-2.jpg?auto=format&fit=facearea&facepad=6&w=120&h=120&ixlib=php-3.3.1)
Colombia enfrenta un escenario de seguridad que exige revisar la manera en que el Estado planea y fortalece sus capacidades militares. Entre 2024 y 2025, los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron 62 %, las acciones contra infraestructura y bienes civiles crecieron 59 % y las acciones de grupos armados con drones aumentaron 132 %. Al mismo tiempo, los principales grupos armados ampliaron su influencia de 562 a 627 municipios.
Frente a este escenario, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) presentan el estudio “Recuperar la ventaja: una agenda para fortalecer las capacidades militares en Colombia frente a la nueva violencia organizada y contribuir a recuperar el control territorial”-
Durante las últimas tres décadas, el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares ha sido una prioridad de los distintos gobiernos. Sin embargo, la FIP encuentra que el país enfrenta hoy un rezago acumulado que supera los $100 billones, según una estimación reportada por el Ministerio de Defensa durante la transición de Gobierno.
Una violencia que cambió y exige nuevas capacidades
El entorno de seguridad colombiano se ha vuelto más complejo. Las zonas de confrontación pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, mientras que el desplazamiento forzado masivo superó las 96.000 víctimas y los confinamientos afectaron a cerca de 155.000 personas durante 2025.
A esto se suma una transformación tecnológica de los grupos armados. Las acciones con drones contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, un incremento del 132 %. Para la FIP, esta adaptación obliga a contar con capacidades más oportunas, precisas y flexibles, que puedan responder a operaciones más frecuentes y prolongadas y a innovaciones tecnológicas que avanzan a un ritmo superior al de los ciclos tradicionales de inversión pública.
Pero el desafío no está únicamente en responder a nuevas formas de violencia. También está en lograr que el esfuerzo militar produzca efectos sostenidos.
En 2025, la Fuerza Pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un aumento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos armados aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial. Esto muestra que incrementar la actividad operacional no garantiza por sí mismo cambios sostenidos en las condiciones de seguridad.
El presupuesto: más restricciones para operar y modernizar
Aunque el presupuesto del sector Defensa ha crecido en términos reales, su participación dentro del Presupuesto General de la Nación pasó de 22,4 % en 2003 a 14,7 % en 2025. Además, los costos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector en 2025.
El documento advierte que esta estructura deja un margen limitado para financiar simultáneamente operación, mantenimiento y modernización. Entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Esto significa que los recursos alcanzan para menos combustible, repuestos y mantenimiento que hace una década.
“Abrir esta conversación, en medio de las restricciones fiscales, es fundamental para el país. Necesitamos entender qué problemas queremos resolver y qué es lo que necesitamos en materia de capacidades de las Fuerzas Militares para lograrlo”, señaló la directora de la FIP, María Victoria Llorente, durante la presentación de la investigación.
Recuperar lo que ya existe antes de comprometer nuevas adquisiciones
Una de las principales brechas identificadas en el estudio está en la disponibilidad operacional. De acuerdo con las cifras analizadas, solo el 46 % de la capacidad militar del país está disponible para realizar operaciones.
En el componente aéreo, el 55,5 % del inventario aparece fuera de servicio; en el naval y fluvial, la cifra alcanza el 48,1 %. En el componente terrestre también existen importantes brechas presupuestales de sostenimiento.
El documento plantea que se deberían recuperar las capacidades que todavía pueden responder a las necesidades actuales, anticipar la renovación de aquellas cuya pérdida tendría un alto costo para el control territorial, y preservar la vigencia tecnológica de capacidades relacionadas con vigilancia y reconocimiento, mando y control, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, datos, interoperabilidad e inteligencia artificial.
El personal también es una capacidad
La discusión sobre capacidades militares no termina en equipos, tecnología o presupuesto. El quinto desafío identificado en el estudio está relacionado con el personal.
Entre 2002 y 2010, el pie de fuerza de las Fuerzas Militares creció 47 %. Quienes ingresaron durante esa expansión están entrando actualmente en el periodo en el que adquieren derechos de retiro, entre 2022 y 2035. A esto se suma que el valor presente de las obligaciones ya reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de $50 billones.
Esto resulta especialmente relevante para áreas como inteligencia, ciberdefensa, guerra electrónica, vigilancia, datos e inteligencia artificial, que requieren perfiles especializados cuya formación puede tomar años. El documento señala que en 2025 al menos 34 expertos en inteligencia salieron de la institución, en un contexto en el que varias direcciones especializadas registraron recortes.
Diez recomendaciones para cambiar la forma de planear la seguridad
A partir de este diagnóstico, la FIP propone una serie de recomendaciones para el Gobierno Nacional, orientadas a pasar de una gestión de la seguridad que reacciona ante las coyunturas a una que planea capacidades de forma permanente.
Entre las sugerencias está institucionalizar una evaluación periódica del entorno de seguridad; conectar las prioridades militares con las decisiones fiscales; establecer el costo del nivel mínimo de operación; asegurar financiación de largo plazo para la modernización; recuperar primero las capacidades que todavía pueden producir efectos; anticipar las capacidades que el país no puede permitirse perder y convertir la adaptación tecnológica en un requisito permanente.
Colombia necesita evitar que las próximas decisiones reproduzcan el mismo problema. Esto implica contar con una función permanente de planeación que conecte los cambios en el entorno de seguridad, los efectos que el Estado busca producir en los territorios, las capacidades necesarias, los recursos disponibles y el personal requerido para sostenerlas.
La discusión, además, trasciende al sector Defensa. Las decisiones sobre qué capacidades desarrollar, sostener o renovar comprometen recursos públicos, tienen efectos sobre las condiciones de seguridad de los territorios y generan obligaciones para las próximas décadas. Por ello, la Fundación plantea que el fortalecimiento de las capacidades militares debe discutirse también desde las perspectivas fiscal, territorial, social y de desarrollo.
Una conversación para pasar de la reacción a la planeación de capacidades
El lanzamiento de este documento, que se realizó el 22 de septiembre en Bogotá, reunió a representantes de las Fuerzas Militares, el Gobierno, la cooperación internacional y expertos en seguridad y defensa para discutir cómo responder a un escenario de violencia que exige nuevas capacidades y decisiones de largo plazo.
Durante la apertura, María Victoria Llorente, directora de la FIP, señaló que el propósito del documento es contribuir a una discusión de fondo sobre las capacidades que necesita el país, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. La pregunta, explicó, no debería partir de qué equipos hacen falta, sino de qué efectos de seguridad necesita producir el Estado y qué capacidades militares se requieren para alcanzarlos.
A esta reflexión se sumaron las intervenciones de Kristin Wesemann, directora de la KAS en Colombia, y Fabian Hayoz, encargado de negocios a. i. de la Embajada de Suiza. Wesemann destacó la relación entre seguridad, democracia, participación ciudadana y crecimiento económico, mientras Hayoz puso el énfasis en la necesidad de que el Estado pueda adaptarse con agilidad a un entorno de amenazas que cambia rápidamente.
La presentación del documento estuvo a cargo de Javier Mondragón, autor de la investigación, y Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP. Allí se explicó que el nuevo contexto de violencia organizada no solo se caracteriza por su intensificación y expansión territorial, sino también por la capacidad de los grupos armados para incorporar nuevas tecnologías y adaptarse con mayor rapidez. El diagnóstico plantea que esta transformación exige fortalecer distintas capacidades, desde inteligencia y movilidad hasta sostenimiento, mando y control, protección y adaptación tecnológica.
El lanzamiento cerró con el panel “De reaccionar a las coyunturas a planear capacidades de manera permanente”, que reunió al general (RA) Guillermo León, presidente de ACORE; al almirante (RA) José Joaquín Amézquita, exjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares; a Nataly Andrea Méndez Briñéz, directora técnica de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP; y a Jairo García, exviceministro de Estrategia y Planeación.
La conversación permitió abordar el desafío desde distintas perspectivas y puso en común una preocupación central: cómo pasar de decisiones condicionadas por las coyunturas a una planeación que permita definir, financiar, sostener y actualizar las capacidades que el Estado necesita en el largo plazo. En este punto, también cobró relevancia la necesidad de fortalecer el diálogo entre civiles y militares y de involucrar a las entidades responsables de las decisiones fiscales y de planeación.
El lanzamiento buscó abrir la conversación. La FIP planteó que las decisiones sobre capacidades militares no pueden reducirse a la adquisición de nuevos equipos: requieren conectar el contexto de seguridad, los resultados que se buscan en los territorios, las capacidades necesarias, los recursos disponibles y las condiciones para sostenerlas en el tiempo.