Hoy la academia es crítica del prohibicionismo. Falta articulación regional, dicen expertos.
Luego de poner sobre la mesa la discusión del espinoso tema de las drogas en la Cumbre de las Américas en Cartagena, y de que Uruguay ha dado un paso más adelante proponiendo distribuir legalmente la marihuana, es claro que existen vientos de cambio en América Latina y que el tabú sobre la legalización ha venido desvaneciéndose.
Por eso, durante dos días y por primera vez en Colombia, 13 expertos internacionales y 16 nacionales se reunieron en la Universidad de los Andes para debatir sobre el régimen internacional de prohibición y sobre la necesidad de pensar en políticas más humanas y democráticas que tengan en cuenta el abuso, pero también los consumidores ocasionales y las propias políticas de control. “Todo esto podría generar paradigmas hacia un modelo regulatorio, que evite el sufrimiento innecesario que hoy producen las políticas vigentes”, dijo Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia.
Ese fue el debate central de La primera conferencia colombiana sobre políticas de drogas, una iniciativa conjunta
de la Fundación Ideas para la Paz, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED, de la Universidad de los Andes.
Durante la reunión de expertos se trataron temas como la recomposición de la producción de drogas, el desarrollo diferenciado de los cultivos ilícitos -como el caso de Bolivia- las políticas relacionadas con la oferta y la demanda y las precariedades de las políticas públicas en América Latina. Se analizó también las relaciones entre droga y violencia y qué hacer frente al drama que generan las políticas contra las drogas en la región.
El debate se enmarcó en torno a la prohibición y en la validez que ostenta como política pública frente a las sustancias psicoactivas ilegales. Por eso, una de las principales conclusiones frente a la llamada guerra contra las drogas, es que no existen datos concluyentes. “Seguimos teniendo una enorme precariedad de datos, por ejemplo, sobre la extinción de cultivos ilícitos y la productividad de una hectárea de coca. No tenemos certeza de cómo los Estados Unidos y otras organizaciones nos calculan, lo que ha generado un enorme problema para desarrollar políticas racionales frente a las drogas”, dijo uno de los expertos colombianos.
Para los académicos, esa política de prohibición está fundada en que todo consumidor de drogas ilegales siempre se convierte en un adicto, algo en lo que no creen. “La evidencia explica que entre las sustancias activas ilegales y las legales, como el alcohol y el tabaco, hay un espacio donde está el consumidor ocasional”, dijo Augusto Pérez, una de las personas que más ha estudiado el fenómeno de la drogadicción en Colombia. En Bogotá, por ejemplo, según una encuesta de uso de sustancias psicoactivas, entre 10 y 15 mil personas tendrían problemas de adicción.
A lo anterior se suma, dicen los académicos, lo extremadamente costosa que ha resultado la prohibición. Así lo demuestran varios de los estudios presentados por economistas durante el encuentro, que evidenciaron que el intento de reducir la oferta controlando los cultivos ilícitos por medio de la aspersión o la erradicación forzosa, era extremadamente alto y también volátil. “El Plan Colombia surgió como un plan antidrogas y fue positivo en términos de seguridad al fortalecer la presencia del Estado en ciertas regiones, pero si se mide por los resultados para suprimir o reducir la oferta, es un fracaso total”, coincidieron los expertos.
Augusto Pérez también insistió en que en Colombia no existe una política integral para enfrentar el problema de abuso de sustancias psicoactivas y que el tratamiento es inmensamente deficitario. “Son insuficientes frente al problema de la violencia y la corrupción que genera la economía ilícita del narcotráfico”, dijo.
Los expertos defendieron una idea de políticas de regularización, “no de libre mercado de las drogas, sino de regularización de la oferta y distribución de sustancias para arrebatarle el mercado ilícito a las organizaciones criminales”, explicó Uprimny.
Sobre la gran pregunta de cómo avanzar hacia esas nuevas políticas públicas, más humanas y más democráticas, los expertos se mostraron escépticos sobre el proceso que adelanta la CICAD -Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA- a la cual se encomendó hacer un análisis de las políticas actuales durante la Cumbre de las Américas, para que de ahí surja la posibilidad de políticas públicas alternativas.
Según los académicos, el debate que propone la CICAD es limitado ya que está asociado a la política de la prohibición. De ahí la importancia de hacer evaluaciones independientes, académicas y alternativas a las políticas existentes. Afirman que el temor a que se dispare el consumo por políticas alternativas es injustificado.
En la conferencia también participaron el procurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Cesar Gaviria, quienes representan las dos caras de la moneda. Ordóñez que apoya el prohibicionismo, propuso acudir a una constituyente o a un referendo para modificar esta política prohibicionista. Insistió en que el cambio tiene que hacerse “de cara al país”. Por su parte, Gaviria afirmó que ya es tiempo de que Colombia junto con otros países de Latinoamérica busquen “un camino autónomo” de Estados Unidos. "Es tiempo que nos descolonicemos el pensamiento", dijo.
Entrevistas con los participantes:
- Política de Drogas: ‘A revalorar prioridades’, dice el mexicano Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad, refiriéndose a se debe luchar contra la violencia y no contra el narcotráfico.
- 'Uruguay quiere un cambio', dice el uruguayo Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas, con relación al proyecto para que el Estado controle el mercado de cannabis y las medidas que han tomado contra la violencia.
- 'Que más gente use marihuana no es el problema', dice el norteamericano Ethan Nadelmann, director del Drug Policy.
- 'En el debate de drogas hay que tener coraje', dice Ilona Szabo de Brasil, coordinadora de la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas y secretaria de la Comisión Latinoamericana. Para ella, Santos tiene un papel clave en el debate.
- Procurador General propone referendo sobre tema de legalización de drogas en Colombia.
- Que el pueblo decida política antidrogas, propone el Procurador.
Lea además:
- ‘Narcotráfico y crimen organizado en las Américas: principales tendencias en el siglo XIX’, un estudio de Bruce Bagley, experto en estudios internacionales del a Universidad de Miami.