COMUNICADO DE PRENSA
En 2022, y motivados por el liderazgo técnico y político que ha tenido Colombia en promover debates para una política de drogas basada en los derechos humanos y la salud pública, un grupo de organizaciones de la sociedad civil[1], lideradas por la Corporación Acción Técnica Social (ATS), postulamos a Colombia como sede de la Conferencia internacional de Reducción de Daños -HRI25 por sus siglas en inglés-. En marzo de 2024 se anunció a Bogotá como la sede de la 28ava edición de la conferencia, momento para el cuál el país continuaba consolidando su liderazgo en la reforma global a las políticas de drogas, particularmente con el papel de la Embajada de Colombia en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena y a nivel nacional con la formulación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033: "Sembrando vida, desterramos el narcotráfico", que atiende lo establecido en la Ley 2294 de 2023 de Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
Incluso antes de realizarse, esta conferencia, que tendrá lugar del 27 al 30 de abril de 2025, ya tenemos logros que empiezan a convertirse en el legado que dejará la conferencia. Ya representa una oportunidad para visibilizar y discutir los avances y esfuerzos que desde la sociedad civil colombiana hemos impulsado. Se trata de destacar las maneras propias, innovadoras y efectivas que han surgido en el país para abordar el fenómeno del consumo de drogas desde enfoques comunitarios y diferentes a los tradicionales. Es una apuesta por correr el velo monotemático de la cocaína y la guerra contra los carteles que no deja ver otras propuestas. Este evento pone a Colombia en el mapa global y con ello, el diálogo nacional e internacional sobre la reducción de daños y reconociendo los valiosos aportes que emergen desde múltiples actores.
Partimos de reconocer que la reducción de daños es un enfoque complejo, pues parte de la premisa misma de ver al ser humano en su totalidad y que tienen impacto en múltiples dimensiones de la vida de las personas, incluyendo su en salud física y mental, pero también contempla aspectos fundamentales como la situación económica, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda digna, participación ciudadana, no discriminación y la existencia de redes de apoyo, entre otras. La reducción de riesgos y daños es un enfoque amplio que busca disminuir los efectos negativos sociales, económicos y de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas, pero también los efectos negativos del prohibicionismo.
Este enfoque se ha consolidado también como un movimiento por la justicia social basado en el respeto a los derechos humanos y en la dignidad de las personas que usan drogas. Es también un enfoque participativo y multisectorial en el que interactúan diversos actores como el Estado, la sociedad civil, profesionales de la salud, organizaciones y redes comunitarias, y especialmente las personas usuarias de drogas no sólo como beneficiarias de servicios sino como agentes sociales activos.
Reconocemos también el apoyo del Estado colombiano, apoyando la implementación de servicios de reducción de daños a nivel nacional y local, así como los esfuerzos del actual gobierno por comprender que la reducción de daños requiere un despliegue robusto y coordinado del Estado en su conjunto (gobierno nacional y territorial). Esto, por la visión misma de la reducción de daños, implica la conjunción de los enfoques sanitario, social y comunitario. Como sociedad civil, vemos el momento actual y la oportunidad que plantea la Conferencia como un punto de inflexión donde es crucial consolidar los avances que tenemos como país, así como también crear condiciones para ampliar la cobertura, mejorar la calidad, y garantizar la sostenibilidad de los servicios. Para ese fin, se requiere mejorar, sostener y garantizar la financiación, motivar y capacitar al personal de los entes territoriales, y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en reducción de daños.
Esperamos que esta sea una oportunidad para que el actual gobierno de Colombia asegure con presupuesto y normatividad las buenas intenciones plasmadas en los discursos y la Política Nacional de Drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023 – 2033”, que hasta ahora no se han visto materializadas. Esperamos anuncios concretos que marquen un antes y un después de la conferencia en materia de política de drogas para Colombia. Consideramos que este punto de inflexión plantea tres oportunidades prioritarias.
La primera oportunidad es sobre financiamiento, que ha dependido de manera desproporcionada de recursos de cooperación y que en cualquier momento pueden cesar, más en el momento actual donde la cooperación internacional global para la respuesta en salud pública a VIH y demás, está poniendo en riesgo a millones de personas en el mundo. Debe existir una fuente constante de recursos, no solo de salud pública, sino de bienestar, desarrollo y protección social para hacer posible un abordaje completo que atienda todas las áreas necesarias y haga realidad los derechos de las personas usuarias de drogas. Las intermitencias en el financiamiento conducen a interrupciones de los servicios de reducción de daños, que a su vez plantea enormes riesgos a la salud y vida de las personas que usan drogas. Todo este panorama hace urgente que Colombia dé señales concretas de soberanía y sostenibilidad presupuestal para la reducción de daños que permanezcan en el tiempo.
La segunda oportunidad es sobre el modelo de reducción de daños, que necesariamente debe construirse sobre la trayectoria misma del país, con la centralidad del trabajo en red y la esencia comunitaria. Esperamos que el gobierno nacional, en su necesaria tarea por regular y resolver los vacíos presupuestales y normativos para la reducción de daños, no termine complejizando o estandarizando el acceso a los derechos. En particular nos preocupa que haya un tránsito hacia un modelo exclusivamente médico, donde las acciones de reducción de daños quedarían en manos de los hospitales, corriendo el riesgo de crear barreras y distanciar a las personas de los servicios, además de poco espacio para la diversificación de modelos. Por eso es importante asegurar que las organizaciones de base y los pares sigan liderando estas acciones desde la lógica de trabajo en red. La experiencia colombiana de más de dos décadas es un activo importante que debe defenderse y fortalecerse.
En tercer lugar, queremos insistir en una reforma a los sistemas de información, seguimiento y evaluación que permitan una mejor toma de decisiones en política pública, en particular una reforma estructural del Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia, cuyas investigaciones, actuaciones, informes y publicaciones tardan demasiado en ser publicadas, perdiendo el sentido y la esencia de lo “temprano” y de la función de anticiparse y prevenir. La sociedad civil sigue con el compromiso de acelerar los procesos y dar a conocer potenciales riesgos químicos y de prácticas de consumo, esfuerzos que se ven opacados por la tardía divulgación, que lleva a perder oportunidades para salvar vidas, dinero, recursos e impacto, porque cuando se publican la realidad del territorio ha cambiado.
A nivel general, y más allá de la reducción de daños, Colombia y este gobierno en particular, están en mora de dejar un legado histórico para el país, haciendo reales las promesas del fin de políticas dañinas de la guerra contra las drogas, y hacia políticas que protejan la vida. Esperamos que el gobierno nacional haga cambios importantes en la diversificación del balance presupuestal para la política de drogas y deje de invertir la mayor parte del dinero en acciones de demostrado bajo impacto, que pueden suponer daño para las personas y el medio ambiente, y destine más recursos a la prevención, reducción de daños, atención e investigación. Aspiramos a que este presupuesto llegue al menos al 20%, ya que hoy no supera el 5% lo destinado a temas de consumo mientras que el 95% se destina a actividades de control e interdicción como parte de la guerra contra las drogas.
Queremos que esta Conferencia le deje un legado al país y al movimiento, que nos garantice no retroceder en los avances logrados hasta ahora en materia de políticas públicas, libertades individuales y derechos. Que el Gobierno nacional garantice el presupuesto para el cumplimiento del Plan de Acción de la Política de Drogas, el apoyo definitivo para lograr la aprobación del proyecto de ley de reducción de daños y el de regulación del mercado del cannabis. Todo esto, porque no hay mejor reducción de daños de amplio espectro que la regulación de los mercados de drogas.
Esperamos que nuestro legado también sea imprimir un sello latinomericano a la reducción de daños, marcado por el enfoque comunitario, interseccional y con participación plena de las personas usuarias, reconociendo la importancia de las diversidades territoriales, étnicas, de género y culturales en las formas de relacionarse con las sustancias psicoactivas, con movilización social, que impulse el cambio de narrativas, la reducción del estigma, así como la incidencia política y normativa. Queremos que Colombia sea un referente latinoamericano y mundial en materia de innovación en reforma de política de drogas y el amplio espectro de la reducción de daños, que permita la inclusión social de las personas que usan sustancias y sus comunidades.
Les esperamos en la Conferencia Internacional de Reducción de Daños, sigan las redes sociales de la conferencia y de las organizaciones que participamos en ella, así como la transmisión por RTVC de muchas de las conversaciones y las plenarias. Unas semanas después de la conferencia estaremos comunicando nuestro balance y los planes a seguir.
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