Once años después de su suspensión, la aspersión aérea vuelve a estar en el centro del debate sobre la política de drogas. En campaña, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que retomaría esta herramienta para reducir los cultivos de uso ilícito. Ya en el Gobierno, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) derogó la resolución que en 2015 le puso freno al uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIG).
Por ahora, el Ejecutivo avanza en un plan piloto de aspersión con otro herbicida, el glufosinato de amonio, que se ejecutará durante siete días en un área de hasta 1.000 hectáreas cuya ubicación se mantendrá en reserva por razones de seguridad. El objetivo es reunir evidencia científica sobre su eficacia y sus riesgos, aunque ese piloto deberá cumplir los mismos requisitos que cualquier reactivación del programa completo.
La discusión llega en un momento difícil para el país: los cultivos de coca alcanzaron en 2024 un récord histórico de 261.000 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), casi el triple de las 96.000 hectáreas que había hace 11 años, cuando se suspendió la fumigación. La producción potencial de cocaína también subió, hasta 3.000 toneladas en 2024.
Con este panorama, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó el análisis La aspersión para reducir cultivos de coca: 10 preguntas para entender los riesgos y condiciones para reactivarla, un insumo para aportar al debate actual desde lo que ha ocurrido en el pasado.
Una historia de idas y vueltas
La aspersión aérea no es una herramienta nueva en Colombia. Se usó desde finales de los 70 contra la marihuana y desde los 80 contra la coca, con su punto más alto entre 2001 y 2011, en plena implementación del Plan Colombia y con financiación estadounidense. En 2006 se llegaron a fumigar 172.000 hectáreas en un solo año.
La suspensión de 2015 no fue una prohibición definitiva, sino una decisión de precaución. Pesó, sobre todo, la clasificación que ese año hizo la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, del glifosato como "probablemente carcinogénico". Dos años después, la Corte Constitucional fijó, en la Sentencia T-236 de 2017, las condiciones que cualquier reanudación debería cumplir: precaución, evaluación de riesgos, participación comunitaria y controles institucionales fuertes.
El expresidente Iván Duque intentó reactivar el programa entre 2018 y 2022, pero el trámite se encontró con demandas por fallas en la participación comunitaria y la Corte volvió a fallar en contra en 2021. Con el cambio de gobierno en 2022, Gustavo Petro desistió de continuar.
¿Qué dice la ciencia?
El informe de la FIP deja en claro que la evidencia no permite aseverar que la aspersión con glifosato sea inocua, pero tampoco existe consenso sobre la magnitud real de sus impactos. Hay estudios que asocian la exposición con irritaciones en piel y ojos, problemas respiratorios y síntomas gastrointestinales. Sobre efectos de largo plazo —cáncer, complicaciones en el embarazo— la evidencia es más débil y sigue en debate. En lo ambiental, se ha documentado la deriva del herbicida hacia cultivos lícitos, fuentes de agua y ecosistemas.
Sobre su efectividad, el panorama tampoco es sencillo. La aspersión puede reducir cultivos rápido, pero los resultados suelen ser temporales: la coca se resiembra, se desplaza o se fragmenta en parcelas más pequeñas. Ninguna herramienta —ni la aspersión, ni la erradicación manual, ni la sustitución voluntaria— ha demostrado ser suficiente por sí sola. Lo que sí parece asociarse con reducciones sostenibles es la presencia real y continua del Estado en los territorios.
Un mapa más restringido que antes
Si el gobierno decide avanzar, el terreno legal e institucional será mucho más exigente que hace una década. Cualquier reactivación deberá demostrar, con evidencia actualizada, que los riesgos están controlados; garantizar consulta previa donde aplique; cumplir normas ambientales; probar capacidad institucional real, y montar mecanismos de seguimiento independientes. Cambiar de herbicida —glufosinato en lugar de glifosato— no exime al Estado de estas obligaciones, porque derivan de la política de aspersión en sí, no del producto específico.
A eso se suma un dato geográfico que complica el panorama: según UNODC, en 2024 el 53% de los cultivos de coca del país estaba en Áreas de Manejo Especial —territorios de comunidades negras, resguardos indígenas, reservas forestales, parques naturales y zonas de reserva campesina—. Eso no los excluye automáticamente de una fumigación, pero sí implica trámites adicionales y mayor riesgo de litigios. El Estado ya conoce ese costo: ha enfrentado numerosos procesos judiciales por daños atribuidos a fumigaciones pasadas, con condenas e indemnizaciones reconocidas.
Así las cosas, aunque la aspersión regresó al debate público, aún falta camino para saber si podrá ejecutarse como en el pasado. Aún con el plan piloto en marcha, entre la decisión política y el primer avión fumigando coca hay un trecho.
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