Luego de cuatro años del Gobierno del presidente Gustavo Petro, una de sus principales apuestas, la Paz Total, dejó más costos que ganancias para Colombia. Este nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene que su fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos o por estrategias de seguridad fallidas, sino a un diseño institucional y jurídico deficiente que destinó a cada una de estas mesas a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil.
Al final, la Paz Total incurrió en falencias en sus tres ejes principales: las violencias no desescalaron, las transformaciones territoriales no saldaron la deuda histórica del Estado, y el tránsito a la vida civil de los integrantes de grupos ilegales no pudo existir debido a la falta de caminos legales claros.
En la recta final de la administración Petro, su consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró en medio de una entrevista que la Paz Total se trató de una “paz distinta a la del 2016 (en referencia al Acuerdo con las FARC) porque es una paz territorial”, y añadió que bajo la apuesta del Gobierno se había logrado un “proceso de transformaciones territoriales, con la disminución de las violencias”.
Esta afirmación desconoce que el proceso que concluyó con el Acuerdo Final de 2016 ya construyó y puso en práctica la noción de paz territorial, con más de 250 mil personas que identificaron más de 33 mil iniciativas de transformación territorial en el marco de los PDET.
La percepción del gobierno saliente sobre la Paz Total ignora también que la gobernanza criminal de los grupos ha aumentado, junto con los indicadores de desplazamiento, secuestro, confinamiento y reclutamiento. También desconoce que la Paz Total es uno de varios factores que contribuyen a un escenario con 28.802 integrantes de grupos armados ilegales (sumando personas en armas y redes de apoyo o informantes) a julio de 2026, según la Fuerza Pública, lo que significa que desde 2022 esta cifra aumentó un 90%.
Este informe se concentra en las mesas de diálogo político y de sometimiento a la justicia, sin pretender ser una revisión exhaustiva de todos los temas abordados en ellas. Desde 2022, la FIP ha producido varios informes que ya han colocado el foco en la visión y el método con que se diseñaron estos procesos y cómo estos errores podrían traer consecuencias negativas.
El gobierno Petro careció de autocrítica a lo largo de los diferentes escándalos que experimentaron todas las mesas, a lo que se sumó una narrativa promovida por el Ejecutivo, bajo la cual la Paz Total fue incomprendida, incluso por los mismos negociadores. Al final, lo cierto es que negociar una paz, un sometimiento a la justicia o una rendición requiere de una visión clara, un método, un marco jurídico y las capacidades institucionales necesarias: hay que organizarse y tener una estructura institucional básica para que dicho proceso sea ordenado, seguro y sostenible.
Con este informe, la FIP presenta un balance final sobre la Paz Total, sus resultados, sus errores, sus aportes y los aprendizajes que dejan estos cuatro años, desde una perspectiva crítica pero basada en la evidencia recogida por el área de Conflicto y Seguridad de la Fundación. El objetivo es aportar a un debate público informado y hacer recomendaciones que permitan al próximo gobierno tomar mejores decisiones en materia de paz.
1. La apuesta inicial de la Paz Total
La propuesta de Paz Total se consolidó a partir de cuatro ideas. La primera fue la aspiración de desarrollar estrategias de diálogo que, de manera "global, simultánea e integral", pudieran acabar "con todas las formas de violencia, conflicto armado y criminalidad organizada" que vivía Colombia, buscando superar el paradigma de paz fragmentaria. Vale la pena recordar que la noción de "Paz Total" fue mencionada solo una vez en las 54 páginas del programa de gobierno del entonces candidato Gustavo Petro.
La segunda idea era la apuesta por una negociación diferente y con el sello del nuevo presidente, quien perteneció a la guerrilla del M-19, cuyo proceso de paz en la década de los 90 derivó en una Constituyente. Esta dimensión simbólica fue muy importante, pues impidió en muchos casos tomar en cuenta las diversas lecciones de procesos pasados.
La tercera idea tiene que ver con una dimensión territorial de la paz o, puesto en las palabras del gobierno, “la territorialización de la paz”, entendida como “el único camino real de superar los vacíos que han dejado los acuerdos nacionales de paz” y también como una forma de respuesta a la lectura sobre falta de garantías de seguridad y crisis humanitarias que en varios territorios del país había sido generada por lo que el gobierno denominó “organizaciones multicrimen”.
Y, por último, la idea de una promesa política con fines electorales que permitiera avanzar en varias mesas de diálogo, iniciar una serie de transformaciones territoriales y apostarle a una continuidad del proyecto progresista que prometió representar el gobierno Petro.
Luego de atravesar por estas cuatro ideas, la Paz Total cierra con nueve espacios de diálogo activos (tres sociopolíticos y seis sociojurídicos) que consiguieron múltiples acuerdos, pero con poco o ningún impacto sobre las zonas de operación de estos grupos: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF, disidencias de alias Calarcá), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Comuneros del Sur, el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y las bandas del Valle de Aburrá, Quibdó, Buenaventura y Barranquilla.
Los diálogos con el ELN, el Estado Mayor Central (EMC, disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco') y la Segunda Marquetalia (al mando de alias 'Iván Márquez'), que en su momento presentaron avances, fueron suspendidos o rotos por diferentes razones, ya sea por fracturas en la confianza entre las partes o por la división interna en los grupos entre las facciones que negocian y las que no.
2. La puesta en marcha de la política de paz a la luz de sus objetivos
La base principal de la Paz Total descansó sobre tres ejes: i) el desescalamiento de las violencias; ii) la implementación de transformaciones territoriales; y iii) el tránsito a una ciudadanía plena por parte de los integrantes de estos grupos.
Cada una de las mesas de paz logró llegar a acuerdos con sus respectivos interlocutores en cada uno de estos ejes, pero en la mayoría de casos todo ello quedó únicamente consignado en el papel y sin muchas probabilidades de ocurrir. Al final, pareciera que los acuerdos cumplían una función mucho más apegada a demostrarle a la opinión pública que las partes son capaces de mantener un diálogo que a avanzar decididamente hacia el tránsito a la legalidad de estas estructuras, que debe ser uno de los principales fines de una negociación de paz o un sometimiento.
2.1. Desescalamiento de la violencia
Entre varios sectores, incluso miembros del Gobierno Petro, hay un consenso sobre los profundos errores de la Paz Total y la evitable ineficiencia en alcanzar sus objetivos, aunque no necesariamente sobre una relación directa entre las mesas de diálogo y el fortalecimiento de los grupos armados o el deterioro de la seguridad. El aumento del poder de las estructuras ilegales tiene orígenes tanto estructurales —la permanente ineficiencia de las políticas de seguridad de los últimos diez años— como coyunturales: los ceses al fuego o la actitud pasiva del gobierno en las mesas favorecieron la expansión de los grupos y la aparición de crisis humanitarias regionales.
Aunque el debate de la causalidad sigue estando abierto, la Paz Total no logró su objetivo de disminuir la violencia. Como se verá a continuación, ahora los grupos son más fuertes en términos de pie de fuerza, y han aumentado las disputas entre ellos. Algunas acciones, como los ceses al fuego y la suspensión de bombardeos, pudieron haber contribuido de forma directa al crecimiento de estas organizaciones.
Según datos del Ministerio de Defensa, a julio de 2026 los grupos armados contaban con alrededor de 28.802 integrantes. Frente a 15.120 en diciembre de 2022 (primer año del Gobierno Petro), esto representa un incremento del 90%. El Clan del Golfo (EGC) se consolidó como el grupo más numeroso, con 10.268 integrantes (152% de crecimiento); le sigue el ELN, con 7.123 miembros (22%); el EMC con 4.480 (109%); y la CNEB con 2.359 integrantes (un aumento del 108%).
Mientras los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las delegaciones de Gobierno en las mesas tomaron posturas muy pasivas, lo que inclinó la balanza de poder hacia unos grupos que percibieron al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos.
Las fracturas internas en los grupos armados catalizadas (aunque no completamente explicadas) por la Paz Total también dieron pie a nuevas zonas de disputa. En los últimos cuatro años las disputas entre actores armados ilegales se han duplicado: de 7 en 2022 a 14 en la actualidad, y en 2025 la FIP registró 116 enfrentamientos entre grupos armados, la cifra anual más alta desde 2016.
Mientras que la crítica ante el desarrollo de la inseguridad es fuerte, el gobierno destaca cuatro logros en desescalamiento que tienen matices a revisar: la disminución de homicidios en Putumayo y Nariño que ocurre a la par de una gobernanza más evidente de los grupos armados; la disminución de homicidios en el Valle de Aburrá, que la FIP atribuye a una tendencia consolidada desde hace años y no necesariamente a los compromisos de la mesa; la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, lograda por la sociedad civil y que caducó en febrero de 2025, detonando una crisis de inseguridad vigente; y la destrucción de material bélico de Comuneros del Sur y de la CNEB, gestos verificables de paz pero que no disminuyeron notablemente la capacidad de daño de los grupos.
2.2. Territorialización de la Paz
La FIP revisó todos los acuerdos firmados en los tableros de diálogo y encontró al menos 55 compromisos de transformación territorial en ocho mesas, encabezados por la del EMBF (31 compromisos). Según la OCCP, hasta junio de 2026 se han entregado 23 proyectos de transformación territorial. Entre los factores comunes de este eje están el desgaste de la participación comunitaria por la duplicidad de espacios ya existentes (como los PDET), y la fusión entre la sustitución de cultivos ilícitos y las negociaciones de paz, materializada en el programa RenHacemos, cuya implementación condiciona a futuro la posibilidad de sostener estas políticas a la voluntad negociada de los actores armados y favorece la legitimidad de los grupos mientras se reduce la confianza en el gobierno.
Uno de los aspectos más problemáticos de la Paz Total fue acordar transformaciones territoriales con estructuras que continuaban armadas y mantenían control sobre la población, sin compromisos verificables de desarme. Bajo esta lógica, la inversión pública y la presencia institucional dejaron de presentarse como obligaciones ordinarias del Estado y empezaron a aparecer como resultados de la intermediación de los grupos armados, contribuyendo a reconocerlos como interlocutores legítimos de las comunidades en territorios donde esa interlocución está en riesgo de ser cooptada o amenazada.
2.3. Tránsito a la ciudadanía
La Paz Total no concluyó en el tránsito completo a la legalidad de ningún miembro de los grupos armados. Solo la mesa con la CNEB alcanzó un logro significativo: el inicio efectivo del tránsito de 99 de sus integrantes, concentrados en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, aunque su situación jurídica permanece en un limbo. Una de las falencias más graves fue dejar en el fondo de las prioridades la discusión sobre el tránsito a la legalidad y el desmantelamiento de las estructuras, algo que no fue prioridad en los ciclos sino hasta después de 2024.
Las ZUT fueron concebidas para la fase final de un proceso de paz; en los meses finales del gobierno se aceleró la creación de siete ZUT con cuatro grupos armados, pese a que ninguna mesa parecía estar en el "estado avanzado" que exige la Ley 2272 de 2022. La FIP identificó siete dilemas centrales sobre esta figura, entre ellos usar una herramienta de cierre para procesos inconclusos y trasladar al próximo gobierno la responsabilidad de administrar estas zonas.
En materia del marco jurídico para el sometimiento colectivo, el elemento fundamental para los procesos sociojurídicos, se intentaron dos proyectos de ley (2023 y 2025) y ambos quedaron archivados o empantanados sin surtir su primer debate. El gobierno consideró este aspecto como secundario, cuando en realidad es el corazón de las negociaciones orientadas al desmantelamiento de estructuras ilegales.
3. Lo que nos deja la Paz Total: cómo no negociar con grupos armados
El presidente Petro reconoció el 20 de julio de 2025 que "obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total". Más allá de la poca articulación entre paz y seguridad, la Paz Total padeció la falta de elementos básicos para organizar procesos de semejante envergadura. El informe de la FIP identifica trece desaciertos centrales, entre los que se destacan:
Una paz maximalista, fundada en el discurso de las "causas objetivas de la violencia", que llevó a que los grupos armados se sintieran cómodos ganando en la narrativa sin poner nada a cambio.
Una visión y secuencia de la negociación desorientadas: la mayoría de las mesas no definió un horizonte claro sobre desarme y desmovilización. Sin objetivos, agendas y pasos a seguir claros, las mesas funcionaron al vaivén de los grupos armados.
Los dilemas de la caracterización: una buena negociación parte de una buena caracterización. No obstante, el gobierno hizo caso omiso a la información de inteligencia y judicial disponible, aceptando la "auto caracterización" de los grupos y reconociendo a varios de ellos estatus político sin sopesar las consecuencias.
La ausencia de líneas rojas frente a la expansión, el reclutamiento de menores y las presiones contra la población civil.
Una ausencia de marco jurídico que dejó todo al azar: no hubo ley de sometimiento, y disposiciones constitucionales y legales dejaron sin garantías jurídicas claras a quienes se acogieran a los procesos. Sin esto, cualquier acuerdo de tránsito a la legalidad se queda en el papel.
El error de los acuerdos parciales: crearon un incentivo perverso para que los grupos permanecieran indefinidamente en las mesas sin avanzar hacia el desarme.
La transformación territorial no puede ocurrir bajo la coerción armada: Estos acuerdos deben estar diseñados para mejorar la percepción del Estado y repeler la gobernanza criminal, no al revés.
La Paz Urbana, aunque novedosa y útil, no es una solución universal: La cantidad de organizaciones criminales que operan en entornos urbanos es altamente variada y no puede encasillarse en un solo tipo. La oferta de sometimiento es viable en algunos contextos urbanos, pero con límites respecto a un diálogo político y criterios de aplicación.
Una institucionalidad fragmentada: la negociación no la hace solamente la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) sino el Estado. Y la falta de articulación entre la OCCP, la Fiscalía y el sector Defensa tuvo un enorme costo.
La necesidad de que la vía negociada y la estrategia de seguridad avancen de manera articulada, sin subordinar una a la otra. Un abordaje integral no prefiere la paz sobre la ofensiva militar, ni al revés, sino que diseña estas políticas con objetivos comunes y canales de comunicación efectivos.
La erosión de la confianza de la opinión pública en la salida negociada: el respaldo a insistir en los diálogos cayó de 76% en agosto de 2022 a 50% en febrero de 2025, mientras el orden público volvió a ser percibido como uno de los principales problemas del país.
Una paz que insistió ser única y audaz: la Paz Total apostó por una ruptura moral con el pasado. En lugar de seguir una lógica incremental que aprovechara la experiencia acumulada de procesos anteriores, desechó lecciones previas e ignoró el diálogo con quienes advertían riesgos desde el inicio del gobierno.
Una paz que deja preguntas para el futuro: Muchos debates siguen abiertos, por ejemplo, sobre qué lugar deben ocupar las transformaciones territoriales o el desmantelamiento de economías ilegales
4. Lecciones y recomendaciones
Los errores de diseño son más costosos a la hora de negociar que los errores de ejecución: es indispensable un diagnóstico correcto y una caracterización precisa del contexto y de los grupos.
Es importante un presidente de la República comprometido e informado sobre la negociación, con atención total, constante y coherente.
La "voluntad de paz" de los grupos armados es insuficiente: se requiere identificar incentivos, intereses, el nivel de uso táctico de una mesa, y presionar esa voluntad con una buena política de seguridad.
La correlación de fuerzas importa: la negociación debe diseñarse considerando el avance de la estrategia militar, policial y de investigación criminal sobre los grupos.
No se deben ofrecer ceses al fuego prematuros ni sin condiciones, y su cumplimiento debe verificarse y comunicarse a la opinión pública.
Es fundamental reconocer la experiencia pasada y mantener las capacidades institucionales del Estado para negociar.
La dimensión jurídica es vital, no secundaria: los instrumentos jurídicos blindan los actos de la negociación y son poco probables de sustituir por buena voluntad.
La pacificación urbana, no la "Paz Urbana", requiere caracterización detallada de las bandas y claridad sobre el rol de la Fiscalía.
La vía negociada y la estrategia de seguridad son dos caras de una misma moneda; ninguna debe subordinarse a la otra.
Los contextos actuales requerirán actitudes más determinantes de la comunidad internacional frente a procesos con problemas serios.
Deben medirse los riesgos de los acuerdos parciales: la transformación territorial no puede convertirse en condición para el desarme.
La participación ciudadana libre y protegida es fundamental, con protección frente a la posible injerencia de los actores armados.
La acción sin daño debe ser un principio rector, evitando que la negociación sea excusa para someter aún más a la población civil o generar falsas expectativas.
Trazar líneas rojas ayuda a moldear las expectativas de los grupos armados y a preservar la legitimidad de la negociación.
La suspensión de órdenes de captura debe tener condicionantes claros y consecuencias si no se cumplen.
Se necesita una estrategia de seguridad que proteja al ciudadano, contenga la expansión de los grupos, presione militar, policial y judicialmente, y responda a los problemas estructurales de fondo.