Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el narcotráfico constituye uno de los principales desafíos del próximo gobierno en Colombia. Es positivo que la mayoría de las campañas presidenciales reconozcan que en el país este fenómeno no es únicamente una actividad criminal, sino que atraviesa dimensiones territoriales, económicas, ambientales, culturales e institucionales. Sin embargo, preocupa que la inmensa mayoría de las propuestas sigan ancladas en visiones estáticas, desactualizadas y simplistas del problema, basadas en enfoques tradicionales que no logran comprender las transformaciones recientes del narcotráfico ni responder de manera efectiva a sus impactos en Colombia.
La lectura de los planes de gobierno de las 11 campañas que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales permite identificar que el narcotráfico ocupa un lugar prioritario en cinco de los 11 planes de gobierno, con una aproximación centrada principalmente en la seguridad. En dos campañas, el narcotráfico no constituye un eje programático propio, sino un tema transversal a la seguridad, el desarrollo y el fortalecimiento institucional, y en cuatro campañas la política de drogas casi ni se menciona.
Es importante destacar que, para la mayoría de las campañas, la política de drogas se concentra casi exclusivamente en el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Otros temas clave como el consumo de sustancias psicoactivas, la regulación de los usos lícitos de la hoja de coca o del cannabis para uso adulto, y los mercados urbanos o microtráfico, tienen una presencia mínima en los planes de gobierno. De hecho, el consumo de sustancias psicoactivas y la regulación de la hoja de coca para usos lícitos solo se mencionan en una candidatura; la regulación del cannabis para uso adulto es planteada por dos campañas; y el microtráfico no figura en ninguna.
Salvo en dos campañas, los planes de gobierno tampoco muestran una posición clara frente a los debates internacionales sobre la reforma de la política mundial de drogas, un tema que sigue ocupando un lugar relevante en distintos escenarios multilaterales y en el que Colombia ha tenido históricamente un papel de liderazgo. Solo dos candidaturas exponen con cierta claridad su postura frente a esta discusión, pese a las implicaciones que tiene tanto para la agenda internacional como para el debate interno.
En general, en los planes predominan las herramientas tradicionales de “la lucha contra las drogas”: erradicación —en algunos casos mediante fumigación aérea—, sustitución de cultivos, control territorial, incautaciones, especialmente de insumos y precursores químicos, reducción de la financiación ilegal, desarrollo rural y presencia institucional. Pero, en casi ningún caso, los planes plantean una estrategia integral para intervenir toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo y la producción hasta el procesamiento, las redes logísticas, el tráfico internacional, las finanzas criminales o las estructuras de gobernanza criminal.
Preocupa que, en casi ningún caso, las propuestas estén asociadas a objetivos o metas estratégicas. En la mayoría de los planes aparecen como un listado de actividades sin una lógica clara de intervención que permita entender qué buscan lograr, cómo pretenden hacerlo o cuál es la teoría de cambio que las sostiene.
Planteamientos como “hacer que la legalidad sea más rentable que el crimen”, “reorganizar la política pública rural”, “implementar una política antidrogas eficaz” o “transformar las economías territoriales” terminan siendo enunciados aspiracionales. Otras propuestas como “controlar los precursores químicos”, “sustituir economías ilegales con bionegocios”, “fumigar con bioherbicidas” o “fortalecer la incautación” se presentan como programas o actividades que, por sí solas, no explican de qué manera contribuirían a reducir el narcotráfico.
Aunque en algunos planes de gobierno aparecen metas como “desarticular las redes de financiación de la minería ilegal y el narcotráfico, yendo más allá de la captura de eslabones débiles”, “fortalecer los controles de puertos y aeropuertos, enfocados en lavado de activos y mercancía de alto valor”, “aumentar el control territorial” o “recuperar la inteligencia estratégica y el trabajo conjunto”, estos planteamientos se quedan, en su mayoría, en promesas. Los planes no desarrollan mecanismos, capacidades o rutas de implementación que permitan entender cómo se alcanzarían esos resultados.
En la misma línea, muchas de las propuestas desconocen o subestiman las limitaciones reales de capacidad estatal y sostenibilidad fiscal que enfrenta el país. Varias iniciativas implican aumentos significativos del pie de fuerza, expansión de capacidades operativas, fortalecimiento institucional, presencia integral del Estado, desarrollo rural, infraestructura, reactivación de la aspersión y control territorial simultáneo, sin claridad sobre los recursos fiscales, administrativos y humanos necesarios para materializarlas.
Esta tensión resulta especialmente relevante en un escenario marcado por restricciones presupuestales, altos niveles de endeudamiento, menor margen de maniobra fiscal y múltiples compromisos que el Estado ya debe financiar y ejecutar. En la práctica, buena parte de las propuestas parecen partir de la idea de que la sola voluntad política basta para transformar las condiciones territoriales e institucionales del país, sin incorporar una discusión seria sobre los recursos disponibles, las capacidades estatales, las secuencias de implementación, la priorización territorial o la sostenibilidad financiera de largo plazo.
A esto se suma la falta de claridad de la mayoría de las campañas frente al futuro y cumplimiento de compromisos adquiridos previamente por el Estado en materia de política de drogas y desarrollo alternativo, particularmente los relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que casi 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz sigue sin completar su implementación, y con el programa Renhacemos impulsado por el Gobierno Petro.
Aunque varias candidaturas proponen nuevas estrategias de sustitución, desarrollo rural o transformación territorial, en pocos casos explican cómo las articularían con los compromisos ya adquiridos por el Estado, con las comunidades vinculadas a procesos previos o con las obligaciones institucionales derivadas, incluso, de acuerdos alcanzados en las mesas de la Paz Total. Tampoco queda claro si consideran que estos programas deben fortalecerse, reformularse, reemplazarse o cerrarse gradualmente. Esta ambigüedad no es menor: buena parte de la desconfianza que hoy persiste en las comunidades rurales hacia el Estado está asociada, precisamente, al incumplimiento histórico de acuerdos, promesas de sustitución y apuestas de desarrollo territorial que no lograron sostenerse en el tiempo.
En términos generales, los planes de gobierno mezclan metas aspiracionales, objetivos estratégicos y actividades, pero sin una conexión clara entre estos elementos. Esto deja ver dos limitaciones importantes. Por un lado, las campañas reproducen uno de los problemas históricos de la política: convertir los resultados operativos en objetivos estratégicos. Por otro, sus propuestas parten de la idea de que el éxito de la política de drogas depende, sobre todo, de reforzar las herramientas tradicionales con las que el país ha enfrentado este problema.
También resulta llamativo que las campañas presidenciales sigan proponiendo, en esencia, las mismas intervenciones aplicadas históricamente en el país. Más allá de algunas actividades puntuales, no se observan apuestas innovadoras que respondan a las nuevas dinámicas del narcotráfico, a su creciente articulación con otras economías ilícitas ni a los desafíos que hoy representa para los territorios y la institucionalidad.
Esto es particularmente problemático porque esas limitaciones ayudan a explicar, en buena parte, por qué, desde los años 90, Colombia ha vivido ciclos recurrentes de expansión y reducción de los cultivos de coca. La política de drogas terminó atrapada en una lógica inercial —como un ratón girando en la rueda de su jaula— en la que los objetivos operativos reemplazaron las metas estratégicas.
En la práctica, mes tras mes y año tras año se publican, exaltan y premian resultados relacionados con hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos o capturas realizadas, aun cuando no exista evidencia de que efectivamente se cultive menos coca, se produzca menos cocaína o disminuya su disponibilidad en los mercados internacionales.
Indicadores como las hectáreas erradicadas o las toneladas incautadas sirven para mostrar resultados operativos inmediatos, pero no necesariamente reflejan el impacto real sobre las economías ilícitas ni sobre las condiciones que hacen posible su permanencia. La experiencia ha demostrado que erradicar cultivos o aumentar las incautaciones no se traduce automáticamente en una reducción sostenible de los cultivos de coca, marihuana o amapola, ni en una menor disponibilidad de cocaína en los mercados internacionales.
Por eso, la política de drogas ha acumulado resultados operativos impresionantes: entre 1999 y 2023 se erradicaron manualmente cerca de un millón de hectáreas de coca, se fumigaron casi 1,8 millones de hectáreas con glifosato y se incautaron más de 8.500 toneladas de cocaína. La erradicación, por ejemplo, sí produjo reducciones importantes en las áreas cultivadas, pero no ha conseguido que esas sean sostenibles en el tiempo.
A pesar de la experiencia acumulada por Colombia en la implementación de esta política, las propuestas de las candidaturas continúan relegando, en términos generales, sus metas frente al narcotráfico a acciones principalmente operativas. Con ellas reproducen una lógica histórica centrada más en la gestión de actividades que en el impacto real de las intervenciones.
Ahora bien, más allá de este vacío estratégico, resulta positivo que la mayoría de las campañas vincule otras agendas al abordaje del narcotráfico, además de la seguridad. Entre ellas aparecen el desarrollo rural, la protección ambiental, la gobernabilidad territorial y la cooperación internacional.
Aunque dejan por fuera muchas otras dimensiones fundamentales para contrarrestar los impactos del narcotráfico sobre la vida política, económica, social, ambiental e institucional del país, así como sobre sus territorios y comunidades, es importante destacar que varias candidaturas reconocen que la sostenibilidad de cualquier estrategia depende de intervenir las condiciones territoriales, económicas y criminales que han permitido la consolidación de estas economías ilícitas.