El cañón del Micay se convirtió en uno de los principales escenarios de la estrategia territorial del Gobierno de Gustavo Petro. Ubicado en el sur del Cauca, entre la cordillera Occidental y la serranía del Pinche, el territorio comprende los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay y tiene una salida natural hacia el océano Pacífico. Su geografía y conectividad lo han convertido en un enclave económico, logístico y geoestratégico de alto interés para los grupos armados y las cadenas del narcotráfico.
En este territorio, El Plateado ocupa un lugar central. En agosto de 2023, el Gobierno anunció la Operación Trueno, una ofensiva para recuperar militarmente el cañón del Micay y enfrentar las economías ilícitas y las acciones criminales del Estado Mayor Central. Un año después, en octubre de 2024, lanzó la Operación Perseo con el objetivo de recuperar el casco urbano de El Plateado. Cerca de 1.400 uniformados ingresaron al corregimiento y se instaló una base militar. La operación fue acompañada por el anuncio de más de 41 proyectos de infraestructura, salud, educación, conectividad y transformación de la economía cocalera.
Ahora, un nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), realizado con Fescol, analiza qué ocurrió después de esta intervención. A partir de trabajo de campo, entrevistas con líderes sociales, organizaciones comunitarias, asociaciones productivas, funcionarios públicos y otros actores con conocimiento del territorio, el estudio examina las dinámicas de seguridad, la economía de la coca, la gobernanza criminal y las capacidades del Estado.
El balance es mixto: Perseo logró modificar algunas dinámicas visibles del conflicto y abrió una oportunidad para ampliar la presencia institucional, pero las disputas armadas, las economías ilícitas y las dificultades para generar transformaciones sostenibles persisten.
Un territorio donde la coca es mucho más que un cultivo
Entender el desafío del Micay exige mirar más allá de la presencia de los grupos armados. En Argelia, y particularmente en El Plateado, la coca hace parte de la estructura económica y social del territorio.
La evidencia recogida por la FIP muestra que una proporción considerable de los hogares depende directa o indirectamente de los ingresos derivados de esta actividad. Alrededor de la coca se articulan el comercio, el transporte, los servicios, los jornales y buena parte de la circulación de efectivo. Familias enteras participan en diferentes etapas de la cadena y, ante la falta de alternativas educativas y laborales, para algunos jóvenes estas actividades representan el horizonte económico más visible.
Esto ocurre en un contexto de profundas precariedades. Argelia presenta altos niveles de pobreza multidimensional, informalidad en la tenencia de la tierra y barreras históricas de acceso a infraestructura, servicios y mercados legales. En esas condiciones, para muchas familias la coca no es solamente una actividad rentable: es la opción más estable y viable disponible, incluso cuando no quieren que las nuevas generaciones permanezcan vinculadas a ella.
El resultado es una economía profundamente arraigada. La coca también ha moldeado prácticas, normas e imaginarios y ha contribuido a configurar formas de gobernanza informal. Por eso, el informe advierte que en el Micay la coca no opera simplemente como un cultivo ilícito disperso, sino como una economía organizada y articulada, resultado de décadas de presencia del cultivo sin intervenciones estatales efectivas.
Los datos ayudan a dimensionar el fenómeno. Según UNODC, el enclave Argelia-El Tambo concentra 10.246 hectáreas continuas de coca, con alta productividad y control de la cadena productiva, desde la siembra hasta la transformación y comercialización. En estos enclaves, la coca funciona como un mercado agroindustrial con rendimientos superiores al promedio nacional.
La ausencia estatal también explica la consolidación del enclave
La formación de este enclave no puede explicarse únicamente por las características de la coca o por la presencia de grupos armados. La debilidad estatal ha sido un factor determinante.
Durante años, la erradicación en Argelia fue casi inexistente y las acciones de interdicción se concentraron en períodos específicos, sin continuidad. Tampoco hubo vinculación de familias del territorio a programas de desarrollo alternativo hasta 2024. Para la población, esto alimentó la percepción de que el Estado no tenía capacidad —o voluntad— para intervenir de manera sostenida sobre los cultivos, el transporte de la hoja o los laboratorios.
El vacío institucional tuvo otra consecuencia: permitió que los grupos armados no solo controlaran partes del territorio, sino que asumieran funciones de regulación económica y social.
El frente Carlos Patiño llegó a El Plateado en 2019 y logró consolidarse entre 2021 y 2022, después de desplazar al ELN y al frente Diomer Cortés. Su dominio se apoyó en patrullajes, amenazas, asesinatos, desplazamientos, extorsiones, retenes y mecanismos de control sobre la población. Para 2025, según registros de la Fuerza Pública citados por el informe, en Argelia operaban tres estructuras con diferentes niveles de influencia: Carlos Patiño, ELN y Diomer Cortés.
La disputa dejó una fuerte huella humanitaria. Entre 2020 y 2025, Argelia registró 60 eventos de desplazamiento forzado y 14 confinamientos, y 16 líderes sociales fueron asesinados, según las fuentes utilizadas por el informe.
Perseo cambió la correlación de fuerzas, pero también generó una nueva disputa
La llegada de la Fuerza Pública modificó el escenario. Su presencia funcionó como una barrera de contención que impidió la continuidad de la confrontación entre grupos armados y obligó al frente Carlos Patiño a abandonar el casco urbano de El Plateado.
Pero el repliegue produjo un efecto no previsto. Mientras buena parte de la capacidad militar se concentró en El Plateado y en contener la respuesta del Carlos Patiño, el frente Diomer Cortés y el ELN comenzaron a ocupar corredores y veredas que antes estaban bajo control de esa estructura.
La violencia, además, adquirió nuevas formas. El Carlos Patiño respondió al avance estatal con hostigamientos y ataques con drones cargados de explosivos. Entre enero y julio de 2025, la Fuerza Pública contabilizó 23 incidentes de este tipo. Algunos de estos ataques también afectaron a civiles: uno ocurrido en octubre de 2025 dejó ocho personas heridas, cinco de ellas menores de edad, y otro, en enero de 2026, dejó un civil muerto y 14 heridos.
Por eso, el informe plantea una conclusión importante: la Operación Perseo no desmontó el control territorial de los grupos armados, sino que lo reconfiguró. El Carlos Patiño perdió el dominio sobre el casco urbano de El Plateado, pero mantuvo e incluso endureció sus mecanismos de vigilancia y presión en las zonas rurales. Al mismo tiempo, otros grupos avanzaron sobre corredores que antes estaban bajo su control.
El control armado no desapareció: cambió de forma
La transformación también se observa en las relaciones entre los grupos armados y las comunidades.
Antes de Perseo, el frente Carlos Patiño ejercía un control directo sobre la vida cotidiana. Después de la operación, ese control se volvió más selectivo y menos visible: redes de informantes, combatientes vestidos de civil, vigilancia sobre quienes entran y salen del territorio y presiones sobre líderes y organizaciones sociales.
El grupo también ha recurrido a la movilización de comunidades. En marzo de 2025, una asonada en El Plateado terminó con la retención temporal de 29 integrantes de la Fuerza Pública. Meses después, otra movilización en El Tambo derivó en la retención de 57 militares, episodios que el Ejército atribuyó a la coacción de las disidencias.
En las zonas rurales hacia donde se replegó, el Carlos Patiño incrementó las presiones sobre organizaciones sociales y liderazgos e impulsó la presencia de personas afines en Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones.
La intervención militar también alteró las estructuras internas del grupo armado. Las capturas y bajas de mandos medios produjeron un relevo de la jefatura en la zona y, según habitantes entrevistados por la FIP, los nuevos comandantes son más desconfiados y menos dispuestos a mantener acuerdos construidos con las comunidades. Esto ha hecho más volátil la relación entre población y grupo armado.
Una ventana de oportunidad para el Estado
Hay, sin embargo, un elemento que diferencia esta intervención de experiencias anteriores: la percepción de una parte de las comunidades sobre la presencia estatal ha mejorado.
La llegada de instituciones, las inversiones sociales y el hecho de que la Fuerza Pública no haya afectado de inmediato la economía de la coca han permitido construir un incipiente vínculo de confianza.
El informe recoge una frase de los habitantes que resume ese cambio: “las Fuerzas Militares ya no vienen contra nosotros”. En un territorio donde las intervenciones anteriores estuvieron asociadas a la militarización y la erradicación forzada, este giro representa un logro relevante.
A esto se suman proyectos concretos. Entre las inversiones más visibles están el nuevo hospital de El Plateado, con una inversión de 22.458 millones de pesos, un hospital móvil con servicios de segundo nivel y proyectos de infraestructura vial y renovación de la plaza de mercado.
El programa RenHacemos también se convirtió en una pieza importante de la estrategia. Sin embargo, las restricciones impuestas por los grupos armados han limitado su alcance: la DSCI solo logró inscribir poco más de 100 familias en El Plateado, en su mayoría provenientes de zonas rurales fuera de la influencia del Carlos Patiño. La caída de los precios de la coca desde finales de 2025 ha abierto una nueva disposición de algunas familias a vincularse a estos programas, pero esta oportunidad puede ser temporal.
El riesgo es conocido: que las comunidades vuelvan a experimentar el patrón de anuncios, expectativas y posteriores incumplimientos que ha marcado la relación con el Estado.
El reto ya no es solo ocupar el territorio
La experiencia del Micay muestra que recuperar un territorio militarmente es apenas una primera etapa.
La sostenibilidad de la intervención dependerá de que el Estado pueda convertir esa presencia en gobernanza. Para ello tendrá que superar una acción institucional fragmentada y coordinar los distintos instrumentos y programas que operan en la región.
El informe recomienda pasar de una lógica sectorial a un enfoque territorial, con coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, continuidad de programas como los PDET y RenHacemos y articulación con los proyectos de infraestructura. También plantea la necesidad de armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial y resolver los conflictos entre diferentes figuras de planificación.
En materia de sustitución, la recomendación también es ir más allá de los acuerdos individuales. Para que una familia abandone la coca de manera sostenible no basta con ofrecer un proyecto productivo: se necesitan bienes públicos, seguridad jurídica sobre la tierra, acompañamiento técnico, acceso a mercados y condiciones de seguridad que permitan desarrollar una economía legal.
El Estado también tendrá que cumplir lo que ya prometió. Los avances de RenHacemos pueden estancarse si no existe acompañamiento técnico sostenido, comercialización y articulación con bienes públicos. En un territorio donde la confianza sigue siendo frágil, cumplir los compromisos será determinante para mantener el interés de las comunidades.
No es contener, es desarticular
El informe propone finalmente cambiar la manera de entender la lucha contra la economía de la coca.
Las estrategias tradicionales se han concentrado en contener actividades específicas de la cadena. Pero esto no ha logrado afectar de fondo el funcionamiento del mercado. En un territorio como el Micay, reducir la coca exige intervenir simultáneamente sobre los distintos eslabones que permiten que el sistema funcione.
Eso implica reducir progresivamente la productividad de los cultivos, afectar la infraestructura de procesamiento, interrumpir los flujos de coca transformada, insumos y recursos financieros y fortalecer las capacidades de inteligencia económica y financiera del Estado.
La intervención, además, debe ser focalizada territorialmente. No se trata de intentar abarcar todo el territorio al mismo tiempo, sino de identificar las zonas críticas donde se concentran las funciones productivas, logísticas y de regulación del sistema y desplegar allí esfuerzos sostenidos.
Una transformación todavía en construcción
La Operación Perseo representa un cambio importante frente a las intervenciones anteriores. El Estado logró entrar y permanecer en un territorio donde durante años había tenido una presencia limitada; modificó la correlación de fuerzas, redujo parte de la afectación humanitaria y abrió una ventana para fortalecer su relación con las comunidades.
Pero sus límites también son evidentes. La economía de la coca permanece, los grupos armados conservan capacidad de regulación social y económica y la disputa territorial se ha desplazado y reconfigurado.
Por eso, el desafío del Micay no puede reducirse a quién controla El Plateado. La verdadera disputa es por quién tiene la capacidad de gobernar el territorio, ofrecer oportunidades, proteger a la población y construir una presencia estatal que no desaparezca cuando termine una operación militar.
Como señala el informe, el copamiento militar, aunque necesario, resulta insuficiente para garantizar la reconfiguración estructural del Micay. La sostenibilidad de la intervención dependerá de que el Estado logre trascender la lógica de ocupación y consolidar una presencia legítima, permanente y efectiva.
El debate sobre el futuro del Micay
El informe Economía de la coca y disputa armada en el cañón del Micay fue presentado este 27 de agosto de 2026 en Bogotá, en un espacio organizado por la FIP y Fescol para discutir los principales hallazgos del análisis y los retos de la intervención estatal en este territorio.