son estratégicas para el tráfico de bienes ilícitos (como cocaína, marihuana o madera), el contrabando y otras actividades ilegales.
La FIP hace un llamado a ampliar la mirada sobre estas zonas, con el fin de prevenir riesgos y fortalecer la protección de las comunidades que permanecen en condiciones de vulnerabilidad.