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Noticias / 1 de septiembre de 2022 / Tiempo de lectura: 8 min.

Memorando conjunto al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas

La FIP y varias organizaciones nos unimos con el ánimo de plantear recomendaciones al Gobierno de Gustavo Petro para el corto, mediano y el largo plazo. Urge una estrategia coherente de comunicación.

Cultivos de coca en Tumaco
Cultivos de coca en Tumaco © Colprensa
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Varias organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajamos en temas relacionados con la política de drogas, celebramos el ánimo reformista que ha expresado el Gobierno en este sector.

Por eso, en este documento planteamos recomendaciones que complementan los anuncios del Gobierno para promover acciones que salven vidas en Colombia, para gestionar los riesgos relacionados con las sustancias psicoactivas y para reducir los daños asociados al consumo y a la producción de drogas.

Las recomendaciones se organizaron por horizonte de tiempo en función de las prioridades del sector y de las posibilidades legales e institucionales para implementar los cambios deseados a la política de drogas.

Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. Por lo tanto, identificamos acciones para los primeros 100 días de gobierno, los primeros seis meses, el mediano y el largo plazo, con la intención de organizar de manera estratégica las acciones.

Acciones para los primeros 100 días de gobierno

Institucionalidad

  • Crear una dirección de capacidades productivas y generación de ingresos en zonas productoras de coca, cannabis y amapola en el viceministerio de desarrollo rural, una dirección de reducción de daños en el viceministerio de salud pública y prestación de servicios, y una dirección sectorial de política de drogas en la subdirección general de prospectiva y desarrollo nacional en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), acompañadas de la elevación a dirección de política de drogas en el viceministerio de asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La nueva política de drogas necesita una institucionalidad robusta, con recursos y con capacidad de interlocución ministerial de alto nivel. Por ahora, la dirección de drogas del Ministerio de Justicia debe fortalecerse y todos los ministerios articularse en el Consejo Nacional de Estupefacientes bajo el liderazgo del Presidente de la República y su Ministro de Justicia. La política de drogas requiere de liderazgo y articulación interinstitucional, por lo que recomendamos delegar estas funciones en la dirección sectorial del DNP de manera transitoria mientras se reforma el Estatuto Nacional de Estupefacientes como se propone más adelante.

  • Promover la regulación del uso adulto del cannabis con una reglamentación a favor de los agricultores indígenas y campesinos. El Gobierno debe organizar las iniciativas legislativas que va a apoyar y definir una narrativa consistente para que los dos principales proyectos de ley y acto legislativo (Gustavo Bolívar y Juan Carlos Losada, respectivamente) para la regulación del cannabis para uso adulto, sean tramitados en simultánea y logren su aprobación en el menor tiempo posible.

  • Reactivar desde el Ejecutivo la alianza de congresistas comprometidos con una reforma a la política de drogas para combinar iniciativas en curso y establecer una hoja de ruta. Impulsar la reforma al Artículo 49 de la Constitución, eliminando la frase “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Es necesario reformar este artículo para cualquier iniciativa legislativa orientada a regular alguna sustancia psicoactiva.

  • Dejar sin efectos el Decreto 380 de 2021, por medio del cual se reguló el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

  • Reunir prioritariamente al Consejo Nacional de Estupefacientes, como órgano rector de la política de drogas en cabeza del Presidente, para definir la estrategia nacional de reforma que incluya los cambios institucionales de corto plazo, lograr un alto nivel de coordinación, articulación y complementariedad institucional, definir la hoja de ruta para un nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes, el establecimiento y reforma de los métodos de erradicación, y el fortalecimiento de la generación de evidencia en el Observatorio de Drogas de Colombia.

  • Revisar los mecanismos actuales de aprobación de productos étnicos, incluyendo los basados en hoja de coca, y que actualmente revisa el INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) y el ICA. Para esto es necesario evaluar la conveniencia de crear una nueva ruta en estas entidades incluyendo la participación de las organizaciones étnicas.

Relaciones exteriores

  • Iniciar una negociación diplomática inmediata con Estados Unidos en cabeza de la Cancillería y del Embajador de Colombia para revisar la meta de reducción de cultivos de coca a 50% al 2023, objetivo que puede afectar la certificación si no se cumple. La negociación debe estar orientada a evitar la expansión y reducir los cultivos en zonas ambientalmente estratégicas, en territorios colectivos de comunidades étnicas y parques nacionales, que son coherentes con los recientes lineamientos de la Casa Blanca, y a plantear nuevos indicadores de seguimiento. Esta negociación debe realizarse pronto teniendo en cuenta el posible cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos.

  • Establecer relaciones con los estados de Estados Unidos que han regulado el cannabis y otras sustancias para recoger aprendizajes del mercado y del enfoque de salud pública.

Transformación territorial

Definir la continuidad, ajustes y alcances del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) en articulación con los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) e incluir aprendizajes de los seis años de su implementación. Los principales ajustes que se recomiendan son:

  1. Retomar las instancias de participación institucionalizadas con comunidades campesinas y étnicas para determinar nuevas necesidades y recuperar confianza hacia la actuación del Estado. Para lograr los ajustes que requiere el Programa, recomendamos al Gobierno Nacional poner en marcha y financiar las instancias de participación del Pnis creadas a partir del Decreto 362 de 2018.

  2. Aplicar la gradualidad o la reducción gradual de los cultivos de uso ilícito de acuerdo con la secuencia correcta de actividades o componentes acordados en el programa.

  3. Desarrollar acuerdos inmediatos de contención de cultivos de uso ilícito basados en el monitoreo comunitario, lo cual debe ser atendido por la institucionalidad de paz a partir de los compromisos de los Diálogos Regionales Vinculantes.

  4. Implementar las medidas de la CEV orientadas a desmilitarizar la relación con las comunidades cultivadoras. Implementar análisis de contexto e identificar situaciones de riesgo con la Fuerza Pública para garantizar la protección de los líderes sociales y comunidades.

  5. Para los nuevos acuerdos de contención se debe definir un enfoque integral articulado con los Pdet. Diseñar las intervenciones orientadas a la transformación territorial en vez de beneficios individuales por hogares.

  6. Incluir la formalización de la tierra en las intervenciones orientadas a la sustitución, que han demostrado ser efectivas para controlar la expansión de los cultivos de coca.

  7. Focalizar el programa donde el principal objetivo a corto plazo sea la contención de la expansión de cultivos en zonas ambientalmente estratégicas y territorios étnicos y, a mediano plazo, el tránsito a una economía sostenible que conserve estos territorios.

  8. Concertar los contratos de uso del suelo, acuerdos de conservación u otras figuras dirigidas a la conservación ambiental a través de las instancias de participación diseñadas en el Pnis y con el acompañamiento de la institucionalidad ambiental.

  9. Incluir proyectos productivos que promuevan el desarrollo del mercado para usos alternativos de la hoja de coca.

Salud pública y convivencia

  • Derogar el Decreto 1844 de 2018 que clasifica la tenencia o porte de sustancias como la marihuana, la cocaína, entre otras, como comportamientos contrarios a la convivencia.

  • Promover la implementación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 aprobado por la Resolución No. 1035 de 2022 desde el Ministerio de Salud, que incluye el uso de drogas como un evento de interés en salud pública y la reducción de daños como uno de sus ejes.

  • Permitir el uso nacional de la flor seca de grado medicinal como producto fitoterapéutico, modificando el artículo 2.8.11.32 del Decreto 613 de 2017 para avanzar en el acceso de los pacientes en Colombia al cannabis medicinal. Avanzar en la vinculación de pequeños cultivadores (Ley 1787, Artículo 3, Parágrafo 6) a la industria y fortalecer la obligación del Estado de establecer servicios de evaluación de la cadena de producción. Implementar el Decreto 811 de 2021 que permite la exportación de la flor seca de cannabis medicinal, y expedir el decreto reglamentario que permita la producción de alimentos y bebidas a base de CBD.

Política criminal

  • Convocar al Consejo Nacional de Política Criminal para asesorar las reformas legales para racionalizar el uso de la prisión y promover las alternativas al encarcelamiento para los delitos menores no violentos de drogas.

  • Orientar desde el Ministerio de Justicia los posibles beneficios administrativos y penitenciarios que tendrían personas condenadas por delitos menores asociados con drogas. Implementarlos inmediatamente teniendo en cuenta que la única limitación son las demoras en el proceso.

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