El problema de seguridad en Colombia ya no se explica solo por la falta de pie de fuerza, presupuesto o presencia estatal. Como lo argumenta este nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el país arrastra un desorden estratégico: tiene instrumentos de seguridad, paz, justicia y desarrollo territorial, pero cada uno funciona con su propia lógica, sin un norte común que los articule. El resultado son esfuerzos que no se acumulan y capacidades que no logran incidir de manera sostenida sobre la violencia.
Ese diagnóstico es el punto de partida de Ordenar la casa: hoja de ruta para la seguridad territorial en Colombia, un documento que la FIP construyó con trabajo de campo en Guaviare, el Pacífico nariñense y Caquetá, entrevistas a actores locales y nacionales, y mesas de trabajo con un grupo plural de personas que conocen al detalle estos temas desde distintas visiones. El proyecto contó con el apoyo de la Embajada del Reino Unido
Las cifras detrás de los desafíos
El deterioro de la seguridad en el país es medible. En los últimos cuatro años, las zonas de disputa armada en el país pasaron de 7 a 14. En 2025, los desplazamientos masivos y los confinamientos alcanzaron sus niveles más altos en 17 años: más de 96.000 víctimas de desplazamiento forzado —un 85 % más que en 2024— y cerca de 155.000 personas confinadas, un 12 % más.
Mientras tanto, los grupos armados no han dejado de crecer. Entre 2024 y 2025, aumentaron su pie de fuerza en un 21%, y tienen alguna injerencia en al menos 621 municipios. Ya no son estructuras jerárquicas fáciles de identificar: funcionan, dice el informe, "cada vez más como verdaderas empresas criminales", que combinan narcotráfico, minería ilegal, extorsión y deforestación con negocios legales para reducir su dependencia de una sola fuente de ingresos y resistir mejor los golpes del Estado.
Frente a esto, la capacidad operativa estatal se ha quedado corta. Menos del 60 % de la flota aérea del sector defensa está actualmente operativa: una cifra que ilustra la distancia entre lo que el Estado dice que puede hacer y lo que realmente ejecuta en el territorio.
La apuesta: actuar con estrategia y coordinación
A diferencia de otros diagnósticos que piden ampliar el pie de fuerza o crear nuevas instituciones, la FIP plantea algo distinto: ordenar lo que ya existe. "No se trata de hacer más, sino de hacer mejor y de manera más coordinada", resume el documento, que organiza sus recomendaciones alrededor de cuatro frentes que deben avanzar de manera simultánea: proteger a la población civil, contener el crecimiento de los grupos armados, recuperar el control territorial e institucional, y fortalecer la justicia y la Fuerza Pública.
Proteger, sin repetir errores del pasado. La primera prioridad es identificar las tres regiones con mayor impacto humanitario del país e instalar allí puntos de permanencia militar pensados no como avanzadas ofensivas, sino como mecanismos de disuasión que protejan a la población y corredores estratégicos. La FIP pone como ejemplo la Operación Perseo en El Plateado, Cauca, realizada desde 2024, que logró cambiar el escenario de confrontación en la zona. A eso se suman sistemas de alerta temprana más ágiles y una estrategia judicial que persiga no solo a quienes disparan, sino a los mandos que ordenan la violencia contra líderes y comunidades.
Contener sin repetir el guion de siempre. El informe cuestiona un enfoque tradicional en la lucha contra estas estructuras: perseguir únicamente a los máximos jefes. Propone en cambio ir tras los "nodos funcionales" que sostienen a estas organizaciones —operadores logísticos, testaferros, instructores técnicos que, ante el uso creciente de drones por parte de estos grupos, se han vuelto piezas clave—. También plantea llevar la extinción de dominio más allá del decomiso de bienes individuales, hacia un modelo capaz de desarticular redes económicas completas. En zonas clave como la frontera con Venezuela, el documento pide una estrategia de presión sostenida que reduzca el rol de ese país como retaguardia y refugio para el ELN y las disidencias de las FARC.
Recuperar sin empezar de cero. Para la FIP, el Estado no necesita más programas, sino ejecutar los que ya tiene. El documento recomienda dar continuidad a instrumentos existentes como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Renhacemos o la Misión Cauca, en lugar de lanzar nuevas iniciativas que compitan por los mismos recursos. No basta con que el Estado esté presente en un territorio, ni siquiera con que sea fuerte allí; tiene que ser capaz de gobernar con reglas claras. Por eso, la hoja de ruta insiste en actualizar el catastro rural y formalizar la propiedad, dos tareas que hoy dejan zonas enteras del país en la incertidumbre normativa que los grupos armados aprovechan para imponer su propio orden.
Fortalecer sin depender solo de más soldados. El cuarto eje propone que el crecimiento de la capacidad estatal no dependa exclusivamente de aumentar el pie de fuerza, sino de usar mejor lo que ya existe: tecnología, inteligencia artificial y centros regionales que integren a la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares para pasar de casos aislados a golpes estructurales contra las finanzas criminales. El informe también pone sobre la mesa un tema ineludible: la corrupción no es un fenómeno periférico, sino el habilitador central que permite a estos grupos infiltrar instituciones locales, incluidas la Policía y las Fuerzas Militares.
Menos indicadores de guerra, más indicadores de resultado
Además de esos cuatro ejes, uno de los llamados más concretos del documento tiene que ver con cómo el país mide el éxito de su política de seguridad. La FIP propone dejar atrás indicadores como el número de capturas, incautaciones u operativos —que miden actividad, no impacto— y adoptar métricas que reflejen si la violencia realmente está cediendo: menos desplazamientos y confinamientos, freno verificable al crecimiento de los grupos armados, y recuperación real de la capacidad del Estado para regular la vida cotidiana en, al menos, dos zonas priorizadas.
Para coordinar todo esto, la hoja de ruta no propone crear una nueva entidad, sino reactivar la Consejería de Seguridad Nacional como espacio de dirección de toda la estrategia, y crear una Gerencia de Transformación Territorial adscrita a la Presidencia, enfocada en ejecutar y mostrar resultados en el terreno.
Los retos que el nuevo gobierno tendrá que asumir
El documento no promete una solución rápida ni completa. Reconoce, de entrada, varios riesgos: que la violencia se traslade a otros territorios como efecto colateral de una intervención focalizada, que la corrupción termine neutralizando los avances institucionales, que la Fuerza Pública y la justicia se saturen operativamente, o que simplemente falte voluntad política sostenida para llevar la estrategia hasta el final.
"El desafío para el nuevo gobierno no es solo definir qué hacer, sino decidir por dónde empezar, con qué instrumentos y bajo qué criterios de coordinación", señala el informe en sus conclusiones, en línea con la premisa que atraviesa todo el documento: en el contexto actual de recursos limitados y una violencia cada vez más adaptable, la eficacia del Estado dependerá menos de cuánto haga y más de qué tan bien logre ordenar lo que ya tiene.