La seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda política colombiana. El presidente Abelardo de la Espriella ha recuperado la iniciativa militar, multiplicado los anuncios de operaciones contra las organizaciones armadas y convertido la lucha contra el crimen en una de las principales banderas de su Gobierno.
Sin embargo, cien días después de su llegada al poder, la distancia entre el discurso de autoridad y la recuperación efectiva de los territorios sigue siendo considerable. Esa es la principal conclusión de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su balance sobre los primeros meses de la nueva administración: Colombia tiene un Gobierno que volvió a hablar de seguridad, pero todavía no cuenta con una estrategia que garantice que esa ofensiva se traduzca en menos poder para las estructuras criminales y mayor protección para la población.
Diez ideas clave para entender los primeros cien días
La ofensiva militar se intensificó, pero no comenzó con este Gobierno. Parte de la iniciativa —los bombardeos, la persecución de objetivos de alto valor y la interdicción— venía del último tramo de la administración Petro.
La visibilidad de los operativos no equivale a control territorial. Las capturas y los despliegues deben medirse por sus efectos sobre las estructuras criminales y la protección de la población.
El diagnóstico oficial se queda corto frente a la transformación del crimen. Las organizaciones armadas ya no dependen únicamente de la coca: combinan extorsión, minería ilegal, tráfico de migrantes, apropiación de tierras y captura de rentas públicas.
La legitimidad es una condición de eficacia. La confianza de las comunidades y el respeto por las reglas democráticas son fundamentales para obtener inteligencia y sostener las operaciones.
Las promesas superan las capacidades del Estado. El plan de choque de 90 días no cumplió sus principales metas y la Fuerza Pública tiene disponible apenas el 46 % de sus capacidades.
Hace falta más política criminal, no solamente más Fuerza Pública. La investigación, la judicialización, la inteligencia financiera y el control de las cárceles son indispensables para desmantelar las organizaciones.
La política de drogas no tiene todavía una hoja de ruta integral. La aspersión enfrenta obstáculos judiciales, la sustitución sigue sin definiciones y las incautaciones de cocaína disminuyeron un 6 %.
La recuperación territorial necesita instituciones civiles. Las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres) todavía no tienen reglas ni metas públicas y no se observa una articulación suficiente entre la ofensiva militar, la justicia y la inversión social.
La cooperación internacional ofrece recursos, pero también puede generar dependencias. La alianza con Estados Unidos abre oportunidades tecnológicas y de inteligencia, aunque implica el riesgo de importar un enfoque que no corresponde a la realidad colombiana.
El éxito debe medirse por la pérdida de poder de los grupos armados. Más que contar capturas, bajas, hectáreas erradicadas o toneladas incautadas, el Gobierno debe demostrar que reduce las rentas criminales, protege a las comunidades y recupera la capacidad de gobernar los territorios.
¿Qué está ocurriendo?
Uno de los problemas centrales es que el diagnóstico oficial no parece haber evolucionado al mismo ritmo que las organizaciones que pretende combatir. La política de la nueva administración parte de una premisa: el narcotráfico y los grupos armados conforman una misma amenaza, enmarcada en la noción de narcoterrorismo, y la cocaína es la fuente de las distintas formas de violencia. Esa lectura, advierte la FIP, simplifica un fenómeno que hoy desborda los cultivos ilícitos y las estructuras jerárquicas que dominaron el conflicto colombiano durante décadas.
Los grupos armados funcionan cada vez más como redes fragmentadas e híbridas. Además de controlar corredores y disputar territorios, regulan la vida cotidiana de las comunidades, cobran extorsiones, participan en la minería ilegal, trafican migrantes, se apropian de tierras y capturan recursos públicos. Sus ingresos y formas de ejercer poder no dependen exclusivamente de la coca. Por eso, la caída de un cabecilla o la destrucción de un laboratorio pueden representar un resultado operativo importante sin que necesariamente se desmonte la organización. En algunos casos, incluso, la fragmentación de una estructura puede abrir nuevas disputas y multiplicar la violencia.
La FIP reconoce que el Gobierno ha recuperado la iniciativa de la Fuerza Pública y que esa decisión responde a una demanda ciudadana. Pero advierte que una operación no equivale a recuperar el control de un territorio. Los despliegues urbanos, como la operación Iron en Cali, Blindaje 360 en Barranquilla o Kratos en Bogotá, envían un mensaje de autoridad y muestran capacidad de reacción. El problema aparece cuando el éxito se mide por el número de capturas o por la exposición mediática de los operativos, y no por sus consecuencias: cuántos detenidos terminan condenados, qué rentas criminales se interrumpen, cuánto tarda una banda en recomponerse y si la población queda efectivamente más protegida.
Para la FIP, el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado. La exhibición de cuerpos de personas abatidas, la confrontación pública con detenidos y la presencia del mandatario en operativos pueden producir réditos políticos inmediatos, pero desplazan a las instituciones encargadas de conducir la seguridad y abren flancos jurídicos y de legitimidad. El liderazgo presidencial es necesario; el protagonismo personal, en cambio, puede debilitar a las instituciones que deberían sostener la política.
A esa distancia entre discurso y resultados se suma una limitación material: las capacidades del Estado. El plan de choque de 90 días de De la Espriella prometió recuperar el control total del territorio, capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor y fumigar 330.000 hectáreas de coca. Ninguna de esas metas se cumplió. La FIP señala que las Fuerzas Militares tienen disponible apenas el 46 % de sus capacidades y que el Gobierno enfrenta una restricción fiscal severa. En esas condiciones, anunciar nuevas cárceles de máxima seguridad o una estrategia de reclusión marítima obliga a preguntarse si esos recursos no tendrían un mayor impacto en el mantenimiento de aeronaves, la movilidad fluvial, las contramedidas contra drones o la investigación criminal.
La paradoja es que la ofensiva militar no está acompañada por un fortalecimiento equivalente de la política criminal. La extorsión, el secuestro urbano, el microtráfico y las redes financieras de las organizaciones no se desmantelan únicamente con tropas. Requieren investigación, inteligencia financiera, coordinación con la Fiscalía, extinción de dominio y un sistema penitenciario que no siga funcionando como centro de operaciones de las estructuras criminales.
La FIP no identifica, en estos primeros cien días, un plan suficientemente definido para perseguir las finanzas ilegales ni para articular a entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con la justicia. La nueva ley de sometimiento puede abrir una vía para el desmantelamiento de organizaciones, pero su eficacia dependerá de que el Estado tenga capacidad real para investigar, capturar y condenar. La reducción del 37 % del presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entidad que tendría un papel en el tránsito a la legalidad, plantea una contradicción adicional.
Un balance desigual de la seguridad
Las cifras disponibles muestran un panorama mixto. La FIP compara los registros de enero a septiembre de 2025 y 2026. Para la Fundación, estos datos no permiten medir el impacto del nuevo Gobierno: buena parte del periodo corresponde a la administración anterior y las variaciones pueden responder a dinámicas regionales, decisiones de los grupos armados o tendencias que venían de tiempo atrás. Por eso, la constrastación de cifras examina por separado el periodo agosto-septiembre de 2026, los dos primeros meses de la administración De la Espriella
Entre enero y septiembre, los homicidios aumentaron un 1,5 %: pasaron de 10.280 a 10.434 casos. La tasa también subió ligeramente, un 0,8 %. No obstante, al comparar agosto y septiembre de 2025 con los mismos meses de 2026, los homicidios disminuyeron un 10,6 %. La tendencia nacional esconde diferencias territoriales: en ese último periodo (ya con De la Espriella en el poder) se registraron aumentos en Putumayo (207,7 %), Chocó (65,2 %) y Caquetá (58,8 %), mientras que Arauca y Cauca tuvieron reducciones del 55,9 % y el 40,5 %, respectivamente.
Otros indicadores muestran descensos importantes en lo corrido del año. Los secuestros pasaron de 541 a 332 entre enero y septiembre, una reducción del 38,6 %. Los desplazamientos individuales disminuyeron un 59,3 %, mientras que los ataques contra la Fuerza Pública cayeron un 28,6 % y los ataques a infraestructura y bienes civiles, un 34,8 %. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales se redujeron casi a la mitad: un 46,7 %. También bajaron los confinamientos, un 29,5 %.
Pero no todas las cifras apuntan en la misma dirección. Los desplazamientos masivos aumentaron un 5,7 % y los ataques con drones crecieron un 95,8 %: pasaron de 165 a 323 en los primeros nueve meses del año. La tendencia es todavía más marcada en los dos primeros meses del nuevo Gobierno, cuando estos ataques aumentaron un 132,5 % frente al mismo periodo de 2025. La FIP advierte que los drones se han convertido en una herramienta cada vez más eficiente para golpear a la Fuerza Pública y a organizaciones rivales, y que el Estado todavía no logra contrarrestar esa ventaja tecnológica.
La comparación de agosto y septiembre también deja señales de alerta. Aunque los homicidios bajaron, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron un 44,4 % y los confinamientos, un 37,5 % en los primeros meses del gobierno actual. Los secuestros disminuyeron un 66,3 % y los enfrentamientos, un 61,9 %. Esta combinación confirma, según el análisis, que la reducción de algunas expresiones de violencia no necesariamente significa que los grupos armados hayan perdido capacidad de control o influencia.
La FIP plantea varias hipótesis para explicar esos cambios. La disminución de enfrentamientos, por ejemplo, puede estar relacionada con transformaciones en las disputas regionales, el debilitamiento de algunas estructuras, el calendario electoral o la preferencia por ataques con drones en lugar de choques directos. En Norte de Santander, los enfrentamientos pasaron de 20 a 10; en el norte del Cauca, de 24 a cinco. Pero la confrontación continúa en otras zonas, como el norte de Antioquia. En otras palabras, menos combates no necesariamente significan menos control armado.
La preocupación de fondo es que las organizaciones criminales siguen ampliando sus capacidades. Según cifras del Ministerio de Defensa, los grupos armados organizados suman cerca de 29.000 integrantes, entre personas en armas y redes de apoyo. Ese número representa un crecimiento del 120 % frente a hace cinco años. Su influencia también se extiende sobre corredores de movilidad, economías ilegales y autoridades locales. En octubre de 2026, tras la llegada de De la Espriella a la Presidencia, el país registraba 13 núcleos de disputa entre organizaciones armadas, el mismo número que al cierre del Gobierno pasado,
La política de drogas, entre anuncios y parálisis
La distancia entre las promesas y la gestión también aparece en la política de drogas. Durante la campaña, el narcotráfico fue uno de los ejes del discurso de De la Espriella. En los primeros cien días, sin embargo, la FIP no encuentra una estrategia integral que permita establecer cómo se reducirá de manera sostenida la producción y el tráfico de drogas.
La apuesta por la aspersión aérea enfrenta obstáculos jurídicos y operativos. El piloto con glufosinato de amonio previsto para Putumayo fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo del departamento, después de que se acumularan diez acciones de tutela relacionadas con los posibles riesgos ambientales y sanitarios. La eventual reactivación de la fumigación con glifosato tampoco es automática: la jurisprudencia constitucional exige un proceso decisorio independiente, participativo y respaldado por evidencia científica sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente.
Mientras tanto, cerca de 80.000 familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y a RenHacemos siguen sin claridad sobre el futuro de esos programas. La FIP advierte que la falta de decisiones puede poner en riesgo las inversiones realizadas y aumentar la probabilidad de resiembra en unas 15.000 hectáreas erradicadas entre 2025 y 2026. A esto se suma que las incautaciones de cocaína bajaron un 6 % frente a 2025 y que el último censo disponible registra cerca de 261.000 hectáreas de coca en el país.
La misma preocupación atraviesa la apuesta territorial del Gobierno. Las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres), concebidas para concentrar la acción militar y policial en zonas estratégicas, todavía no tienen reglamentación, criterios públicos de selección ni metas conocidas. Tampoco se observa una articulación clara entre esos instrumentos y la oferta de justicia, servicios públicos y desarrollo económico. La FIP recuerda que Colombia ya ha vivido ciclos en los que llega la Fuerza Pública, disminuye temporalmente la violencia y, ante la ausencia del resto del Estado, los grupos armados regresan.
El cierre de la Paz Total y el reemplazo de la negociación política por el sometimiento a la justicia constituyen otro cambio de fondo. La Fundación considera legítimo que el Gobierno revise los procesos heredados, pero advierte sobre los riesgos de una salida sin transición para los grupos que estaban en zonas temporales de ubicación, como los 99 integrantes de los Comandos de la Frontera en Valle del Guamuez. También cuestiona aspectos del proyecto de Estatuto Antiterrorista por la amplitud de su definición de terrorismo y los riesgos de incluir organizaciones en registros administrativos sin garantías suficientes de debido proceso.
El balance de la Fundación no es, por tanto, una defensa de la política de seguridad anterior ni una negación de la necesidad de una ofensiva contra los grupos armados. Es una advertencia sobre sus límites. La iniciativa militar puede abrir espacio para que el Estado recupere territorios, pero no sustituye la justicia, la política criminal ni la transformación de las economías que financian a las organizaciones. El desafío de De la Espriella no consiste solamente en demostrar que está dispuesto a combatirlas, sino en construir una estrategia capaz de sostener los resultados cuando terminen los operativos y las cámaras se retiren.
La FIP reitera su disposición a aportar evidencia, análisis y diálogo para que estos ajustes sean posibles. Una estrategia de seguridad eficaz no es patrimonio de un gobierno ni de una orilla política. Es una condición para que los ciudadanos puedan vivir con libertad dentro de las reglas democráticas. Ese debería ser, al final, el indicador que importa.