A finales de 2022, cuando se expidió la Ley 2272 (o Ley de Paz Total), salió a la luz una figura clave para las apuestas de diálogo con grupos armados que lidera el Gobierno Petro.
Se trata de las Regiones de Paz, áreas que geográficamente no siguen la división político-administrativa tradicional y que han sido afectadas por el conflicto y la poca presencia institucional. Allí, según planteó el Gobierno, se podrían adelantar negociaciones con estructuras ilegales y se priorizarían intervenciones estatales.
Luego de casi tres años, esa figura sigue sin un marco normativo para empezar a funcionar. Sin embargo, a mediados de agosto se conoció un borrador del decreto con el que la Presidencia de la República reglamentaría las Regiones de Paz.
Para ponerlas en marcha, el texto habla de dos figuras:
- Zonas de intervención prioritaria: son las áreas concretas donde se concentrarán las acciones estatales y comunitarias, que serán definidas por la Consejería Comisionada de Paz en cabeza de Otty Patiño.
- Maquetas de Paz: son los planes de acción para cada zona priorizada. Deben incluir medidas inmediatas y concretas que fortalezcan la presencia institucional, mejoren el bienestar, garanticen derechos y cierren brechas de desigualdad.
Se multiplican las figuras de priorización territorial
Si se aprueba el borrador, el decreto que crea las Regiones de Paz saldría a menos de un año de que termine esta administración y justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías (octubre), lo que genera inquietudes, especialmente por el poco tiempo que habría para implementarlas.
Para la FIP, estamos ante la multiplicación de figuras de priorización territorial que persiguen objetivos similares.
Con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en ese mismo año las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Luego, más recientemente, se ha hablado, entre otras figuras, de los Pactos Territoriales y ahora aterrizamos a las Regiones de Paz.
No hay que olvidar que la implementación de los PDET está lejos de cumplir con la promesa de transformación territorial. Tras ocho años de implementación y con cerca de $30 billones invertidos, apenas se ha logrado iniciar la implementación de un poco más del 45% de las 33.007 iniciativas, según datos del último informe del Instituto Kroc.
El actual director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, ha advertido que se necesitarán más del doble del tiempo y de los recursos inicialmente previstos para implementar los PDET. Si bien se han dado pasos en estos programas, recobrar la confianza ciudadana en que las grandes transformaciones sí llegarán sigue siendo una tarea en construcción.
“¿Cómo se garantizará que las nuevas instancias se articulen con las que ya existen (PDET, PNIS, entre otras), evitando confusión y dispersión de esfuerzos en los territorios?”, se pregunta Felipe Zarama, investigador del área de Construcción de Paz de la FIP.
El Gobierno Nacional espera que las Regiones de Paz sean el soporte territorial para los acuerdos que se vayan logrando en las mesas de negociación de la Paz Total, pero lo cierto es que solo algunas avanzan, muy lentamente, con fragmentaciones y crisis recurrentes. “¿Qué tan probable es que las Regiones de Paz aceleren procesos que muestran poca madurez y se articulen con las mesas de diálogo?”, añade Zarama.
El corazón operativo de estas regiones serán las Maquetas de Paz, pero la FIP cuestiona si su diseño e implementación buscan solo mostrar resultados rápidos o si realmente apuntan a una transformación territorial de largo plazo.
Para la FIP, a medida que se acerca el final del gobierno, la prioridad de la política de Paz Total parece centrarse en mostrar resultados rápidos, incluso firmando acuerdos sin claridad sobre su sustento jurídico e implementación.